Las primeras jornadas de desconfinamiento han llevado una nota de optimismo al agobiado comercio regional. Cerca del 80% de los establecimientos minoristas de Valparaíso y Viña del Mar han comenzado a funcionar y, lo mejor, se advierte un importante flujo de público.

Ese movimiento, con todo el riesgo que encierra, es producto de casi cuatro meses de confinamiento y debería mantenerse en los próximos días para llegar luego a niveles normales.

Pero ese movimiento en modo alguno resuelve los graves problemas que afectan al sector, agobiado por deudas diversas por gastos que han debido solventar, pese a no tener ingresos. El comercio, en general, es una importante fuente de trabajo. El último índice de desempleo regional que llegó a -14% de la fuerza de trabajo, consigna que un 74% de ese total corresponde al comercio y a servicios de comida y alojamiento.

Así, el empleo es un punto crucial en la recuperación de la normalidad, sin olvidar la seguridad sanitaria para avanzar a la fase 3 en la lucha contra la pandemia, etapa en la que podrían retomar sus actividades los restaurantes y locales de comida.

Pese a este movimiento y a las expectativas, los problemas financieros del comercio subsisten y con toda razón esperan un pronto y ágil apoyo oficial.

Para Rodrigo Rozas, presidente de los comerciantes viñamarinos, "va a ser importante el tema del subsidio al empleo para la posibilidad de contratar nuevo personal o recuperar los empleos que están suspendidos". Advierte que "de lo contrario, la cesantía va a aumentar".

Marco Brauchy, presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso, espera que avance el desconfinamiento y pide una política pública que asegure la sobrevivencia de los negocios más pequeños. Destaca que el sector es capaz de generar entre el 70% y el 75% del empleo de todo el país.

El comercio nocturno de Valparaíso, por su parte, está trabajando con los seremis y con la municipalidad para una futura apertura, superada la actual fase, informa el Raúl Rojas, presidente de la agrupación de esos empresarios, cuyos locales también son fuente importante de empleo y requieren apoyo oficial en una situación de cierre que aún se mantiene.

La ayuda oficial, que puede tener muchas formas, es necesaria, pero lo esencial es que sea oportuna y ágil, de acuerdo a la precaria subsistencia actual del comercio y también considerando el factor seguridad, que puede verse amenazado en estas semanas en medio de las tensiones de la violencia callejera y de la próxima realización del plebiscito. Y la seguridad tiene también una dimensión sanitaria, con una importante cuota de responsabilidad en el comercio mismo, que debe hacer cumplir en sus locales medidas preventivas para su personal y para el público.

La modernización del Estado, es decir, la instalación efectiva de mecanismos que garanticen la transparencia, la probidad, la ética, el buen uso de los recursos estatales y el acceso de la ciudadanía a los servicios y funciones públicas, es un desafío que, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos alienta y direcciona nuestra labor.

Es precisamente en este tenor en que, como institución y Gobierno, nos inspiramos para presentar hace casi dos años el proyecto de ley que perfecciona el sistema registral y notarial, cuya relevancia radica en amplificar, de modo significativo, la competitividad del servicio ofrecido, disminuyendo sus costos y aumentando su rapidez. Todo en beneficio de la ciudadanía.

La iniciativa, además, modifica el sistema de nombramiento de las y los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros a lo largo del país, incluyendo, obviamente, a la Región de Valparaíso, al reducir las barreras de entrada y disminuir la discrecionalidad en el nombramiento, determinando como responsable de evaluar pública y objetivamente esta materia a un Consejo Resolutivo.

El proyecto también se hace cargo de garantizar la transparencia de aranceles y promueve la obligación de contar con sistemas tecnológicos y telemáticos que permitan realizar trámites y consultar información de forma remota, suscribir instrumentos mediante firma electrónica e interconectarse con plataformas del Conservador y del Registro Civil para la remisión de documentación, ampliando las facultades notariales para esto último.

Se fortalece, además, la fiscalización del sistema, entregando competencias para ello al ya existente cargo de fiscal judicial, responsable hasta ahora de vigilar la conducta funcionaria de ministros, tribunales y empleados del Poder Judicial.

Se trata no solo de entregar más y mejor acceso a la justicia, mejorando la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas con trámites ágiles, a menor costo y de manera más eficiente, sino, también, de avanzar en materias fundamentales, bajo la firme convicción de que es posible evolucionar hacia un Estado moderno, eficiente, transparente, probo, ajustado a la ética y en constante mejoramiento de la calidad de sus funciones y servicios, que permita generar las condiciones que la sociedad nos exige hoy.

Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seguiremos trabajando por agilizar la tramitación de este proyecto de ley que nos permitirá, de una vez por todas, desnotarizar el sistema, dando un importante salto en la modernización del país, pues, además, coloca a disposición de la ciudadanía una gran cantidad de trámites en línea que redunda en un importante ahorro de tiempo y dinero y contribuye en estos particulares tiempos de pandemia a evitar desplazamientos hacia notarías para efectuar trámites presenciales, disminuyendo los riesgos asociados a aglomeraciones.