La Defensoría de Víctimas de Delitos entrega asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido afectadas por ilícitos, otorgándoles apoyo para superar las consecuencias del hecho. La de Derechos Humanos considera la asesoría y representación jurídica a personas vulneradas o en amenaza de vulneración en esa materia. Y la línea especializada consulta los programas diseñados para abordar las necesidades de determinados sectores vulnerables, como el Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.

En lo que respecta a la creación de la Defensoría de Víctimas de delitos, la información del Ministerio de Justicia indica que hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de esa tarea, situando a la víctima "en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese".

El nuevo organismo considera la representación jurídica y la atención psicológica y social a quienes carezcan de defensa, con especial foco en víctimas de delitos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y/o integridad sexual, y la libertad ambulatoria.

Un antiguo anhelo ciudadano

Respecto de la necesidad del proyecto que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos y sus principales aspectos se pronuncian el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto (DC) y dos parlamentarios de la región que la integran, Marcelo Díaz (Unir) y Luis Pardo (RN).

"Creo que un proyecto como este es necesario en el sentido de dar una señal que apunte a disminuir esa sensación que tiene la ciudadanía de que no todos tienen el mismo acceso a la justicia, o esa sensación de impunidad que queda cuando vemos que luego de cometer un delito, a los delincuentes se les asigna inmediatamente un defensor público si así lo requieren, mientras las víctimas, más allá del trabajo de Fiscalía, quedan en total abandono, no sólo jurídico, sino también psicológico", plantea el titular de la comisión.

En este sentido, agrega, "el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas busca aglutinar y ordenar la oferta estatal de defensa y representación jurídica que en la actualidad está comandada por las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial que existen en el país, además de distintos programas, lo que me parece que es muy necesario para eliminar cualquier obstáculo que pueda existir para que la ciudadanía acceda a la justicia".

Para el diputado Marcelo Díaz constituye "un primer paso para avanzar en una materia que, a mi juicio, requiere de cambios. Y lo planteé el año pasado por la prensa y también en el Congreso, tras el crimen de Ámbar, ocurrido en Villa Alemana: en el asesinato de esta adolescente fallamos todos como Estado. Es el mejor ejemplo de la indefensión en que se encuentran hoy muchos chilenos y chilenas, personas que son víctimas de criminales reincidentes. Por lo tanto creo que este proyecto va en el camino correcto, en cuanto a corregir, a ofrecer un mejor respaldo a las víctimas. Aunque aún queda evaluarlo en la Cámara".

"Ese era un antiguo anhelo ciudadano, especialmente de quienes han sufrido el desamparo y desorientación cuando han sido víctimas de delitos y se enfrentan a un sistema que en vez de apoyarlos provee asistencia y defensoría a los delincuentes, siendo sumamente inhóspito para las víctimas y la ciudadanía en general", agrega el diputado Luis Pardo.

Equilibrar la cancha para mejor persecución penal

Pero, ¿no basta con el Ministerio Público para garantizar el acceso a la Justicia, o los intereses del Ministerio Público no son siempre coincidentes con los de la víctima?

En ese aspecto, Pardo expone que "el Ministerio Público debe investigar y perseguir el delito, pero opera según sus prioridades e incentivos propios del sistema, por lo que muchas causas se archivan por falta de una contraparte que solicite diligencias útiles. En ese contexto, proveer de asistencia jurídica a las víctimas permitirá equilibrar la cancha para lograr una mejor persecución penal y así apoyar a la ciudadanía.

Marcelo Díaz: "A mi juicio el Ministerio Público y este servicio propuesto por el Gobierno pueden coexistir perfectamente. Se podría generar ahí una simbiosis muy interesante que favorecería a la víctima, que es en definitiva lo que se busca hoy".

Miguel Ángel Calisto opina que "no siempre los intereses del Ministerio Público coinciden con las expectativas de las víctimas. Es muy importante tener un mecanismo que permita entregar todo el apoyo jurídico necesario, pero además el apoyo psicológico que es muy importante, especialmente en víctimas de delitos graves".

Posibilidad de las víctimas de incidir en el proceso

En relación a la demora en la creación de la Defensoría de Víctimas, en circunstancias que el organismo que representa los derechos de los imputados existe desde el año 2001, el diputado Díaz es de la opinión que es mejor avanzar en estas materias que lamentarse por lo que no se hizo, "aun cuando es bueno recordar que hace un par de décadas contábamos con un proceso judicial retrógrado, que trabajó con la dictadura. Acá lo importante es modernizar lo que ya tenemos y este proyecto es una muy buena oportunidad para abrir la discusión y modificar en pos de la ciudadanía".

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana complementa: "No tengo claro a qué se debe la demora en la presentación de este proyecto, puede ser que la Defensoría Penal Pública haya nacido antes por la necesidad de resguardar el artículo 4 del Código Procesal Penal chileno, que dice que 'ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme'. Ahora existe más sensibilidad con respecto a las víctimas, sus necesidades y las distintas expectativas que tienen en relación al trabajo que realiza el Ministerio Público".

