Las cifras de desempleo dadas a conocer por el INE muestran una franca recuperación de la economía regional, luego de pasar por una profunda crisis en los meses más crudos de la pandemia. Sin embargo, no es posible todavía proyectar la actividad laboral con demasiado optimismo; por más voluntad que se ponga en ver un futuro despejado, es inevitable atisbar los nubarrones en el horizonte, sin olvidar que para muchos habitantes de la Región este es un verano atípico. La Encuesta Nacional de Empleo del trimestre móvil octubre-noviembre de 2020, reveló que la tasa de desocupación llegó a un 10,8%, un aumento de 3,1 puntos porcentuales en doce meses (7,7%), aunque una baja de un punto porcentual en comparación con el trimestre móvil anterior (11,8%). El rubro que más empleos perdió en este periodo fue el de alojamientos y servicios de comida (44,5%), es decir, todas aquellas actividades vinculadas al turismo.

María Violeta Silva, seremi del Trabajo, dijo que las cifras exponen que la Región va "por el camino correcto", ya que hubo una recuperación de empleos respecto del trimestre anterior. "Tenemos un aumento de la fuerza de trabajo, lo cual revela un aumento en las expectativas de la gente y que están saliendo a buscar trabajo", explicó la autoridad. Una visión menos optimista entregó Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional de Comercio, quien apuntó que el año 2020 culminó con las tasas de desempleo más altas que ha visto la región en los últimos años, al ubicarse en un 11,9% promedio. Pastene recuerda las caídas que tuvieron en el periodo rubros como el comercio, los servicios y el turismo. A su juicio, hay altas expectativas de que la situación del empleo pueda mejorar, pero reconoce que la economía local está irremediablemente atada a la pandemia. "Su avance seguirá dependiendo del comportamiento que tengan las comunas de la región en el plan Paso a Paso", estimó. Allí radica uno de los problemas que debe enfrentar la recuperación del empleo. Todo indica que las medidas de distanciamiento social y las restricciones al turismo -pubs, bares, restaurantes y hoteles- se mantendrán por lo que resta del verano y tenderán a profundizarse en la medida que la Región galope sobre su segunda ola de contagios, con comunas -Valparaíso y Viña del Mar- que presentan peaks superiores a los meses del invierno 2020. En paralelo, comienzan a resurgir en Valparaíso algunos resabios de las protestas que caracterizaron al estallido social y que tanto daño hicieron al comercio porteño. Un nuevo golpe a la actividad cuando intenta pararse de la paralización que significaron las cuarentenas sería de consecuencias catastróficas. Con esas y otras nubes sobre el horizonte, adquieren mayor importancia las estrategias regionales de desarrollo y los mecanismos de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. También son claves las señales de estabilidad y unidad que emanen desde el corazón del Gobierno Regional. Este es el momento.

Cuando en noviembre de 2019 la violencia insurreccional tenía a nuestra democracia contra las cuerdas, tuvo lugar el que seguramente ha sido el momento más luminoso de los últimos quince meses y medio. Los líderes de la mayoría de los partidos políticos de nuestro país suscribieron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que abrió el camino a una solución política a la crisis.

Parece claro que el acuerdo y el proceso constituyente al que dio lugar han tenido un efecto pacificador, aunque todavía insuficiente, pues sigue habiendo niveles inaceptables de violencia política. Es oportuno preguntarse, por tanto, si una nueva constitución podrá realmente resolver la crisis y qué obstáculos habría que superar para ello.

Dado que se trata de una crisis fundamentalmente política, un ejercicio de deliberación democrática como el que estamos emprendiendo puede ser una buena terapia. Por otra parte, aquello que ninguna constitución deja de abordar es precisamente la estructura y límites del Estado y la configuración del régimen de gobierno. En estas materias, nuevas reglas y principios podrían introducir mejoras relevantes, estableciendo mayores incentivos para la moderación, la búsqueda de acuerdos, la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo y la gobernabilidad, e instando a una efectiva modernización y descentralización del Estado. Un acuerdo que consiguiera eso podría aumentar significativamente la capacidad de las instituciones políticas para responder a las expectativas de los ciudadanos.

