La falta de vivienda se ha convertido en un problema estructural. Las políticas oficiales, pese a significar importantes inversiones tanto en construcción como en subsidio, no van al ritmo de la demanda de vivienda propia del crecimiento de la población. Esto provoca un alto déficit de unidades habitacionales y atiza el desarrollo de soluciones de hecho. Aquellas de las más notorias son la tomas de terrenos, privados o estatales. Así surgen poblaciones irregulares que, si bien entregan un techo, lo hacen con baja calidad, debido a la precariedad de las construcciones, mala conectividad y falta de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Una realidad crítica, en medio de la pandemia con cuarentenas y recomendaciones de distanciamiento social y aseo continuado. Además, tomas y campamentos son terreno propicio para la acción de bandas que se dedican al tráfico de drogas, acentuando así las condiciones de vulnerabilidad.

El problema de la tomas, que no es nuevo, está haciendo crisis con exponencial desarrollo en nuestra región, lo cual ha motivado a los alcaldes de Viña del Mar, Quilpué y Limache a exigir un plan habitacional integral.

"Al no existir hoy día una política habitacional concreta, la solución que tiene la gente es tomarse nuevos terrenos", afirma la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, al reconocer que el problema en la comuna es grave.

Daniel Morales, alcalde de Limache, sostiene que las personas que viven en tomas "no han tenido acceso a la política pública de vivienda…Hay gente que no puede seguir esperando". En Quilpué la mayor ocupación ilegal de terrenos está centrada en zonas adyacentes al Troncal Sur, destaca el alcalde Mauricio Viñambres. Denuncia soluciones tardías ante situaciones que derivan en tomas. Advierte que Bienes Nacionales tiene terrenos que permitirían resolver el problema.

Y la crisis ha dado paso a la explotación ilegal del problema y a la comisión de acciones delictivas por algunos que ofician de "intermediarios" en ocupaciones y loteos irregulares. Ahí está el caso concreto de un empresario asesinado en la puerta de su casa en Concón por un sicario vinculado a uno de estos "corredores" ilegales de terrenos, justamente en el eje del Troncal Sur.

Conocedor del tema, el urbanista Iván Poduje denuncia "tomas con venta posterior, loteos brujos. Eso es absolutamente ilegal y además puede encubrir negocios".

En suma, un problema social que afecta a los más pobres, quienes ante la necesidad caen en la irregularidad. Frente a esa realidad, la exigencia de los alcaldes de un plan integral de vivienda tiene plena justificación y debe ser atendida desde el Gobierno y también desde el Parlamento, que se ahoga muchas veces en discusiones inconducentes.

Uno de los elementos en que se funda la esperanza para salir de la crisis institucional, económica y social en que estamos es la redacción de una nueva Constitución, la que tiene dos objetivos: organizar el poder y proteger nuestros derechos fundamentales, que pueden ser entendidos como aquellos bienes, espacios o esferas que tenemos para poder autónomamente determinar nuestros proyectos de vida. Las democracias modernas los reconocen en sus constituciones y establecen mecanismos que aseguran su cumplimiento.

Entre los derechos fundamentales se distinguen los derechos civiles y políticos (o de primera generación) de los derechos sociales (o de segunda y tercera generación).

Los derechos de primera generación se refieren, fundamentalmente, a nuestras libertades y participación en la vida política y son esenciales al constitucionalismo: libertad de expresión, libertad de conciencia, debido proceso, libertad de circulación, entre otros. Son un límite al poder estatal y, fundamentalmente, significan un deber de omisión del Estado. Su respeto no implica un desembolso económico. Nadie pone en duda que la nueva Constitución debe proteger estos derechos, incluida la propiedad, cuya seguridad jurídica es condición para el desarrollo económico, única manera de "agrandar la torta" y satisfacer los anhelos ciudadanos que se vinculan a necesidades materiales. Las constituciones de Chile de 1828 y 1833 se centraban en estos.

Los derechos de segunda o tercera generación se relacionan con nociones de equidad o igualdad, tienen una naturaleza social, económica o cultural y comenzaron a ser reconocidos por los Estados en la primera mitad del siglo XX. Pensemos en los derechos a la salud, educación o la seguridad social, entre otros. Son una exigencia al poder político del Estado y muchas veces significan un deber de acción por parte de éste. Su cumplimiento requiere de un desembolso económico y, por lo tanto, se vincula a la capacidad y grado de desarrollo de los países. Tanto las constituciones de 1925 como la de 1980 consagraron este tipo de derechos.

Una de las principales discusiones dice relación con el estatus de los derechos sociales. Más que en lo referido a si son verdaderos derechos fundamentales, en lo que dice relación con su "justiciabilidad" (si se pueden reclamar directamente en tribunales).

Ambos tipos de derecho tienen una diferencia estructural. Mientras los derechos de libertad limitan el poder público y exigen amparo judicial, los derechos o fines sociales nos comprometen con un mínimo de igualdad y se cumplen a través de políticas públicas. ¿Tienes sentido consagrar estos fines sociales como verdaderos derechos en la Constitución y, consecuentemente, permitir su reclamación ante tribunales?

Es negativo constitucionalizar aspectos de la vida económica y social del país propios de la discusión legislativa y de políticas públicas, sustrayéndolos de la deliberación democrática, que se expresa en la disputa entre distintos programas de gobierno, entregando estas decisiones a los jueces, que no tienen ni la legitimidad democrática ni el conocimiento técnico para esto. Tampoco tienen responsabilidad respecto del eventual desequilibrio fiscal que sus decisiones generen. Si la Constitución "se casa" con una visión determinada y expansiva de este tipo de derechos, se reduce el ámbito de la política y nuestra capacidad de decidir hacia dónde queremos llevar el país en distintas épocas.

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