El ex ministro de Agricultura Antonio Walker enfrentó cuestionamientos mientras ostentó ese cargo debido a los derechos de agua con los que cuenta en una sociedad agrícola de la región del Maule, de la cual posee 21%, críticas que se han repetido ahora que se presentó como candidato de Chile Vamos para la Convención Constitucional.

A ello hace frente durante la actual campaña y en una entrevista con Radio Biobío afirmó que "he sido víctima de una persecución política con una violencia verbal dura. Desmiento categóricamente lo que ha salido en redes sociales, es una 'fake news'. Soy un agricultor más de este país. Para algunos, que yo sea así es un delito, para mí es motivo de orgullo".

"No tengo ningún litro por segundo como Antonio Walker, quien tiene aprovechamiento de agua es la agrícola, que están debidamente inscritos. La verdad es que esta agrícola ha sido un referente para la agricultura de Chile", aseguró.

Y explicó cómo funciona el derecho de aprovechamiento: "El agua que está en el río es del Estado. Desde 1824 el Estado le otorga al privado un derecho de aprovechamiento del agua para un fin productivo, pero los particulares tienen que hacer las bocatomas, los canales y la distribución, por eso el Estado le otorga un derecho de agua a un agricultor. Yo soy uno de los más de 300 mil que hay en el país. Esa sociedad en la que participo tiene derechos de aprovechamiento de agua debidamente inscritos en la DGA".

Respecto a la futura Constitución planteó que "quiero representar en esta Constitución que el agua es para el consumo humano, eso no lo dice y quiero que lo diga. Tampoco dice que el agua es un bien nacional de uso público y quiero que lo diga. También quiero que diga que todos los ríos de Chile necesitan un caudal ecológico para mantener la biodiversidad de las cuencas. También quiero que diga que la certeza jurídica para los derechos de aprovechamiento de agua es fundamental para que haya producción de alimentos y que el agua no puede tener fines especulativos".

"Estoy de acuerdo con que a nadie en Chile le falte el agua y si para que pase eso hay que poner en la Constitución que el agua es un derecho humano, hay que ponerlo. A Santiago, ni a las grandes ciudades, les falta agua, el problema es del mundo rural", aseguró.

Sin embargo, dijo estar en contra de expropiar derechos de agua: "El Estado no tiene el capital para distribuir el agua, por eso hizo esta alianza público-privada para que sea mucho más eficiente".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó un balance de la etapa de verificación de requisitos para quienes recibieron el denominado "Bono Clase Media" entre los que cerca de 437 mil personas, en entre ellos 37 mil empleados públicos, presuntamente no cumplían con los requisitos para haberlo recibido.

El bono consistió en 500 mil pesos y se entregó a modo de ayuda por las consecuencias económicas de la pandemia.

El balance arroja que más de 88 mil personas ya han solucionado la situación después de los cuestionamientos masivos: algunos devolvieron el dinero y otros presentaron la documentación para acreditar que sí cumplían con los requisitos.

En tanto, 349.652 personas no han restituido el monto, incluyéndose a las personas que no presentaron antecedentes o que sí lo hicieron pero que se determinó que no les correspondía, lo que corresponde al 80 por ciento de los cuestionados.

Este balance se produce al completarse la primera etapa de facilitación, en la que el SII entregó a los trabajadores la posibilidad de restituir sin multas, intereses ni reajustes, o bien aportar los antecedentes que demostraran que efectivamente cumplían con los requisitos establecidos en la ley. Quienes no lo hayan hecho deberán reembolsar los montos recibidos con la aplicación de reajustes, intereses y multas.

Sector público

Un tema complejo lo han protagonizado los trabajadores del sector público que pidieron el bono sin cumplir con los requisitos.

De las 437.703 personas que cobraron ese bono, 37.100 son funcionarios del Estado. De ese global, 10.829 restituyeron el dinero lo que equivale al 29,1% del total. A ello se suma que 5.076 personas presentaron nuevos antecedentes y se verificó el cumplimiento de requisitos. En suma 15.905 trabajadores públicos que tienen su situación ordenada.

Como contrapartida, quedaron pendientes 21.195 (un 57% del total de funcionarios públicos) que no reintegraron el bono ni tampoco presentaron nuevos antecedentes, por lo que deben iniciar la restitución con recargos.

La lista de las reparticiones con más trabajadores públicos que solicitaron el bono sin cumplir los requisitos la encabeza Fundación Integra, con 1.013 involucrados.