El rol de las DOM en obras judicializadas
Una nueva paralización de obras, esta vez en Viña y a 244 metros del Campo Dunar, revive inquietudes en el gremio inmobiliario local. Es preciso aclarar cuanto antes las reglas del juego. De otra manera, ¿qué relevancia tiene la supuesta autonomía de un DOM, si éste, a su vez, no comulga con la ley ambiental?
Bastante ruido en el mundo inmobiliario local ha causado un reciente fallo emitido a comienzos de este mes por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El tribunal de alzada, atendiendo a un recurso de protección por parte de la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar en favor del Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar y sus alrededores, ordenó la paralización inmediata de las obras del proyecto inmobiliario Makroceano de nueve pisos, de la inmobiliaria Makro, ubicado en el borde costero y a 244 metros del límite sur del Campo Dunar, pese a contar con su permiso de obras en regla (el número 9, del 31 de enero de 2019, otorgado por la Dirección de Obras Municipales, DOM, de Viña). El argumento de la Corte es que éste no debió ser otorgado antes de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual le será exigido ahora, pese a que el SEIA no lo halló necesario en su momento, e incluso después del inicio de obras, atendiendo a tres numerales de la Ley 19.300 sobre Bases generales del Medio Ambiente, en virtud de que dos de las treinta hectáreas del Campo Dunar se ubican precisamente en Viña (donde se emplaza Makroceano) y que ésta no tendría su Plan Regulador Comunal (PRC) sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Ello, alegan los incumbentes, podría provocar una seguidilla de presentaciones de recursos que retrotraigan o invaliden permisos previamente otorgados. El segundo argumento, incluso más polémico, es que el simple hecho de construir ya constituye una contaminación, lo que es aplaudido como un triunfo por los movimientos ambientalistas que se oponen a estos proyectos y, a su vez, como un preocupante antecedente que podría sentar jurisprudencia, por parte del gremio inmobiliario. En rigor, y pese a que las pullas se las ha llevado la inmobiliaria Makro, aun cuando la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, encabezada por Julio Ventura, sí hizo entrega de los permisos, la pregunta que debiese hacerse la comunidad es sobre la prolijidad con que se llevan estos trámites en el municipio de la Ciudad Jardín y si nadie les avisó de la necesidad del EAE. En el vecino Concón, en tanto, donde se emplazan las otras 28 hectáreas del Campo Dunar, los ánimos tampoco son mejores con su Dirección de Obras, por cuanto Duna Viva -financiada por la Fundación Yarur Bascuñán- también arremetió hace más de un año contra su director, Julio Leigh, exigiendo dejar sin efecto todos los permisos de proyectos y anteproyectos de edificación sobre el Campo Dunar de la Punta de Concón por parte de la inmobiliaria y urbanizadora Reconsa, conminada por la Corte Suprema a ingresar obras al SEA para conseguir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), hecho refrendado por la Superintendencia. Sin embargo, según Duna Viva, el alcalde Sumonte les informó que Leigh lo rechazó, lo que incluso habría gatillado un sumario. Más allá de los nombres, es preciso aclarar cuanto antes las reglas del juego. De otra manera, y si la Corte está en lo correcto, ¿qué relevancia tiene la supuesta autonomía de un DOM, si éste, a su vez, no conoce, no respeta o no comulga con las leyes ambientales?