"Uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, facilitando el acceso a ella, que no es otra cosa que proveer los medios para que puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica". El ministro Hernán Larraín resumió así el espíritu del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la esperada Defensoría de Víctimas de Delitos.

Esperada, porque si bien los imputados de cometer delitos que así lo requieran pueden acceder a un abogado defensor, no ocurre lo mismo con las víctimas. Como lo explicó el martes la fiscal regional, Claudia Perivancich, "en los casos en que la víctima de un delito es una persona individualmente considerada, la Fiscalía está obligada también a darle protección. Ahora bien, ocurre en algunos casos que el interés de la víctima, o su expectativa en cuanto a los resultados de una investigación penal, no coinciden exactamente con las decisiones del Ministerio Público, por ejemplo, en relación al delito con el que se califica una conducta, o en cuanto a qué pena solicitar al Tribunal".

Si la Defensoría de Víctimas se aprueba en 2021, la Defensoría Penal Pública -que se ocupa de los derechos de los imputados- le llevará veinte años de ventaja. "Esta institución fue creada en el año 2001, bajo el marco de la Reforma Procesal Penal, para proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que carezcan de abogado, asegurando de esta manera el derecho a defensa por un letrado y el debido proceso en el juicio penal. Es decir, a través de la Defensoría Penal Pública se garantiza el derecho de las personas a contar con un abogado defensor", señala la página web de la institución.

El Presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto el domingo pasado, junto a los ministros del Interior y de Justicia, Rodrigo Delgado y Hernán Larraín; subsecretarios de esas carteras, parlamentarios e integrantes de las comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana del Senado y la Cámara de Diputados. El martes 5 el Ejecutivo lo ingresó con suma urgencia "para que se haga justicia y las víctimas de la delincuencia en nuestro país tengan una defensa oportuna y eficaz, y reciban el apoyo psicológico y social que merecen y necesitan", señaló el Mandatario.

El ministro Larraín expuso que la iniciativa "nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno, que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas", en tanto que el subsecretario Sebastián Valenzuela detalló que con este proyecto se logra crear una única institucionalidad, que hoy está dispersa en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una Política Nacional de Acceso a la Justicia.

"Con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral (despidos, por ejemplo), de familia (pensiones de alimentos), civil (contratos de arriendo) y penal (víctimas de delincuencia). Es la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a acceso a la justicia, que ha sido un proceso trabajado desde el primer día que asumimos, con apoyo del Programa EuroSocial de la Unión Europea, y que en el contexto de la pandemia redoblamos esfuerzos para concretar", complementó.

Cuatro líneas de acción

De acuerdo a la información del Ministerio de Justicia, el proyecto considera la creación de un nuevo organismo que reúne, coordina y sistematiza la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía y considera cuatro líneas de acción.

La general comprende integrar las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial del país reuniendo en un único servicio su oferta programática, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y Derechos Humanos, entre otros aspectos.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA DICE QUE LAS VÍCTIMAS ESTÁN EN DESIGUALDAD frente a los intereses de LA FISCALÍA -que no siempre coinciden con los de ELLAS- o del imputado, que goza de defensa.

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercurio valpo.cl