Katherine Escalona M.

A poco más de un mes que comience a operar el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el 1 de enero del próximo año, surgen críticas desde los profesores porteños por la deuda de $32 mil millones que tiene la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) con el 70% de los docentes, de un total son 1.850 profesores, que pasarán al nuevo sistema público.

La molestia fue planteada ayer por el Colegio de Profesores de Valparaíso, en el marco de la firma del contrato de traspaso en el Liceo Eduardo de la Barra, donde denunciaron que lo adeudado debería estar cancelado, de acuerdo a la Ley 21.040, antes comenzar a trabajar en el sistema público.

El presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso, Mario Díaz, afirmó que "el empleador ha establecido un plan de pago que no nos satisface, en el sentido que vemos una Corporación que tiene deuda por todos lados, no solamente en educación, y no responsabilizamos solamente a esta administración, pero es una deuda que se tiene que asumir. (...) El estimativo que entregó la Corporación Municipal es de $ 32 mil millones".

La cifra, detalló Díaz, tiene que ser aclarada en la auditoría que debe entregar la Cormuval, que aún no está disponible, y ante la incertidumbre, afirmó que "no descartamos que durante este proceso estemos haciendo acciones judiciales para resguardar el patrimonio de los trabajadores de la educación".

Sostuvo que han tenido reuniones con el gerente de la Cormuval, Marcelo Garrido, donde se reconocería la deuda, "pero debe existir una voluntad política para pagarla" y agregó que "el alcalde Sharp se comprometió con los profesores a pagar el perfeccionamiento, que son $850 millones, y estamos ad portas de ser traspasados y todavía no se paga".

Otras complicaciones

El tesorero del Colegio de Profesores de Valparaíso, Andrés Arce, detalló que a la incertidumbre del pago de deudas se suman otras falencias como la falta de remodelación en infraestructuras municipales y la precarización en términos pedagógicos. Recalcó que "vemos con preocupación e indignación las condiciones por las cuales se está llevando a cabo esta estrategia nacional".

Esto, dijo, porque "no se está garantizando la estabilidad laboral, donde profesionales de las Corporaciones Municipales están siendo despedidos, donde vemos que existen deudas, donde se está profundizando en la precarización en términos pedagógicos y la precarización de las escuelas".

Sobre la infraestructura, el dirigente gremial de la escuela Ciudad de Berlín, de Placeres, Sebastián Vicencio, destacó que "somos un grupo importantes de establecimientos, ad portas del traspaso, que hemos tenido un déficit histórico en lo que tiene que ver con la calidad de la infraestructura, en mi escuela en particular tenemos una plaga de termitas hace mucho tiempo y nada se hace. Las escuelas de cerros somos las más postergadas".

El presidente del Consejo Gremial del Liceo Eduardo de la Barra, Manuel Arraya, consignó que "si bien en este establecimiento se puede ver una buena infraestructura, tiene los mismos problemas de otros colegios porque dependemos de la subvención regular de la asistencia media de los estudiantes", por lo tanto, ante la debilidad del sistema, dijo que es necesario que la asistencia no sea un criterio para el financiamiento.

Slep y cormuval

La situación de la millonaria deuda fue consultada al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Manuel Pérez, quien explicó que los $ 32 mil millones "no corresponden al último año", dando a conocer que existen deudas previsionales que tienen más de 4 años. En relación a esta materia, la ley establece que la Cormuval debe cancelar porque no se traspasa al servicio.

"Cuando ellos dicen que no ven que el cambio les garantiza un mejor trabajo, aquí hay que ver que el cambio significa el traspaso de los funcionarios de la Corporación al Servicio Local, la NEP (Ley de la Nueva Educación Pública), explica que es un cambio que mejora la calidad de la educación, y ellos son actores principales en este proceso de cambio, no es que el cambio vaya a ser para ellos, esto va enfocado en las niñas, niños y adolescentes, asegurándoles una mejor calidad", aclaró Pérez.

Y subrayó que se da tranquilidad a los docentes porque "somos una institución que parte sin ningún tipo de déficit o deuda, por lo tanto, lo que a ellos les corresponde, que es su tema contractual y de mantención de su calidad como funcionario y el pago de sus remuneraciones, eso está cubierto por el Servicio, por ello, la seguridad que no tenían con su empleador anterior, sí la tienen con nosotros".