El problema es que, en vez de concentrarse en ello, muchos han preferido inflar las expectativas ciudadanas, invitando a bosquejar en la nueva constitución un sueño de país y asegurando que ella es la vía directa para resolver los problemas económicos y sociales. Y eso no hace sino aumentar las probabilidades de frustración y descontento futuros. La elaboración de una constitución no es momento para sueños, sino para la más fría y aterrizada reflexión, anclada en la evidencia, sobre el mejor diseño posible de nuestras instituciones públicas.

Y una de las cosas que esa evidencia empírica muestra es que no hay relación necesaria ni suficiente entre la atención que las constituciones prestan a los derechos sociales y la efectiva calidad de las políticas sociales. La constitución alemana no alude explícitamente a la salud y la sueca apenas la menciona y ambos países andan muy bien en la materia. En Latinoamérica, las habituales ensoñaciones constitucionales suelen convivir con una realidad persistentemente deficiente en ese campo. Todo indica que lo mejor es que en él las constituciones sean escuetas y dejen la determinación de las mejores políticas para hacer efectivos esos derechos al debate político ordinario sobre programas de gobierno y al proceso legislativo.

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, sostuvo esta semana que "la política de lo posible no da para más". Ese es el tipo de afirmaciones que pueden llevar a que el proceso constituyente fracase como solución a la actual crisis. Hoy necesitamos políticos dispuestos a impulsar reformas ambiciosas, pero firmemente ancladas en una rigurosa evaluación de lo posible.

Hace unas semanas, WhatsApp anunció que cambiaría sus políticas de privacidad, para poder usar datos personales de conversaciones en Facebook, su matriz. Ante esto, y tras muchas críticas, la red social anunció que paralizaría esta modificación. Este "escándalo" puede ser analizado como un problema de competencia.

Facebook, en un comienzo, habría ofrecido buenas políticas de privacidad. Sin embargo, con el paso de los años, habría comenzado a degradarlas. En paralelo, habría adquirido competidores pequeños sólo para neutralizarlos (Instagram y WhatsApp) y a permitir la recolección de datos en páginas de terceros conectadas a Facebook. Lo anterior, para potenciar su modelo de negocios: una experiencia de uso en la app a cambio de datos, usados posteriormente para publicidad personalizada.

En 2014, la fusión de Facebook con WhatsApp fue aprobada por la Comisión Europea. El principal riesgo consistía en que la combinación de datos entre ambas pudiera generar una ventaja competitiva irreplicable para otras apps. En este sentido, la Comisión determinó que sería económica y técnicamente imposible esta combinación. Al mismo tiempo, existiría tal cantidad de datos disponibles a lo largo de internet, que cualquiera podría competir potencialmente. Sin embargo, en 2016 Facebook hizo exactamente lo contrario: un cambio de políticas por las que permitiría la combinación. La Comisión la multó por haber aportado información incompleta o falsa en la investigación.

El modelo de negocios de Facebook podría generar riesgos anticompetitivos. En efecto, la única forma en que una app podría ser exitosa sería alojando masivas cantidades de usuarios para recolectar datos que la rentabilicen. Esta escala de usuarios no sería replicable por otros competidores. Por tanto, Facebook podría ser dominante en un mercado con barreras de entrada.

En condiciones competitivas, en este mercado se competiría por calidad (mejores experiencias de uso) y por privacidad (mejores tratamientos de datos). Actualmente, Facebook tendría incentivos para excluir a competidores, al limitar la interoperabilidad entre apps o la portabilidad de datos. De cara a los usuarios, Facebook ofrecería políticas de privacidad en condiciones infracompetitivas, sin que existan ofertas serias de otros.

Ante esto, existen demandas e intentos de regulación a nivel mundial. En Chile, la necesidad de una regulación de datos personales es imperante. Esta podría, desde este punto de vista, desincentivar conductas, generar un piso mínimo para competir, y permitir que regulaciones conexas no generen más daño que beneficio, como en el caso de la interoperabilidad de datos entre apps. Como puede apreciarse, el "escándalo WhatsApp" daría cuenta de un problema de dominancia de Facebook, por el que excluiría a otras redes sociales y explotaría a los usuarios en la recolección de datos personales. Este análisis requiere determinar cuáles serían las condiciones "normales" en que se competiría legítimamente en este mercado. Con todo, estas condiciones serán difíciles de determinar, dado el dinamismo propio de los mercados digitales, por un lado, y por el hecho que nadie haya superado todavía a Facebook, por el otro.