Es el tema que trato en mi libro "Cristianos sin Cristiandad (reflexiones de un legislador católico)" (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2020).

Es un libro que parte por la realidad (los hechos) y desde ahí formula una reflexión (la doctrina), en el entendido que la práctica política precede a la teoría política (una de las tantas herencias de los griegos).

Sigamos, pues, ese mismo orden lógico.

Hacia fines de los años sesenta, el Presidente Eduardo Frei Montalva introdujo los métodos anticonceptivos en el ámbito de las políticas públicas, casi al mismo tiempo (Humanae Vitae, 1968) en que el Papa Pablo VI prohibía los métodos anticonceptivos.

¿Hemos de concluir, entonces, que Frei Montalva era un mal católico que desafiaba y se colocaba al margen del Magisterio de la Iglesia?

Nada de eso. Frei estaba desempeñando el rol de un laico y político católico que tiene una misión específica en el ámbito de las realidades terrenales, al interior de una democracia pluralista que incluye la separación entre la Iglesia y el Estado.

Frei tenía que enfrentar una situación escandalosa constituida por la extendida realidad de la mortalidad materna (una de las mas altas de América Latina, en ese entonces), producto principalmente de la también extendida realidad de los abortos clandestinos.

Era el viejo tema del mal menor (métodos anticonceptivos) frente al mal mayor de la mortalidad materna y los abortos clandestinos.

Treinta años después Chile exhibía (y todavía exhibe) una de las tasas mas bajas de mortalidad materna en la región. ¡Una política pública exitosa, a no dudarlo (incluida la defensa del derecho a la vida)!

Similares fueron los desafíos que los laicos, políticos y legisladores católicos (y demócratas cristianos, como en mi caso) acometimos en los años noventa.

Enfrentados a la realidad, también escandalosa, de la existencia de hijos legítimos e ilegítimos (fui el diputado informante del proyecto para eliminarla) y del divorcio encubierto y fraudulento a través de las mal llamadas "nulidades matrimoniales" (con Mariana Aylwin fuimos coautores de la nueva Ley de Matrimonio Civil), discutimos y aprobamos una nueva legislación sobre ambas materias.

La jerarquía de la Iglesia nos acusó de atentar contra los conceptos de familia y matrimonio reconocidos en la doctrina católica. Nosotros argumentamos, en cambio, que ambas realidades eran un escándalo moral y que mas valía sincerar la situación, asumiendo la necesidad de un diálogo entre los principios del Magisterio y la realidad social de ese entonces (la Ley de Matrimonio Civil dictada en 1884 había sido considerada, por los cuatro obispos de la época, como un "amancebamiento legalizado").

Luego vinieron otros proyectos: la Ley contra la Discriminación Arbitraria (incluidas la orientación sexual y la identidad de género), la Ley de Acuerdo de Unión Civil para parejas homosexuales y heterosexuales (me remito a las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la materia), la Ley sobre Identidad de Género (creo, sinceramente, que la Iglesia ha desaprovechado el aporte de las ciencias sociales sobre el concepto de género, en el entendido que no somos sólo una realidad biológica sino una construcción social y cultural, sustituyendo esa reflexión por un dudoso concepto de "ideología de género") y la Píldora del Día Después (está suficientemente acreditado que no es abortiva).

La más conflictiva de todas fue la de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Bástenos con señalar que, desde la aprobación de esa ley, el aborto sigue siendo delito en Chile (y no es que yo crea que la criminalización del aborto sea una solución, pero tampoco lo es su legalización). No hemos legalizado el aborto. En lo personal, votaría en contra de la legalización del aborto libre o por plazos.

¿Cómo justificar la aprobación de todos esos proyectos por parte de la casi totalidad de los parlamentarios demócrata cristianos (la mayoría católicos)?

Ahí viene la reflexión (la doctrina). La libertad religiosa, la dignidad de la conciencia moral, la justa autonomía de las realidades terrenales, el rol de los laicos en los asuntos temporales (todos ellos conceptos sistemáticamente tratados en los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II) y el discernimiento ético (un tema magistralmente tratado por el Papa Francisco) nos proveen de una doctrina (asentada en el Evangelio, la tradición judeocristiana y aristotélico-tomista) que nos permiten encarar el necesario diálogo entre los principios y la realidad social, desde la perspectiva de un laico, político y legislador católico.

Y es que somos "cristianos sin Cristiandad", como ha dicho el teólogo jesuita José María Castillo. La Declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II fue el certificado de defunción de la Cristiandad. Eso solo puede ser visto como un signo de liberación: para la comunidad política, libre de la tutela eclesiástica, y para la Iglesia, libre de las ataduras (de 1.500 años, bajo el concepto de estado confesional) del poder temporal.