Redacción

Bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios con covid-19 se inició ayer el proceso de rendición de la Prueba de Transición para el ingreso a la educación superior.

El total de postulantes fue dividido en dos grupos para que se pueda mantener la distancia entre los alumnos que deben dar el examen, por lo que en esta primera jornada 134 mil estudiantes acudieron a rendir las pruebas de comprensión lectora y ciencias. Hoy el mismo grupo deberá someterse a las evaluaciones de matemáticas e historia.

El segundo conjunto de alumnos deberá dar los exámenes este jueves y viernes en el mismo orden.

Una vez cumplida la primera jornada, las autoridades hicieron una evaluación satisfactoria del proceso.

Buen comportamiento

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, afirmó que "la totalidad de los locales de rendición pudo constituirse adecuadamente" y en todos ellos "la prueba se ha rendido de forma absolutamente satisfactoria".

"Queremos destacar que ha habido un muy buen comportamiento por parte de todos los postulantes, quienes han seguido todas las indicaciones y recomendaciones que desde el Ministerio y el Demre junto al Minsal fuimos dando a lo largo de los días", agregó la autoridad.

"El proceso se ha desarrollado en completa normalidad, evidentemente considerando el contexto de pandemia en el cual nos encontramos", explicó Vargas, quien añadió que "no hemos tenido ningún postulante que haya llegado sin mascarilla, todos han seguido al pie de la letra las recomendaciones y eso ha permitido que todo haya transcurrido con normalidad".

Paralelamente, la directora del Demre, Leonor Varas, planteó que "ningún local partió una hora más tarde que la hora de partida. Todo ha ocurrido dentro de la normalidad, como un año normal, lo que para ser una situación de pandemia -con dificultades de desplazamiento, sin reconocimiento de salas el día previo- lo consideramos realmente un buen resultado".

Gobierno satisfecho

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que el proceso se desarrolló con completa normalidad, a diferencia del año 2019 cuando la prueba fue saboteada por estudiantes que no estaban satisfechos con su aplicación.

"Queremos decir que hasta el momento la Prueba de Transición se ha podido desarrollar de manera adecuada y normal, donde los estudiantes y sus familias han podido escoger y tener el derecho de postular a la educación superior, que algunos han intentado impedir", dijo Bellolio.

Ayer falleció el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz (67 años), quien formaba parte del máximo tribunal del país desde el 2014.

Carlos Aránguiz llegó a la Corte Suprema el 2014, cuando cumplía la labor de ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por nominación del Presidente Sebastián Piñera tras la vacante producida por Gabriela Pérez, quien dejó el cargo al cumplir el límite legal de edad.

El magistrado se hizo conocido públicamente luego de que en el 2000 fuera designado como ministro en visita del denominado Caso Coimas, que investigó el pago de sobresueldos en el Ministerio de Transportes, caso que comprometió a parlamentarios y autoridades del Gobierno de Ricardo Lagos.

Entre 2019 y 2020 volvió a un caso mediático como ministro instructor del procedimiento de extradición del empresario Carlos Cardoen.

Carrera judicial

Aránguiz ingresó al Poder Judicial en 1980, cuando ocupó en cargo de secretario del Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Un año después fue nombrado juez del Primer Juzgado de Letras de Los Andes y más tarde asumió como juez del Segundo Juzgado de Letras de San Felipe. En 1986 fue nombrado juez del Primer Juzgado del Trabajo de Valparaíso y en 1988 asumió como juez en el Cuarto Juzgado del Crimen de la ciudad puerto. En marzo de 1989 fue designado fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y en noviembre de 2000 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tribunal que presidió en 2001 y 2007.

A través de un comunicado de prensa, el Poder Judicial destacó que Aránguiz "fue el principal impulsor del ambicioso proyecto de 'Lenguaje Sencillo', el que mediante talleres, seminarios, manuales y actividades de extensión buscó promover e implementar un uso del lenguaje comprensible en las resoluciones judiciales".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el marco de la discusión del proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias a quienes han sido imputados por desórdenes en el contexto del estallido social y se mantienen en prisión preventiva.

Al abrir su presentación, que fue telemática, recordó que "el Consejo del Ministerio Público, integrado por la totalidad de los fiscales regionales, ya con fecha 14 de diciembre pasado, estimaron hacer presente que este proyecto de indulto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social".

Agregó que "indultar o aplicar una Ley de Amnistía, sea como se mire este proyecto de ley, a la comisión de hechos ilícitos tan graves como aquellos que contempla este proyecto, la verdad es que nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino que también para el futuro". "Basta ver y revisar los delitos contemplados en este proyecto para darse cuenta de la gravedad de prosperar", completó, afirmando que quedarían "en la impunidad delitos como el homicidio frustrado producido en la ciudad de Viña del Mar, cuyo autor, John Cobin, ha sido condenado a penas superiores a 11 años, o sin investigación muertes producidas por incendios cerca del Congreso, en la tienda Hites en la calle Condell (en Valparaíso)".

"profunda decepción"

El fiscal nacional aseguró ante los senadores que "no entendemos algunas disposiciones del proyecto de ley, por ejemplo dejar fuera a todos los empleados públicos del beneficio de esta ley". Abbott les dijo, además, que "queremos manifestar nuestra profunda decepción por los términos en que se funda el proyecto. Este proyecto se funda haciendo afirmaciones que son alejadas a la verdad y que agravian al Ministerio Público, a la Defensoría y a los tribunales, como si el sistema procesal penal no hubiera funcionado".

Ayer se reanudó el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca y en medio de los alegatos de clausura la Fiscalía de Alta Complejidad anunció que pedirá un mínimo de 15 años de cárcel para el exsargento del GOPE de Carabineros Carlos Alarcón, sindicado como el autor material del crimen del comunero mapuche. Según el fiscal Roberto Garrido, uno de los persecutores en la causa, ese periodo respondería a los delitos de "homicidio simple consumado y el homicidio frustrado, respecto del adolescente M.A.P.C. (quien acompañaba a Catrillanca cuando fue baleado por efectivos policiales)", mientras que por los apremios ilegítimos que también se le imputan, solicitan se le imponga una pena privativa de libertad de otros cuatro años.

La Corte Suprema acogió a trámite el requerimiento de 52 diputados de Chile Vamos para remover a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, tras la publicación del video musical que en su letra incluía la metáfora "saltarse los torniquetes", interpretado por el oficialismo como un llamado a la violencia. En su resolución el máximo tribunal dio un plazo de 15 días hábiles a Patricia Muñoz para que envíe un informe sobre los detalles del video titulado "El llamado de la naturaleza". Solo después de este informe, la Suprema resolverá si sigue adelante con la eventual remoción. El requerimiento fue presentado el 16 de diciembre y señala que "la defensora de la Niñez ha traspasado los límites de lo que legalmente le corresponde y ha entrado en un plano derechamente ilegal".