Felicitaba la Revista de Arquitectura y Arte Decorativo, editada por la Asociación de Arquitectos de Chile, en una perdida edición de 1929, el generoso presupuesto para el siguiente año en la ciudad de Valparaíso, gestionado en plena crisis económica mundial tras el crac de Nueva York, por su entonces alcalde, un almirante en retiro recordado como el último gran jefe comunal del Puerto y hoy homenajeado con una calle en el cerro Alegre. "El turno ahora ha sonado para Valparaíso, ciudad que dispondrá aproximadamente de unos cuarenta y cuatro millones de pesos para su mejoramiento, y este importante resultado se debe en gran parte al esfuerzo de su entusiasta y progresista alcalde, señor Lautaro Rosas. El año venidero veremos los resultados y desde luego los vislumbramos (...) Esta suma, bastante importante en sí misma, no es del todo suficiente para modernizar una ciudad como Valparaíso, pero bien empleada -y estamos seguros que así lo será-, bastará para satisfacer sus necesidades más urgentes. Se empleará principalmente en la urbanización, expropiaciones, ensanches de calles, saneamiento, creaciones de estadios y de parques y muchas otras obras de progreso local. Desde luego, ya se ha creado una oficina técnica (N. de la R: una especie de Secpla de la época, pero que funcionaba) que, bajo la inmediata dirección del ingeniero don Gregorio Airola (también arquitecto, poco antes había diseñado la casa central de la PUCV junto con Ernesto Urquieta), ha comenzado un trabajo activo y efectivo".

"El alcalde, en cumplimiento de los deseos manifestados por el Presidente de la República (Carlos Ibáñez del Campo), procederá en todo con suma rapidez, y no habrá para los trabajos papeleo de más, sino el estrictamente necesario, como también no se tolerarán entorpecimientos de ninguna especie (en ese tiempo no había eistus ni estudios de impacto ambiental judicializables por grupúsculos antiempresariales) que puedan retardar las obras que reclama Valparaíso con tanta urgencia".

A continuación, la publicación detalla una larga lista de expropiaciones en el plan y algunas subidas y cerros para "rectificar" curvas peligrosas, avenidas de acceso a los cerros, la prolongación, ensanchado, pavimentación y hermoseamiento del camino de Cintura, un parque en el cerro Bellavista y jardines en diversos puntos de la ciudad.

Pero el sueño era una ruta que bordeara la costa: "La construcción de la Avenida Errázuriz preocupa de preferencia a la autoridad comunal y a su pronta realización tienen sus desvelos y afanes (...)", finaliza la revista, estableciendo que "no se trata de promesas, sino de hechos reales ya aprobados y sancionados".

Todo ello, sin el pago de "nuevas contribuciones o cargas onerosas", sino redestinando el empréstito de dineros condonados por el Gobierno para la reconstrucción del Almendral, y sin sobrecargar las arcas municipales con sueldos para asesores.

Noventa años más tarde, y aparte de los inexistentes afanes y desvelos, tampoco se ve cinta alguna que cortar.

Pero la claque, asustada, aplaude más fuerte que nunca.

"La Defensoría Penal Pública alcanza una mejor posición, por sobre la Fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia, (…) con un mayor porcentaje de notas de 5 a 7 (35%), luego la Fiscalía (30%), mientras que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia logran los porcentajes más bajos de evaluación positiva, con 23% y 26%, respectivamente".

Esta es una de las conclusiones del reciente estudio efectuado por Cadem, en el cual el 66% de los encuestados dijo conocer nuestra institución y el 35% lo evaluó con nota 5 a 7.

El sondeo realizado a 20 años de la reforma procesal penal es de tipo cuantitativo probabilístico, se hizo a través de entrevistas vía celular e incluyó a 1.208 hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y habitantes de todas las regiones del país, con un margen de error estadístico de 2,8%.

Este mejor desempeño de la institución se replicó al medir "confianza y transparencia", pues el 31% de las personas otorgó a la Defensoría una evaluación de 5 a 7, en un contexto en que ninguna de las otras instituciones llegó al 30% en este rango de buena evaluación. Este nivel supera en 9 puntos al obtenido en el estudio de 2018.

Otro buen resultado para la Defensoría surge del grado de conocimiento público respecto de qué es la institución. En este ámbito, el posicionamiento del servicio aumentó 22 puntos en cinco años. Pasó de 44% en la encuesta de 2015, a 53% en 2018 y ahora subió a 66%.

En este ítem, el grado de conocimiento de la Defensoría Penal Pública es mayor entre quienes pertenecen a pueblos originarios (72%) y baja gradualmente según disminuye el nivel socioeconómico de las personas consultadas. En el segmento C1, dicho grado es de 87%, pero baja a 56% en el segmento D/E.

El estudio también midió el grado de conocimiento público de las tareas más reconocidas de la Defensoría. Entre las más identificadas, las personas mencionaron "garantizar que toda persona acusada de un delito cuente con un abogado defensor (86%), defender penalmente a condenados por delitos (72%) y en menor medida defender los derechos humanos (63%)".

En tanto, los atributos más valorados de la institución fueron el trato igualitario y explicar en forma clara la situación a los usuarios.

El estudio refleja de manera palpable la efectividad de nuestras acciones dirigidas a difundir, en lenguaje claro, que el derecho a la defensa es un pilar fundamental de un juicio justo y la importancia de su existencia como eje fundamental en el resguardo de los derechos humanos de todas las personas.