Gobierno regional se sumó a reparos por el estudio ambiental del PGE
PUERTO. Una de las principales inquietudes apunta la "nula mención" que se hace a la existencia del humedal ubicado en la desembocadura del Río Maipo.
El Gobierno regional se sumó esta semana a la serie de entidades públicas que han presentado sus observaciones al estudio de impacto ambiental del denominado proyecto Puerto Exterior de San Antonio que corresponde al Puerto de Gran Escala (PGE), obra que supone una inversión de US$ 3.500 millones y que cuando esté completamente operativo llegará a movilizar un total de carga, mayoritariamente contenedorizada, de hasta 6 millones de TEUs cada año.
En un documento firmado por el intendente regional Jorge Martínez y que también fue visado por el Consejo Regional de Valparaíso, se mencionan una serie de reparos respecto a la iniciativa. En esa línea, una de las que más llama la atención es la referida a la situación del humedal que se ubica en la desembocadura del Río Maipo y que también ha sido objeto de diferencias con otras entidades como la municipalidad de Santo Domingo y organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, en el documento emanado del Gore se manifiesta la "preocupación por la nula mención que se hace a la existencia del Santuario de la Naturaleza "Humedal Desembocadura del Río Maipo", el cual se encuentra inmediatamente al sur de los límites del rompeolas del proyecto que ya se encuentra declarado y vigente desde el 27 de enero de 2020, y en que además está en vías de financiar su plan de manejo respectivo con fondos regionales".
Al respecto se solicita incorporar en el estudio una sección especial de cómo este proyecto impactará en las condiciones morfo dinámicas del humedal, dada su fragilidad ecosistémica y dependencia que posee a estas condiciones del comportamiento natural de la dinámica costera de la zona.
Sismos y tsunamis
En lo que también pone acento el escrito es en las mitigaciones ante la posibilidad de una catástrofe natural, que no es algo ajeno a la zona central y que ya ha ocurrido, como el terremoto de 1985. "En el contenido del EIA no se indican en detalle las medidas de mitigación y contención ante los posibles efectos de eventos sísmicos que puedan ocasionar tsunamis, dada la historia sísmica de la zona y los efectos que estos eventos han generado en las actuales instalaciones del puerto de San Antonio".
También se manifiesta preocupación por el reasentamiento de comunidades en los sectores de Llolleo y San Juan de la comuna de San Antonio, en función de asegurar una adecuada y digna calidad de vida a los habitantes de esos sectores. Se solicita mayor detalle en relación a cuales serán las condiciones de estos reasentamientos, los lugares hacia donde pueden ser destinados y si cumplirán con asegurar una mejor calidad de vida de dichos habitantes, asegurando y facilitando que mantengan sus formas de vida, costumbres y posibilidades de desarrollo económico.
Otro de los aspectos que observa el documento del Gore, y que solicita aclarar al titular, es que la iniciativa tampoco hace mención a la demanda del recursos que necesitará para sus fases de construcción y operación "en función de asegurar que se disponga del suficiente volumen de agua requerida para el proyecto, y las fuentes con las que dispone la compañía proveedora de este recurso para satisfacer dicha demanda".
Debate que se inicia
Frente a las diversas observaciones que han surgido ante el PGE de San Antonio y que recuerda lo acontecido en su momento con la ampliación del T2, el experto y consultor internacional en infraestructura y transporte Felipe Ulloa opina que una iniciativa de esta envergadura "debería hacer replantearse el modo en que el país dará tratamiento ambiental a ciertas infraestructuras ya construidas y confinadas en ciertas ciudades".
En ese contexto, el profesional señala que la construcción del PGE en San Antonio debe poner en el tapete la discusión acerca de "qué modelo de desarrollo quiere Chile para los próximos 50 años o más".
"Si ya en los principios de la década de los '90 se decidió crecer con protección del medioambiente y por tanto se entendieron los costos económicos que eso conlleva, el criterio guía para el desarrollo de nuevas infraestructuras para el crecimiento económico del país debería considerar aquellos aspectos normativos ya acordados y no poner en riesgos la inversión intentando avanzar en un proyecto que, producto de la normativa ambiental vigente, podría dilatarse en su construcción o simplemente podría no ser viable en su construcción producto del impacto medioambiental".
En esa línea, Ulloa sostiene que "una iniciativa de infraestructura y el país no pueden esperar 10 años para recién dar el vamos a una obra que sin duda traerá crecimiento y desarrollo".
"En el contenido del EIA no se indican en detalle las medidas de mitigación y contención ante los posibles efectos de eventos sísmicos".
Oficio del Gore, frente a EIA del PGE
Sustentabilidad y nueva Constitución
"Muchos problemas que vivimos en Valparaíso se están trasladando a San Antonio por el crecimiento de la comuna y los ciudadanos están planteando sus observaciones en relación, por ejemplo, a los humedales", comentó el secretario ejecutivo del Consejo Regional Logístico (Corelog), Javier León, quien también da cuenta del factor de sustentabilidad que se exige de los proyectos y que, apunta, "sin duda será uno de los temas que se discutirá en la nueva Constitución y allí creo que el directorio de EPSA debe anticiparse".
US$ 3.500 millones es la inversión que contempla el proyecto que aumentará la capacidad portuaria.
6 millones de Teus al año movilizará la infraestructura cuando esté en plena operación.
2020 en mayo de este año se admitió a tramitación ambiental la iniciativa liderada por EPSA.