La entrega del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas es un reconocimiento a la importancia que tiene la alimentación de los pueblos en el difícil logro de la paz.

El hambre ha sido un factor histórico determinante en las guerras, en las migraciones, en las grandes epidemias. La producción de alimentos y su distribución exigen un ambiente de paz y de armonía.

Desde el cultivo de la modesta papa, la ganadería o la pesca hasta la producción de alimentos variados, requieren un clima de paz, de tranquilidad para todos sus procesos y para quienes intervienen en ellos.

El año pasado el PMA apoyó a 97 millones de personas de 88 países con la entrega de 15.000 millones de raciones de comida. Pero no es suficiente, pues en el mundo son 690 millones de seres humanos los afectados, de madera crónica, por la falta de alimentos.

La lucha contra el hambre y la desnutrición se da desde hace mucho tiempo en nuestro país con acciones privadas de asistencia y con medidas oficiales. Mucho se ha avanzado, la desnutrición infantil casi no existe y la cadena alimentaria cubre a todos los sectores del país, con brechas importantes reflejo de la pobreza que también se trata de disminuir.

Sin embargo, ahora esos avances han tenido un severo retroceso, resultado de la violencia desatada en octubre pasado y de la pandemia. La violencia destruyó puestos de trabajo y frenó la inversión en tanto que el covid-19 deja ya más de 13 mil fallecidos con un total de 481 mil casos. El resultado es un freno a todas las actividades y un aumento del desempleo que se refleja en la pérdida de ingresos y en un futuro incierto para miles de familias.

Y así, golpea el hambre. Las necesidades de alimentación se suplen con programas oficiales y ollas comunes, soluciones nunca suficientes.

Recuerda el director del PMA David Beasley que el problema de la alimentación va intrínsecamente ligado a la inestabilidad de los países. Advierte que "donde hay conflictos, hay hambre, y donde hay hambre, a menudo hay conflictos". Señala que el premio "es un recordatorio de que la seguridad alimentaria, la paz y la estabilidad van juntas. Sin paz no podemos lograr nuestro objetivo global de hambre cero y mientras haya hambre, nunca tendremos un mundo en paz".

¿Advertencias sobre realidades lejanas? Pareciera que mirando el tema del hambre como resultado de la violencia y los conflictos, la advertencia es oportuna en nuestro ambiente nacional ante una creciente crispación que divide y nos impide reparar daños pasados y presentes y nos llena de incertidumbre para el futuro.

La Ley de Teletrabajo (Nº 21.220) modificó el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia y el teletrabajo, incorporando un capítulo de diez artículos. Estas disposiciones regulan el pacto por el cual se acordará esta modalidad, las obligaciones de cada parte y los alcances de este tipo de labores, entre otras materias. No obstante, hay una materia que se abordó superficialmente en dicha normativa y que cobra cada día más importancia, sobre todo en el actual escenario de pandemia y nueva realidad: la ciberseguridad del trabajador.

Justamente, porque de acuerdo al "Estudio sobre la Madurez de la Ciberseguridad en Chile", de la consultora IDC, un tercio de las empresas cuenta con un enfoque reactivo en materia de seguridad informática. Y el 80% de las firmas más pequeñas se encuentra en etapas tempranas en términos de protección tecnológica. Además, en 2019 se registraron en el país más de 1.500 millones de intentos de ciberataques, registrando un aumento exponencial en torno al 35% posterior a la ocurrencia del estallido social en el país, según el reporte de Fortinet Therat Intelligence Insider Latin America.

Las cifras son abrumadoras, sobre todo luego de lo sucedido con el BancoEstado, que sufrió el secuestro de datos (ransomware) hace unas semanas, provocando muchos inconvenientes y problemas a los más de 13 millones de sus usuarios.

Debido a todo lo expuesto, se hace cada vez más necesario que la ciberseguridad del trabajador que se encuentra cumpliendo funciones en su casa se encuentre resguardada y amparada en la legislación. Desde mi punto de vista, la Ley Nº 21.220 no debe regular asuntos concretos en materia de ciberseguridad. Actualmente, es el empleador o empresa los que deben asegurar que sus trabajadores adopten dichas medidas, bajo protocolos homólogos, tanto en modalidad presencial como de teletrabajo. Es necesario que las empresas incorporen sistemas de monitoreo de sus redes internas y conexiones a todos sus trabajadores, con prescindencia de si se encuentran trabajando en modalidad física o desde sus hogares.

Más allá de la autorregulación y de iniciativas no vinculantes de carácter sectorial que pueden realizarse, por ejemplo, en la banca, es imprescindible una ley marco de ciberseguridad con el establecimiento de estándares mínimos y que ponga énfasis en el cuidado irrestricto de la privacidad de los datos de más 18 millones de personas, siguiendo los pasos del modelo europeo General Data Protection Regulation (GDPR). De igual forma, se debe instalar el Instituto Nacional de Ciberseguridad en Valparaíso, mientras el Estado define el modelo de interoperabilidad de los datos bajo el marco de la Ley de Transformación Digital. Sólo realizando estas acciones podremos trabajar y vivir tranquilos en el mundo del ciberespacio.