Como "autocomplaciente" fue calificado el informe sobre el estado de conservación del Área Histórica de la Ciudad de Valparaíso entregado este mes al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco por el Gobierno de Chile y firmado por el subsecretario del Patrimonio, Emilio de la Cerda. En rigor, y no seamos tan dramáticos, no es tan grave y solo se trata de una prueba más del abandono en que nos tiene sumidos Santiago y lo poco que le importan a La Moneda y a sus funcionarios qué diablos pase con nuestra ciudad.

Entre los "hitos" destacados se incluyen el llamado a licitación de las obras del Parque Barón (US$ 22 millones), un capricho de ya sabemos quién, la compra del Palacio Subercaseaux (el hoyo, más bien), donde se instalará el futuro Archivo Regional, la restauración a regañadientes de nueve ascensores (US$ 7 millones), el Museo del Grabado del cerrro Alegre, el largamente congelado proyecto de construcción del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de La Matriz y el nuevo modelo de gestión del Sitio Patrimonial Mundial firmado con la Municipalidad porteña y el BID.

No incluyó el subsecretario De la Cerda la devastación sufrida por la ciudad ininterrumpida (e impunemente) desde la crisis de octubre de 2019, argumentando que los daños estaban fuera del polígono que demarca las 23 hectáreas patrimoniales de Unesco, como tampoco pasó por el Concejo Municipal (ni por su Comisión de Patrimonio) el acuerdo firmado a oscuras con el alcalde Jorge Sharp, quien -por razones que ya ni siquiera intentaremos entender- también ocultó cualquier referencia a ello a la citada comisión presidida por el arquitecto y concejal Daniel Morales.

Alguna vez, años atrás, estuvo en el antiguo edificio de El Mercurio de Valparaíso de calle Esmeralda el experto patrimonial colombiano Juan Luis Isaza, quien presentó por esos días su informe del desastroso estado en que se hallaba la Ciudad Puerto. (Sí, hablamos del mismo edificio que fue quemado por vándalos la noche del 19 de octubre de 2019 con periodistas, en su mayoría mujeres, adentro; el mismo que una reciente y flamante contratación de planta del alcalde Sharp llamó cobardemente por redes sociales a volver a incendiar, "pero ahora, completo", semanas más tarde).

En esa conversación, Isaza nos recordó que solo había dos casos de sitios que habían salido del listado de la Unesco, ambos por decisión propia y en la primera década del Siglo XXI. El primero era el Santuario de los Oryx de Omán (los oryx son una suerte de antílopes de largos cuernos que no manejan Twitter, no son de la cota mil, ni militan en el Frente Amplio), debajo de los cuales se hallaron ingentes reservas de petróleo, por lo que los animalejos fueron exiliados a cuerpo de rey a un país vecino. El segundo se trató del Valle del Elba de Dresden, en Alemania, luego de que un plebiscito determinara que la gente prefería la construcción del impronunciable puente de Waldschlösschen, que alteraría de manera radical el paisaje, pero les simplificaría la vida a sus habitantes.

Ahora, quizás somos nosotros los equivocados y tanto el alcalde Sharp como el subsecretario De la Cerda tienen razón: hagamos un plebiscito y, en una de esas, gana la opción de seguir destruyendo inmuebles, quebrando negocios, funando gente, dejando que las gaviotas (tampoco tuitean, entendemos, aunque nunca se sabe con estos pajarracos) se revuelvan entre excrementos, porquería y los ríos de orina que corren por las calles del viejo y querido "Pancho".

Por último, después les prometemos al profesor Ramón Latorre y a la Unesco la vigesimosexta (¿o era vigesimoséptima?) primera piedra del Centro de Neurociencia para algún miércoles de la segunda quincena de agosto de 2056. Por la tarde, eso sí. No sea cosa de que vayamos a despertar a la gente del Consejo de Monumentos Nacionales.

Se suele creer que el único responsable de garantizar la seguridad pública es el Gobierno -a través del Ministerio del Interior- y que, en cambio, los municipios poco pueden hacer al respecto. Sin embargo, una reforma del año 2016 (Ley 20.965) incrementó las responsabilidades y atribuciones de los alcaldes en el ámbito de la seguridad pública. Entre otras tareas, ahora los alcaldes lideran y designan a los miembros de un Consejo Comunal de Seguridad Pública, entidad que a su vez asesora al alcalde en la elaboración y ejecución de un Plan Comunal de Seguridad. Además, los alcaldes pueden nombrar un director de seguridad pública para su comuna. Esta modificación responde el hecho evidente de que los municipios se encuentran más cerca del territorio y, por lo mismo, son quienes se encuentran en mejor posición de responder a las necesidades de su comuna en la prevención de la delincuencia.

Cabe preguntarse, entonces, cómo ha sido la gestión del alcalde Jorge Sharp en esta materia. Recordemos que en su programa de campaña municipal, Sharp prometía un "Valparaíso sin temor" de la mano de 12 propuestas de seguridad pública.

Sin embargo, no se observan mejoras en este ámbito y las cifras delictuales hablan por sí mismas. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (CEAD), durante el año 2020 se han reportado en la ciudad 20 homicidios, 1.576 hurtos, 1.088 robos con violencia o intimidación y 896 robos por sorpresa, entre otros. En total, son 6.718 delitos de mayor connotación social, todo esto en un contexto de pandemia y cuarentenas. La estadística delictual confirma la percepción de inseguridad de los porteños. Recordemos que en la Región de Valparaíso el nivel de victimización asciende al 82,2%, donde un 33% cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses (ENUSC, 2019). Basta recorrer los cerros del Puerto para advertir que los vecinos tienen una percepción de inseguridad similar o mayor al promedio regional.

A lo anterior cabe agregar una actitud del alcalde que ha sido débil -por no decir contraproducente- frente a los desórdenes públicos y saqueos posteriores al estallido social. Cuando los porteños esperaban una señal política clara contra los desmanes, el alcalde Sharp presentó recursos judiciales en contra de Carabineros para limitar su accionar frente a las manifestaciones violentas. El resultado de esta política ha sido una ciudad completamente vandalizada, a lo cual se puede añadir la omisión en reparar, pintar y limpiar las calles del plan de Valparaíso, el inexistente control del comercio ambulante y la proliferación del narcotráfico, todo lo cual incide en un panorama urbano desolador, que aumenta la percepción de inseguridad.

En Valparaíso los vecinos siguen viviendo con miedo, quizás con más temor que antes. La gestión de Sharp en materia de seguridad pública ha sido, a lo menos, deficiente.