Mientras, el secretario general de la Corporación Municipal de Valparaíso, Marcelo Garrido, enfatizó que ayer se inició la firma de contrato, que también dieron cuenta los profesores y que, en este proceso, se realizaron "las actualizaciones que se han hecho atendiendo a todas las consultas y correcciones que se han solicitado".

Respecto de las deudas previsionales, garantizó que "estas quedarán saldadas íntegramente". Tal situación a través del "convenio que realizamos con el IPS. Al cancelar esa deuda se rebajará en alrededor de $ 20 mil millones la deuda general de la Corporación mediante la condonación de intereses y multas".

Recalcó que a esto se agrega "el pago de deudas de perfeccionamiento, con las AFP, Fonasa y el Bono Proporcional (del cual quedan 2 cuotas), que en total alcanzan a una cifra cercana a los $ 7.500 millones, destinados por esta administración al saneamiento financiero por deudas generadas en administraciones anteriores con los trabajadores".

"No descartamos que durante este proceso estemos haciendo acciones judiciales para resguardar el patrimonio".

Mario Díaz, Pdte. del Colegio de Profesores

"La mantención de su calidad como funcionario y el pago de remuneraciones está cubierto por el Servicio".

Manuel Pérez, Director del SLEP de Valparaíso

Contentos se manifestaron ayer los pescadores de Valparaíso tras la aprobación en la Cámara de Diputados -por 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones- del proyecto que busca la nulidad de la Ley de Pesca, conocida también como Ley Longueira, que -según los hombres de mar- limita el oficio de la pesca y encarece los productos pesqueros en diferentes partes del país, siendo las más afectadas las caletas.

El presidente de la Federación de Pescadores de la V Región, Miguel Ángel Fernández, precisó que "marchamos desde Caleta Portales hasta el Congreso Nacional para incentivar a los diputados y anular la Ley Longueira. Se logró el objetivo y estamos contentos para que esta ley desaparezca de una vez por todas porque el daño es grande".

Fernández detalló que "es de reconocimiento público la situación que atraviesan hoy las caletas de la Región de Valparaíso y por esto creo que los más afectados han sido los recursos pesqueros que están sobreexplotados o colapsados como la merluza, por lo tanto, este es un gran daño que ha hecho esta ley a los recursos y a las caletas que se han empobrecido cada vez más. Por eso, esperamos una norma justa y legítima, que se mejoren los fraccionamientos para tener más accesos a los recursos de la pesca artesanal".

Lo más complejo de la cuestionada Ley de Pesca, reconoció Fernández, es que "se entregó la propiedad de la mayoría de los recursos de manera perpetua a las 7 familias dueñas de las grandes pesqueras, por tanto, quedamos con una cuota miserable de administrar y eso es lo que nos afecta, por eso esperamos que esto cambie y sea justo para todos".

En tanto, el presidente de la Caleta Portales, Pedro Tognio, recalcó que "esto es un hecho histórico porque por primera vez se da un paso para terminar la pesca de arrastre y desenmascarar a los parlamentarios que recibieron dineros para la explotación de las 7 familias de las grandes pesqueras y, lo otro por lo queremos luchar, es un Ministerio de Pesca para que los ejecutores sean los mismos pescadores artesanales y no personas que no saben de pesca".

Tognio precisó que la votación en la Cámara de Diputados es el primer paso porque "el gobierno dijo que lo iba a mandar al Tribunal Constitucional (TC), pero nosotros vamos a seguir apoyando a los parlamentarios para que esta situación prospere".

Amenaza con el TC

Un punto de conflicto surge luego que, en medio de la discusión, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, hizo la reserva de constitucionalidad alegando que el Congreso "no tiene ningún poder anulatorio de leyes". "Pretender cuestionar esto atenta contra la ley, la estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho", dijo el subsecretario, agregando que "se podría venir una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho, además de cuestionar lo que durante años este Parlamento ha hecho por el país".

"Se logró el objetivo y estamos contentos para que esta ley desaparezca de una vez ".

Miguel Ángel Fernández, Pdte. Federación de Pescadores

de la V Región.

"Esto es un hecho histórico porque por primera vez se da un paso para terminar la pesca de arrastre".

Pedro Tognio, Pdte. Caleta Portales