A tres semanas de que Valparaíso y Viña del Mar iniciaran su tránsito en la fase 3, resulta chocantemente preocupante la irresponsabilidad de la población para dejar de lado buena parte de las medidas sanitarias (uso adecuado de mascarilla, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, etc.) respecto del mortífero SARS-CoV-2, que en la Región de Valparaíso ya ha contagiado a casi 32 mil personas y cobrado 1.126 vidas, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud.

Cierto es que las restricciones cansan y que el miedo no puede ser eterno, pero eso no obsta que se cumplan las más mínimas precauciones en las calles y playas de la zona, como bien pudo verse desde comienzos de noviembre, lo cual, seguramente, se verá intensificado por las cada vez más altas temperaturas y cálidos días como ha ocurrido desde el fin de semana, y la consecuente finalización de la exigencia de permisos interregionales para el tránsito entre comunas en fase 3, 4 y 5, dentro de las cuales están los principales balnearios del litoral.

Pero la alerta no se reduce solo al borde costero. Ya las autoridades levantaron la voz sobre el violento regreso del comercio ambulante -ad portas de los festejos navideños- en la avenida Pedro Montt y las calles Bellavista, Uruguay y Prat, donde las aglomeraciones funcionan a la orden del día.

Dice el seremi de Salud, Francisco Álvarez, que hubo unas 200 mil visitas durante el último wikén, con 185 mil controles y 451 sumarios sanitarios por infracciones tales como el no porte de los permisos correspondientes o el equivocado o nulo uso de la mascarilla.

Junto a él, también levantaron la voz el presidente del Colegio Médico regional, Ignacio de la Torre; el epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, y el decano de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUCV, David Luza, quien hace un interesante diagnóstico sobre la problemática de la sempiterna marginalidad de los cerros porteños y la excesiva concentración de servicios en el plan, lo que multiplica el riesgo de nuevos contagios en fechas de fin de año, generalmente de mayor relajo en la población.

El llamado, entonces, es a insistir en que el coronavirus no se ha ido, la vacuna aún no está disponible y que con toda seguridad (como ya ha sido en el caso europeo) habrá un violento rebrote en marzo o abril, que podría nuevamente estresar el sistema de salud regional y nacional.

La población debe, hoy y siempre, tomar todas las medidas de cuidado posibles, entendiendo la necesidad y urgencia de trabajar y prestar servicios, pero asumiendo que esta Región -a diferencia de otras- contará con un gran caudal de visitantes este verano y, por ende, un mayor riesgo.

En los últimos meses hemos sido testigos del debate que han generado ciertos beneficios penales de la denominada "Ley Pascua", norma dictada en 1966 que permite a personas del pueblo rapanui rebajar la pena y cumplir parte de ésta en libertad cuando cometan delitos de carácter sexual y contra la propiedad en la isla. Esto ha llevado a que, en muchos casos, violadores y agresores de mujeres en Rapa Nui no reciban la sanción que recibirían si habitaran en cualquier otro lugar del país.

El pueblo rapanui, mediante sus instituciones representativas y con el trabajo de diversas organizaciones sociales, levantó en los últimos años la sentida necesidad de trabajar en la protección de los derechos de las mujeres y modificar dicha norma promulgada hace más de 50 años. Como Gobierno atendimos esta inquietud y consideramos que la diferencia resultaba injustificable. Por lo mismo, creamos la Mesa Social, que lideramos desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a la Gobernadora Tarita Rapu. Esta instancia está conformada por los comisionados electos de Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, municipio y diversos servicios públicos de la propia isla para trabajar en medidas concretas que ayuden a prevenir estos hechos.

Luego de diversos espacios de diálogo, revisión de antecedentes, así como también de escuchar la petición de diversos e importantes grupos del pueblo rapanui, es que se tomó la decisión de iniciar un proceso de consulta indígena relativo a la revisión de los artículos 13 y 14 de la ley. Dicho proceso comenzó el 25 de febrero, pero la actual situación de pandemia obligó a poner una pausa en su desarrollo, luego de las primeras reuniones de planificación.

Hemos seguido de cerca la evolución judicial de causas vinculadas a esta misma problemática y cuyos fallos resultan auspiciosos al objetivo final de entregar mejor resguardo a mujeres y niños. Sin embargo, es trascendental retomar la consulta indígena y que sea el propio pueblo rapanui el que determine el futuro de esta norma, relevando de esta forma los verdaderos valores, prácticas sociales, culturales y espirituales.

Como Gobierno consideramos prioritario que -una vez que las condiciones sanitarias lo permitan- se reactive el proceso, convencidos de que responder a las familias que piden igualdad ante la ley no solo es un imperativo ético, sino que, además, es uno de la máxima urgencia.

En este día de conmemoración internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reafirmamos nuestro compromiso de manera permanente, porque creemos profundamente que la modificación de los artículos 13 y 14 de la "Ley Pascua", así como el trabajo en prevención y acompañamiento a las víctimas que se desarrolla desde la Mesa Social, debe ser una política que se mantenga en el tiempo y que se fortalezca para erradicar cualquier hecho de este tipo.