"Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar este proceso; no lo vamos a permitir". Palabras del Presidente de la República Sebastián Piñera formuladas al lunes, tras la violenta jornada en que se conmemoraban las manifestaciones de octubre del año pasado.

Haciéndose eco de esas afirmaciones y con el respaldo de los hechos, el intendente, Jorge Martínez, expresó su preocupación por las acciones de grupos violentos a pocos días del plebiscito constitucional.

El jefe regional denunció una acción concertada en los saqueos, barricadas y daños a bienes públicos y privados registrados en los últimos días, todo ello bajo el paraguas siempre generoso de "manifestaciones pacíficas". Los daños son cuantiosos y junto con afectar a lo público, de nuevo castigaron al comercio, que en medio de su fragilidad acusa graves pérdidas que frenan su recuperación y capacidad para mantener empleos.

Destacó el intendente que en medio de los ataques aparecían banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), histórico promotor de la violencia. Recordó que hoy jueves termina la campaña electoral previa al plebiscito y que "el viernes (mañana) ya estamos en temporada de elecciones y está prohibida cualquier manifestación". Espera el jefe regional que así las personas podrán ir a votar "en forma libre, espontánea, democrática, tranquila y segura. Quienes han pretendido afectar la tranquilidad y la seguridad de las personas se han equivocado". Y ese es el tema, la seguridad, gran responsabilidad de los 27.452 efectivos de las Fuerzas Armadas y 44.000 de Carabineros que comienzan ya a desplegarse para la protección de los 2.715 locales de votación a lo largo de todo el país.

Pero esa tarea de resguardo no se agota solo en los locales, también se extiende a ciudades y campos, al transporte y a servicios de comunicaciones y energía. Y esa responsabilidad de las fuerzas de orden también es compartida por los líderes políticos y sociales que deben evitar descalificaciones y ataques verbales que pavimentan el camino a la violencia física.

Las consignas odiosas y menos los daños de los últimos días, no pueden repetirse. Deben ser reprimidos y denunciados a la justicia cuando así proceda, considerando que está en juego un proceso democrático trascendental que convoca a un pronunciamiento mayoritario ante diversas opciones planteadas en las cédulas de votación.

Hay que tener presente que la votación del domingo es un primer paso fundamental en un eventual cambio constitucional que continúa, si se aprueba el cambio, con la elección de constituyentes en abril del próximo año y culmina con un plebiscito el primer semestre de 2022. Una larga jornada que exige un debate sereno en que la violencia no puede ser aceptada como un argumento válido.

La crisis sanitaria y económica ha evidenciado la débil estructura del mercado laboral chileno, que esconde detrás de los indicadores tradicionales notables desigualdades entre los diferentes grupos ocupacionales.

Estamos frente a un escenario complejo de recuperación económica. Los últimos registros no son alentadores, pues el trimestre móvil junio-agosto presenta un 12,9% de desempleo a nivel nacional, que en la Región de Valparaíso se alza a un 14,8%. La tasa combinada de desocupación nacional llega a un 29,9%, mientras en la región se empina por sobre el 32,9%. El desempleo juvenil nacional presenta un 29%; a nivel regional llega a un 29,9%. Un récord histórico y que se vuelve una tendencia internacional, según el último informe de la OCDE.

Hay desafíos estructurales para Chile que necesitarán de políticas económicas dirigidas por el Estado con mayor innovación en materia de empleo. En lo inmediato, las mujeres deberán ser consideradas en forma preferente en los programas de recuperación laboral, pues toda la evidencia disponible reafirma que las pérdidas de puestos de trabajo, salarios, inclusión social y pobreza serán mucho más perjudicial para ellas.

Es claro que el 12,1% de desempleo de las mujeres del último trimestre está subestimado, pues un millón de mujeres que han perdido su trabajo entre enero y agosto no han salido a buscar trabajo, dada la sobrecarga de las tareas del hogar. Por ejemplo, en el último trimestre, 68% de la pérdida de ocupación en la Región de Valparaíso (9 mil personas) son mujeres, confirmando que la desaceleración en la caída del empleo es más favorable a las ocupaciones de hombres.

En enero del presente año el 53% de las mujeres participaba del mercado laboral chileno, por debajo del promedio latinoamericano. Actualmente esa cifra se mueve en torno al 36%. Por tanto, en ocho meses hemos retrocedido a registros del año 1998, debido en parte a la contracción económica en actividades de servicios, como el comercio, turismo, educación y cuidadoras (hogar, enfermos, adultos mayores) que están afectando en alto riesgo a las mujeres.

La CEPAL (agosto 2020) ha indicado que la pobreza de las mujeres en la región tendrá una variación de un 15,5% a un 37,2% y la desocupación se moverá en torno al 16%, arrojando un incremento de siete puntos, ambos indicadores con respecto al 2019.

Tanto las políticas estatales de transferencias o subsidios y programas de protección del empleo (a cuenta de los fondos de trabajadores/as) como los anuncios recientes de reactivación económica son un conjunto de acciones relevantes. Sin embargo, son todas estrategias neutras que tienen efectos desiguales en las mujeres. La construcción, la minería, la industria manufacturera, tienen tasas de ocupación limitadas, inferiores al 6%. Por lo que toda política pública/privada proempleo debe considerar medidas específicas para promover la equidad de género y avanzar en una recuperación que paulatinamente tenga el firme propósito de cerrar brechas.

En ese contexto, y siguiendo el debate internacional, en Chile debemos invertir en la economía del cuidado. Es prioritario que se implemente una política pública que incluya formalización, remuneración y seguridad social en las miles de mujeres que hoy se encuentran excluidas de la normativa e institucionalidad laboral, evitando así pobreza, violencia doméstica e inequidades en las responsabilidades del cuidado.