"Es un golpe a la línea de flotación de nuestras instituciones"
Las universidades tradicionales privadas pertenecientes al CRUCh, agrupadas en la Red G9, de las cuales dos son de la Región de Valparaíso (USM y PUCV), están molestas con el Gobierno por la importante reducción en el presupuesto que propuso para el año 2021, con siete partidas que, entre todas, suman más de 24 mil millones de pesos menos que el próximo año no llegarían a sus arcas si lo aprueba el Congreso.
Tres de esas partidas, incluso, son reducidas a cero: Fondo de Fortalecimiento, Innovación en Educación Superior, y Fondo de Desarrollo Institucional. Todo ello en un marco de pandemia, como hace notar el presidente del G9, Diego Durán, rector de la Universidad Católica del Maule (UCM), quien detalló que este año han debido incurrir en más gastos al implementar las clases a distancia, capacitaciones, sanitizaciones, entrega de equipos a estudiantes que no contaban con los elementos para tener clases online, al tiempo que han visto reducida su matrícula y se han producido miles de deserciones y congelamientos de carreras, dada la crisis social que ha traído aparejada la crisis sanitaria, por lo que enviaron una carta a la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso, a fin de que los parlamentarios tengan en consideración estos aspectos y no den curso a la propuesta gubernamental.
"Considero que es un golpe a la línea de flotación de nuestras instituciones de educación superior, creo que hay un maltrato evidente hacia el Consejo de Rectores, una desinformación de cómo funcionan las instituciones, se quitan aportes basales tanto a las instituciones estatales como a las instituciones públicas no estatales del Consejo, que son tremendamente importantes, en el caso del G9 muy dañadas respecto a los basales, con un 15% menos y con partidas que se redujeron al 100%, lo cual es incomprensible y genera un gran daño".
- ¿Por eso acusan discriminación?
- Sí, claro, aquí hay una discriminación grande. Lo que pasa es que hay un concepto de fondo que se entrega en este presupuesto, que termina separando a las universidades estatales completamente de las universidades no estatales, y a las instituciones del G9, que participan en el Consejo de Rectores desde hace muchos años, hoy día se les pone en el mismo saco de todas las instituciones privadas creadas después de 1981.
- ¿Lo han conversado en el seno del CRUCh? ¿Cuál es la visión de las estatales frente a esto?
- Aquí el CRUCh tiene una sola visión respecto de este tema, y es que es algo que no corresponde, por lo tanto, aquí no tenemos diferencias entre las instituciones estatales y no estatales del Consejo de Rectores, aquí nuestra defensa y nuestra discusión, por ejemplo, frente a los parlamentarios, ha sido la misma, nos hemos presentado como equipo y nos hemos presentado también de manera individual, y eso ha sido bastante positivo.
- ¿Qué acogida tuvo la carta que como G9 enviaron a la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso? ¿Hubo respuesta?
- Bueno, nosotros en el Congreso hemos tenido una buena acogida de muchos parlamentarios, de toda línea política, porque entienden que la dificultad que hoy día se está generando en las universidades del Consejo de Rectores es una dificultad mayor, y la acogida ha sido positiva, tanto así que por ejemplo, los diputados rechazaron las partidas de educación superior, lo que para nosotros es una buena señal, porque determina que el Ejecutivo tiene que seguir discutiendo, y ojalá poner una alternativa distinta a la que ya presentó, y nosotros esperamos que esa alternativa distinta considere, por supuesto, lo que se está pidiendo, y que es recuperar aquellos montos que quitaron, estamos hablando de 24 mil millones de pesos para las instituciones del G9, y $42 mil millones si consideramos el Consejo de Rectores en su conjunto.
- Esto se da, además, en un contexto de pandemia, que ha obligado a las universidades a incurrir en mayores gastos, mientras en paralelo han visto disminuida su matrícula...
- Muchísimos más gastos, como Consejo de Rectores, la cifra es de aproximadamente 204 mil millones de pesos, entre los distintos elementos. Por ejemplo, ajustes fueron $108 mil millones, temas sanitarios, también el aporte que las instituciones están haciendo en el tema sanitario, en términos de laboratorios, de análisis de los PCR, eso no ha sido suficientemente reconocido por el Ejecutivo. Y también está el tema de la salida de los estudiantes, que por efectos de la pandemia han tenido que tomar otros caminos, y eso también tiene un impacto en las instituciones, y no ha sido un impacto homogéneo, sino que ha sido un impacto que ha golpeado, en general a algunas instituciones más que a otras.
- ¿A qué instituciones ha golpeado más fuerte?
- Bueno, las instituciones regionales se han visto muy afectadas, y algunas metropolitanas también, pero hay ejemplos como la Católica de Temuco, la Universidad de Tarapacá y otras instituciones que se han visto muy afectadas, y otras como la Católica del Maule en que la salida o suspensión de nuestros estudiantes ha sido el doble que el año pasado
- Y justamente se reduce la partida de Educación Superior Regional en un 15%...
- Es que esos son los temas que son incomprensibles, porque claro, se ven los montos que, a lo mejor no son muchos, pero para los efectos en cada una de nuestras instituciones, va directo a la línea de flotación, entonces aquí hay problemas que son mayores que no logran visualizarse respecto del interés que el Ejecutivo tiene al presentar este presupuesto. De hecho, la justificación que da el Ejecutivo respecto a la reducción es que ésta se explicaría especialmente porque hay cinco instituciones que ingresan a gratuidad. Entonces uno dice "quiere decir que la gratuidad futura se va a financiar con los mismos recursos que hoy día están y, por lo tanto, el daño que se va a presentar en los próximos presupuestos de la Nación va a ser mucho mayor hacia nuestras instituciones". Y eso es incomprensible e inaceptable.
- ¿Persisten los retrasos en las remesas de gratuidad?
- El Estado está tratando de ponerse al día respecto de eso, no ha sido todo lo al día que uno quisiera, todavía hay decretos que están pendientes que se firmen, y no estando el decreto, las remesas no llegan, las remesas no han llegado, por lo tanto, hay un retraso, y claro, hay un efecto precisamente en los flujos que tienen que llegar del Estado por gratuidad a las instituciones, que también impacta, empiezan las gimnasias bancarias y la bicicleta, y eso trae costos aparejados, como el tema de los intereses, que no los cubre nadie, sino las propias instituciones.
- Este contexto de retrasos en las remesas, salida de alumnos, mayores gastos, ¿tiene en peligro de subsistencia a algunas universidades?
- Yo creo sinceramente que sí puede haber peligro de subsistencia en algunas instituciones. Piense usted que mil estudiantes menos tiene un impacto severo en la manera en cómo esa institución se sustenta, por lo tanto, aquí la situación es bastante angustiosa, y que no se entienda eso a nivel del Ejecutivo es realmente complejo.
- ¿Qué efectos podría tener que el Gobierno no acoja sus demandas?
-Hay muchos efectos posibles, sobre todo los estudiantes de primero y segundo año que están asociados al programa PACE, que son ingresos especiales que requieren un apoyo bastante grande. Esto puede tener impacto también e nivel de salarios, a nivel de trabajadores.
- Es decir, podría traducirse en despidos también.
- Por supuesto, esa es una realidad, esto es muy serio, y no considerar esa seriedad ha sido una falta del Ejecutivo.
"Estamos hablando de 24 mil millones de pesos menos para las instituciones del G9, y $ 42 mil millones si consideramos el Consejo de Rectores en su conjunto".
"(A las universidades del G9) hoy día se les pone en el mismo saco de todas las instituciones privadas creadas después de 1981".