Redacción

Una denuncia ante el Ministerio Público y dirigida al fiscal nacional, Jorge Abbott, presentaron ayer el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva, por las declaraciones realizadas el pasado 20 de octubre por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) en contra de la institución naval, a través de una transmisión de Facebook Live del programa "Barba Roja", que desarrolla el equipo de comunicaciones del legislador comunista, espacio donde el parlamentario calificó a la Armada como una "asociación ilícita terrorista", "genocida" y "antipatriota".

Las expresiones causaron revuelo y tuvieron en el titular de Defensa una dura respuesta: "Hay una cantidad y nivel de injurias que no puede pasar así nomás", dijo a radio Cooperativa el 22 de octubre, agregando que "hay distintas alternativas, una posibilidad es hacer una denuncia al Ministerio Público, que debió actuar de oficio. Hay un delito evidente".

Asimismo, el comandante Leiva se dirigió a los miembros de la institución mediante un video en el que aseveró que "nos vemos en la obligación moral de analizar las acciones legales que ameriten las graves injurias difundidas públicamente por el diputado Gutiérrez".

Odio y hostilidad

En la denuncia se solicitó iniciar una indagatoria penal que pueda "establecer y hacer efectivas" las sanciones correspondientes por lo que calificaron como ofensas, injurias y un intento por "generar odio y hostilidad" respecto la institución.

"Las expresiones del H. Diputado Hugo Gutiérrez configuran plenamente el tipo descrito en el artículo 284 del Código de Justicia Militar y que en su condición de parlamentario electo por votación popular no lo excusa de responder respecto de sus dichos, ya que como se señala en el inciso primero del artículo 61 de la Constitución Política de la República: 'Los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargo, en sesiones de sala o de comisión'", consigna la denuncia.

Piden sanciones

Se añade que "tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden en que la conducta reprochable en este tipo de hechos consiste simplemente en ofender de palabra o por escrito".

"Es del caso entonces que en la especie nos encontramos frente a dichos o expresiones que objetivamente contienen los elementos típicos perseguidos por la ley penal. De ahí que sea necesario sancionar conforme a la ley a quien ofenda a una institución respetada y permanente de la República como lo es la Armada de Chile", consignaron en la denuncia.

El Servicio Electoral (Servel) está trabajando en medidas para ampliar la participación en actos electorales, incluyendo habilitar el voto anticipado a partir de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, la que se realizará el 11 de abril de 2021.

El presidente del Servel, Patricio Santamaría, explicó que se busca que personas que no pueden ir a votar el día específico de la elección, puedan hacerlo previamente. "El presidente (Sebastián Piñera) se comprometió conmigo y con el consejo a que, a partir de la elección del 11 de abril y toda la seguidilla de elecciones de 2021, las personas van a poder votar, por ejemplo, con el voto anticipado, que permite que en aquellas faenas donde hay turnos, las personas puedan elegir la posibilidad de votar antes", afirmó en radio Cooperativa y dijo que el Servel también propuso que para los comicios de 2021 se sume "un móvil que nos permita pensar en el voto a domicilio", como planteó inicialmente para los enfermos de covid-19 en el plebiscito; esta medida apunta a que "puedan votar las personas privadas de libertad y las que están en centros de salud".

En la misma línea, el presidente del Servel expuso a T13 Radio que "ya está hecho" el proyecto que incluirá mecanismos para que el voto presencial y en un solo día no sea la única modalidad para sufragar, y que "La Moneda tiene que mandar el proyecto de voto anticipado".

Voto postal

Santamaría fue crítico, sin embargo, con el voto postal, medida que fue propuesta entre las opciones para mejorar la participación y que se utiliza en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos.

"Hay votos que se pierden, votos que no llegan, pero lo importante es que vamos a dejar de tener exclusivamente el voto presencial", indicó el presidente del Servel.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social lanzó la campaña "No pierdas tu bono", con el objetivo de que más de 137 mil personas que han cumplido con todos los requisitos cobren beneficios estatales pendientes por más de $7.224 millones. Las ayudas corresponden al Aporte Familiar Permanente (antes conocido como bono marzo) y a los bonos Ayuda Familiar y de Emergencia (Covid).

Si bien quienes no han cobrado tales beneficios ya podían consultar por ellos en aportefamiliar.cl, bonoayuda.cl y bonocovid.cl, ahora el Instituto de Previsión Social (IPS) y Chile Atiende dispusieron www.bonospendientes.cl, donde se puede consultar por los tres aportes. Allí, solo escribiendo su RUN y fecha de nacimiento, las personas podrán saber si tienen uno de estos tres bonos pendientes. A partir del 6 de noviembre, asimismo, sabrán el lugar de cobro que se les asignará.

El lanzamiento fue encabezado por las ministras del Trabajo, María José Zaldívar, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

"A la fecha, más del 90% de las personas que cumplieron los requisitos legales ya han retirado su pago. Sin embargo, hoy queremos hacer un llamado a esas personas que aún no cobran su beneficio y lo tienen disponible, para que consulten y no lo pierdan, porque sabemos de la importancia de estas ayudas en estos momentos", dijo María José Zaldívar.

Cuenta rut

Sobre por qué más de 137 mil personas aún no han cobrado los dineros, la titular del Trabajo dijo que quizás es porque "muchos de ellos no tienen una cuenta RUT habilitada, porque al tenerla, se les deposita automáticamente".

"Queremos que los beneficios del Estado lleguen correctamente a la población, porque sabemos que son momentos difíciles y cualquier ayuda puede marcar la diferencia", destacó, por su parte, Karla Rubilar.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol retomó ayer el juicio en contra de siete funcionarios de Carabineros y un abogado de esta institución policial, acusados por el Ministerio Público en el marco del caso relativo a la muerte de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018.

Las imputaciones de la Fiscalía son los delitos de homicidio consumado del joven comunero mapuche; homicidio frustrado y apremios ilegítimos en contra del menor M.A.P.C.; obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricación. Todos, presuntos ilícitos perpetrados en la comuna de Ercilla (Araucanía).

"Retomamos presentando diferentes peritajes, elementos que se levantaron del sitio del suceso, que se obtuvieron durante la investigación, tales como fotografías y videograbaciones. Esperamos en los días sucesivos ir incorporando el resto de las pruebas de cargo para culminar en un par de semanas", explicó ayer el fiscal Roberto Garrido.

El juicio debió partir el 25 de noviembre de 2019 y fue postergado hasta el 2 de marzo pasado. El 17 de marzo, entró en receso por la pandemia, hasta ayer, en que se retomó en modo semipresencial.