Para el diputado Luis Pardo, la defensoría a los imputados era y es necesaria para garantizar el debido proceso. "En los inicios de la reforma se estimó que el Ministerio Público era suficiente, sin embargo, la evidencia indica que no es así y que las víctimas no cuentan con las herramientas suficientes para incidir en el proceso, salvo que contraten a su costo un abogado, lo cual se da en muy pocos casos".

Concepto amplio de acceso a la justicia

Los parlamentarios de la Comisión de Seguridad Ciudadana también se plantean frente al hecho de que la institucionalidad propuesta en el proyecto excede el ámbito penal e incorpora las dimensiones laboral, en temas como despidos, por ejemplo; de familia (pensiones de alimentos) y civil (contratos de arriendo).

"Me parece lógico, porque esos aspectos ya los venían trabajando las corporaciones de Asistencia Judicial, que serán la base, junto a otros programas, del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia", señala el diputado Calisto, mientras Marcelo Díaz plantea que habrá que evaluar el proyecto una vez que ingrese a comisión, y que sería aventurado hacer juicios cuando la iniciativa recién fue despachada.

Luis Pardo subraya que "el concepto de acceso a la justicia es más amplio que la sola defensoría de las víctimas de delitos comunes y eso es muy positivo, dado que la institucionalidad propuesta permitirá materializar un derecho fundamental, como es el acceso a la justicia a miles de chilenos que no cuentan con los recursos necesarios para tener asistencia jurídica en temas tan sensibles como son las pensiones de alimentos o contiendas civiles".

Y en relación a cuán efectiva podría ser la creación del nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, el diputado Díaz expone que "el espíritu de cualquier proyecto que apunte a la defensa de la víctimas debe ir vinculado con casos de derechos humanos, de violencia familiar, de crímenes, entre otros. ¿Será efectivo? Hay que estudiarlo. A veces estos temas son un poco enredados y pueden generar más problemas que garantías a los ciudadanos y ciudadanas. Por lo mismo se requiere de una buena evaluación de la propuesta".

Para el diputado Pardo, en tanto, "es fundamental que la nueva institucionalidad conciba una gestión integral de la oferta de prestaciones que tendrá el nuevo servicio de acceso a la justicia. El esfuerzo que hacen las corporaciones de Asistencia Judicial y otros programas especializados es valioso, pero sin duda, insuficiente desde la perspectiva de un acceso oportuno y eficaz a la justicia para aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

Expectativas hay muchas. En la tramitación del proyecto se conocerán los detalles, sus ventajas y eventuales desventajas. 2

"No siempre los intereses de la Fiscalía coinciden con las expectativas de las víctimas. Es importante apoyarlas".

Proveer de asistencia jurídica a las víctimas permitirá equilibrar la cancha para lograr una mejor persecución penal".

Este proyecto de ley va en el camino correcto, en cuanto a corregir, a ofrecer un mejor respaldo a las víctimas".

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la defensoría penal pública se creó en 2001 para proporcionar defensa penal a los imputados que carezcan de abogado.

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En los días en que se anunciaba la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos, se conocía también un informe del Ministerio del Interior que releva la necesidad de contar con una agenda contra la violencia digital y contra las amenazas, que incluya una o más iniciativas legales y permita concentrar una serie de medidas de gestión que ya existen en diversos ministerios. En lo referente a amenazas, se indica que los tipos penales no han sufrido mayores modificaciones desde 1874, en circunstancias que el delito ha adquirido una gran relevancia recientemente -con una serie de denuncias por parte de parlamentarios y otras autoridades, como también las denominadas "funas" de que han sido víctimas algunas figuras públicas-, por lo cual esta agenda incluye la creación del tipo penal de coacción y hostigamiento. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara concuerda con esta iniciativa "porque la legislación debe ir actualizándose en línea con el desarrollo de la sociedad, en este caso, la importancia de las redes sociales en la vida cotidiana de las personas". Agrega que "junto a un grupo transversal de diputados, presentamos un proyecto que va en esta dirección, que previene, repara y sanciona situaciones de acoso online, como difusión de material íntimo sin consentimiento, el acoso digital, el doxing o difusión de datos personales, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de packs y el ciberflashing o exhibición de contenido no solicitado". "Es muy pertinente que se tipifique una conducta que se ha instalado como una nueva forma de hacer política, que va desde la funa física o digital hasta formas más sofisticadas de amenazas, especialmente a través de las redes sociales y que afectan no sólo a los legisladores o jueces, sino también a dirigentes sociales y líderes de opinión, lo que altera gravemente el debate público y representa un riesgo para la democracia", plantea el diputado Luis Pardo. El parlamentario Marcelo Díaz, en tanto, recuerda que "un grupo de diputados y diputadas presentamos un proyecto sobre violencia digital. Creo que lo que corresponde es que el Gobierno se sume a ese debate en vez de presentar otro proyecto. Sí me parece una materia en la que es indispensable legislar y pronto". 2