La Contraloría Regional de Valparaíso propuso una serie de sanciones en el marco de una investigación respecto a un contrato que el municipio de Limache asumió con una empresa local, en cuya propiedad tenía participación un concejal de la comuna, según señala el ente fiscalizador.

La investigación se inició en marzo de 2018 producto de una licitación que realizó el municipio un año antes por un servicio de radiodifusión, información y de programas de nivel comunal que requería la administración local.

Al respecto, se indagó sobre la posible responsabilidad que tuvieron los funcionarios que participaron principalmente en la comisión evaluadora, en relación a la adjudicación a una empresa a la que estaba vinculado el edil Archibaldo Arellano según consta en el documento de la Contraloría.

Tras el proceso, la Contraloría propuso duras sanciones pecuniarias y disciplinarias contra los funcionarios municipales integrantes de la comisión entre los que se contaban el director de finanzas, el administrador municipal, el director de control, el director del Secpla y el exasesor jurídico del municipio local.

A todos ellos la Contraloría les atribuye responsabilidad administrativa al igual que al alcalde Daniel Morales. En el caso de este último, se determinó que los antecedentes fueran derivados al concejo para que, en caso que así lo estimara, planteara un requerimiento ante el Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso (TER). Sin embargo, el cuerpo colegiado resolvió que no había motivos suficientes para llevar adelante esta opción.

Desde el municipio, el actual asesor jurídico, José Herrera explicó que el jefe comunal tomó conocimiento de lo resuelto por la CRV y que "esas sanciones están en un procedimiento de reposición y de uso de los derechos, respecto de los recursos administrativos que la ley prevé para estos casos". En esa línea, agregó que "se le informará a la Contraloría Regional que sustanció este sumario una vez que las sanciones estén a firme".

Arista penal

En su resolución, la Contraloría también establece que resulta procedente poner en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes que constan en el procedimiento disciplinario en lo relacionado a una declaración jurada que firmó el representante legal de la empresa respecto a que no habría inhabilidades para participar en la licitación que efectuó el municipio.

En ese orden, Herrera precisó que "este sumario también en la proposición de sanciones señala una arista de orden penal que solo dice relación con el representante legal de la empresa de radiodifusión, por cuanto se emitió una declaración jurada señalando que no había inhabilidades para contratar con la municipalidad y es justamente lo que tiene que investigar el Ministerio Público".

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) falló rebajando la sanción contra el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, en la acusación por notable abandono de deberes, señalando que una de las cinco causales imputadas no tiene la calidad de notable, por lo que aplicó una suspensión del cargo por tres meses y el 50% del goce de sueldo.

"Este Tribunal estima que el hecho denunciado, acreditado y acogido, no reviste los caracteres ni la entidad suficiente para estimar configurado el notable abandono de deberes", dice el fallo del 28 de diciembre.

El requerimiento de remoción que tenía removido al alcalde desde agosto fue interpuesto por Christian Beals y Juan Carlos Sabaj por "notable abandono de deberes". Los concejales apuntaron a irregularidades administrativas y monetarias en la gestión municipal, cuestionando la firma de contratos sin la aprobación del Concejo Municipal y un acuerdo con una empresa de luminarias públicas, entre otras cosas.

El abogado Rodrigo Flores, defensor del alcalde Freire, explicó que ingresaron un informe en derecho elaborado por el abogado Juan Carlos Manríquez y en los alegatos pidieron que se revocara el fallo en primera instancia, señalando que "a todas luces, la sanción era absolutamente desproporcionada. Claramente existe jurisprudencia sobre lo que se llama notable abandono de deberes y debe cumplir una serie de requisitos, y se estableció que para que se considere así se debe cumplir dos requisitos específicos: Que no se haya afectado el presupuesto, y además que la actuación irregular o ilegal no haya afectado el funcionamiento de la municipalidad, y lo dice el fallo, que no haya afectado el mandato que la ciudadanía entrega de mejorar la calidad de vida".

Un doble cordón sanitario tendrá en sus accesos el Gran Valparaíso, para evitar el ingreso desde otras regiones o comunas en fase 3 hacia las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón que están con más restricciones, ya que permanecen en la fase 2 del plan Paso a Paso.

Pese a ello, el diputado UDI Osvaldo Urrutia afirmó que solicitará a las autoridades de la región la presencia de personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros las 24 horas del día en el control a la salida del túnel Zapata y en la Subcomisaría de Peñuelas, para evitar que personas burlen durante la madrugada las medidas sanitarias impuestas para las fiestas de fin de año.

Afirmó que "es urgente que dentro de las medidas que está aplicando la autoridad regional para evitar el ingreso de personas a la región durante estos días, es tener control las 24 horas del día de personal de las FF.AA. y de Carabineros, tanto en la zona del túnel Zapata como en la Subcomisaría de Peñuelas en Valparaíso. Y si es posible, en todas las barreras sanitarias de ingreso a nuestra zona".

"Hemos conocido muchos casos de personas que aprovechan que se levanta la barrera sanitaria a las 22 horas", dijo.