Con diversos matices, dirigentes del sobreviviente comercio de la zona están temerosos de nuevos desbordes con ocasión de la "celebración" del estallido de violencia desatado el 18 de octubre del año pasado.

Son como los enfermos que muestran signos de recuperación, pero están alerta ante corrientes de aire o bajas de temperatura. El comercio local, gravemente castigado por los talibanes del año pasado y por la pandemia del actual, teme una recaída que signifique una marcha atrás en su leve recuperación.

Algunos han tomado precauciones para proteger sus locales, medida penosa pero necesaria, resultado del estado de crispación que estamos viviendo. Y en general, hay críticas a las policías, blanco fácil y políticamente correcto, tanto por sus actuaciones como por sus omisiones.

En lo que tienen razón los dirigentes de Valparaíso y Viña del Mar es que ha faltado una coordinación previa y preventiva para intercambiar experiencias, recibir consejos y aclarar protocolos y aspectos legales que al momento de la crisis siempre resultan confusos. Si bien el gobernador provincial, Gonzalo Le Dantec, anuncia una "planificación especial para responder", falta comunicación entre la autoridad y, para usar un término recurrido, los "grupos de riesgo.

Ha faltado también un diálogo abierto y franco con quienes aparecen como organizadores de las movilizaciones que, se supone, son dirigentes responsables que se dan cuenta que el daño al comercio, al espacio público y al transporte castiga directamente a los trabajadores y ayuda al desempleo.

Muchos sectores, siempre listos para asumir liderazgos, no con claros en la condena a los hechos de violencia. Así, se convierten en cómplices pasivos del daño, la destrucción y, lo que es peor, de la división esa que separa a nuestra sociedad entre los buenos, nosotros, y los malos, ellos. O viceversa.

Incluso en un escenario optimista, sin mayores problemas de destrucción o saqueo, la jornada de mañana significará pérdida para el comercio, con cierre y gasto en cadenas, candados o planchas de acero protectoras. Y un comercio cerrado no tiene clientes, base de su actividad.

Y un riesgo asociado a posibles hechos de violencia es que ese clima aleje a muchos de participar en la trascendental jornada plebiscitaria del domingo 25.

Las manifestaciones de mañana, a una semana del plebiscito, serán una prueba de la madurez de quienes buscan cambios. Esas demandas solo lograrán plena legitimidad si basan su fuerza en el respeto. Respeto a quienes piensan distinto y respeto también a la ciudad, a sus actividades, a sus instituciones y a las personas, a las grandes mayoría, que al final del día resultan perdedoras cuando el necesario debate se transforma en guerrilla, en enfrentamientos físicos con víctimas de todos lados.

Los procesos electorales suelen ir acompañados de la promoción del optimismo. Líderes y activistas políticos se esfuerzan por convencer que la opción que defienden nos encaminará a un futuro promisorio. En este plebiscito, sin embargo, ese afán me ha resultado chocante. No solo en la pobrísima franja de propaganda televisiva, sino aun en las discusiones más sofisticadas, ha abundado aquello que los anglosajones llaman "wishful thinking", que podríamos traducir como "pensamiento iluso".

En el caso del Rechazo, la primera ilusión es suponer que esa opción podría ganar. Pero peor es la que asume que su victoria permitiría detener la violencia insurreccional que irrumpió un año atrás. La violencia nos acompañará probablemente por un buen tiempo, como veremos este fin de semana. Y creo que el mejor camino para ir apagándola es emprender un proceso de deliberación democrática como la discusión de una nueva Constitución. La sola coacción estatal no podrá lograrlo, al menos no preservando a la vez nuestra democracia.

Desde el lado del Apruebo se nos presenta un proceso dotado de legitimidad inmaculada. Pero lo cierto es que la violencia está entre las causas que lo desencadenaron y eso en una democracia es siempre condenable. También se soslaya con frecuencia que el debate se dará en un contexto de esporádico uso de la fuerza y la intimidación y ambiguas reacciones frente a ellas; en un período en que hemos visto una inusitada falta de lealtad hacia las instituciones democráticas y desprecio por normas fundamentales; y en un momento populista, en que las cacerolas y los tuits se vuelven a veces más relevantes que el conocimiento experto y las miradas consistentes sobre el bien común. A ello se añade que hay aún importantes desacuerdos sobre el exacto procedimiento para la aprobación de la propuesta de nueva Constitución que se presentará al país.

Otra ilusión es sostener que terminaremos no solo con una mejor Constitución, sino que ella logrará progresos sustantivos en materias como educación, salud, pensiones y seguridad pública. A mi juicio, solo podremos tener una buena Constitución si entendemos que tales beneficios, como muestra con toda claridad la evidencia, no dependen mayormente de ella. Pero en Chile no existe hoy acuerdo sobre el rol de una carta fundamental.

Por mi parte, creo que debemos recorrer el proceso hacia una nueva Constitución lo mejor que podamos, no porque piense que es impecable o que nos ofrece magníficas expectativas. Simplemente considero que ese ejercicio de deliberación pública es, a pesar de las adversas circunstancias, la mejor vía para ir curando las heridas de nuestra democracia y mantener una esperanza fundada de tener nuevamente, ojalá no dentro de tanto, una época de igual o mayor progreso que los treinta años que acabamos de vivir.