Cuando está próximo a cumplirse un año de la crisis social que se desató el sábado 19 de octubre en la zona, con una escalada de incendios, saqueos y destrucción, y posteriores manifestaciones masivas de protesta, principalmente contra la inequidad y las deterioradas condiciones de vida de importante sectores de la población, ocho protagonistas de distintos ámbitos de la vida regional esbozan su visión acerca de la realidad local y reflexionan acerca de los cambios que observan desde sus respectivas áreas.

Fueron semanas dramáticas tras las cuales el catastro de la Intendencia Regional registró 634 establecimientos afectados, 367 locales saqueados, 370 dañados o incendiados y 62 con incendios estructurales totales, con pérdidas estimadas en 150 a 200 millones de dólares sólo en el sector privado, aparte de lo cual en el periodo diciembre 2019-marzo 2020, plena temporada turística, el desempleo en la región aumentó 2,5 puntos, como lo consigna el intendente Jorge Martínez en nota aparte.

Un informe que no considera infraestructura, mobiliario ni bienes públicos afectados, como fue el caso de Metro Valparaíso, que sufrió ataques en las estaciones de Viña del Mar, Miramar, Quilpué y Bellavista -esta última con daño total- y pérdidas que superaron los $650 millones, como indica su presidente, Francisco Bartolucci, quien no obstante valora que se haya logrado mantener la continuidad operacional desde el 21 de octubre en adelante, con la excepción de Bellavista que reabrió en diciembre.

En su cuenta pública, la fiscal regional, Claudia Perivancich, expuso que entre octubre y diciembre fueron formalizadas 4.937 personas, un 125% más que en igual período de 2018, de las cuales el 62% correspondió a delitos de robo en lugar no habitado, receptación, desórdenes públicos y daños.

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, en tanto, había presentado hasta el 7 de este mes 290 querellas por violaciones a los derechos humanos por hechos ocurridos en las manifestaciones entre el 19 de octubre 2019 y el 18 de marzo de 2020. De ellas, 274 son contra Carabineros, 13 contra Fuerzas Armadas; 4 contra PDI; y 3 contra Gendarmería. Un total de 191 son por apremios ilegítimos, 78 por torturas, 19 por violencia innecesaria y 2 por homicidio frustrado contra 347 personas.

Fernando Martínez, jefe regional INDH Valparaíso, señaló que el organismo recibió 1.083 denuncias de violaciones a los derechos humanos en la región, traducidas en 290 querellas por 347 víctimas, "pero a casi un año del comienzo de la crisis social, solo hay un caso formalizado. El avance de las causas judiciales debe contribuir a la verdad y a evitar la impunidad, en la perspectiva de obtener justicia, reparación del daño causado a las víctimas y el establecimiento de garantías de no repetición. No se trata de simples abusos ni hechos aislados, sino de graves y numerosas violaciones de derechos humanos".

Son cifras que revelan la magnitud de la crisis cuyas imágenes no se borran de la memoria de la comunidad regional y nacional.

Puntos de encuentro entre dos visiones

El exintendente regional, Raúl Celis (RN), plantea que es difícil distinguir entre las consecuencias del 18-O para la región respecto del resto del país, y que si se suma el efecto pandemia, "resulta imposible afirmar que hoy Chile está mejor que hace un año y para qué decir Valparaíso, transformado en un símbolo de la decadencia. En este año, hemos aprendido que poseemos una democracia frágil, que somos más pobres de lo que pensábamos, que estamos muy lejos de ser el país modelo con el que muchos pontificaban y que, además, el futuro se nos presenta enormemente incierto".

Opina que Chile vive el término de un ciclo iniciado el 11 de marzo de 1990, "lapso en que sus protagonistas políticos pertenecieron a una generación que sufrió las penurias de la Unidad Popular y los excesos del Gobierno Militar. Probablemente, haber vivido tales momentos de crisis, facilitó que personas de gran talento se comprometieran con la actividad política y lograran ponerse de acuerdo en el país que querían. Hoy, esa generación comienza a manifestar síntomas de agotamiento y si bien se mantiene vigente, no podemos exigirle demasiado más".

En su análisis, la generación siguiente, menores de 60 años, mayoritariamente se desentendió de la política, en una displicencia por lo público "que facilitó la irrupción de una nueva generación -menores de 40- que no alcanzó a conocer el Chile previo al retorno a la democracia y, como consecuencia, cuestiona el legado de estos últimos treinta años, de los que sí ha sido testigo".

"Por eso, pienso que una tarea urgente es buscar puntos de encuentro entre estas dos concepciones tan diferentes de nuestro país. Para ello, será necesario que muchos de quienes se desentendieron de la política comprendan que estamos obligados a involucrarnos con ella porque lo que está en juego es muy alto, nada menos que el destino del país en las próximas décadas", concluye.

Se requiere abrir espacios de diálogo

El exintendente regional en dos periodos, Gabriel Aldoney (PS), observa con preocupación que a nivel nacional y regional, en general, "los sectores políticos y sociales no asumen que estamos viviendo una situación extremadamente grave", y que las principales demandas planteadas durante las manifestaciones de 2019 están pendientes, en un clima de polarización donde lo que se requiere es abrir espacios de diálogo, pues "las causas del conflicto de hace un año y las consecuencias de ese tipo de protestas, como también de los efectos de la pandemia, no se van a resolver sólo con la voluntad del Gobierno ni con la crítica de la oposición sin propuestas concretas". Observa falta de amplitud para lograr acuerdos en un contexto "en que todo el mundo cree tener la razón, pero finalmente los problemas hay que resolverlos, sobre todo cuando se está en una situación tan grave", donde los principales actores políticos tienen escaso apoyo y credibilidad.

Recuerda que cuando el Presidente Lagos propuso crear el seguro de desempleo, "la derecha le exigió que fuera administrado por un ente privado y no por uno público. Si él se hubiese obstinado en que fuera público, no tendríamos el seguro de cesantía, que ha ayudado a miles de familias en un momento tan difícil. Ahí se aprecia la calidad de los dirigentes, y esa amplitud no la veo hoy día".

Aldoney plantea que a nivel regional se echan de menos obras de recuperación como las ejecutadas en Santiago, piensa que "ha habido muy poca capacidad de la región de hacer valer sus puntos de vista frente al Gobierno Central", así como un "profundo centralismo regional" a la hora de proveer soluciones para todo el territorio, en particular en materia de sequía. Y expresa finalmente su desazón "por el deterioro que está registrando la función pública, con nuevos escándalos de corrupción y falta de ética" como los denunciados en Valparaíso y Viña del Mar.

12 de noviembre: una masiva marcha familiar se despliega por el centro de viña del mar.

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercurio valpo.cl

tras la marcha, se producen desmanes y saquean el supermercado frente a la plaza de viña.