Agencias

El Gobierno cubano abrió este fin de semana las puertas a la expansión del sector privado, al eliminar la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora y sustituirla por otra que recoge 124 ocupaciones limitadas o vedadas.

La medida llega en un momento crítico para la economía de la isla, que se contrajo 11% el año pasado a consecuencia de la pandemia de coronavirus, el refuerzo de las sanciones de Estados Unidos y la tardanza en poner en marcha las reformas aprobadas hace una década para impulsar su ineficiente modelo de corte centralizado.

Aunque la decisión se anunció hace varios meses dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta ahora, según el diario oficial Granma.

La ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, avanzó que los trabajadores autónomos -conocidos en Cuba como "cuentapropistas"- deben presentar un proyecto y los trámites se realizarán a través de una ventanilla única, "lo cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en este sector".

Más de 2.000 actividades

Por el momento no se ha precisado cuáles son las 124 actividades prohibidas, pero la eliminación del listado de ocupaciones permitidas supone que el sector privado pueda incursionar en las más de 2.000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, señaló la ministra.

Es de esperar que entre los ámbitos restringidos permanezcan sectores como salud, educación, telecomunicaciones, energía o prensa, todos ellos estratégicos para el Estado cubano por motivos económicos o políticos, y en algunos tampoco está autorizada la inversión extranjera.

El sector privado emplea a 600.000 personas y supone el 13% de la población ocupada, según datos oficiales, aunque en la práctica el número es mucho mayor. Esos 600.000 son los poseedores de una licencia de "cuentapropista", pero a su vez emplean en sus negocios a más trabajadores.

Economistas cubanos y el propio sector llevaban años reclamando la eliminación de la lista de actividades permitidas al considerarla un lastre para la economía del país, y al "cuentapropismo" como la mayor fuente potencial de creación de empleo. El autónomo es, además, uno de los ámbitos más golpeados por las más recientes sanciones de EE.UU. y por la pandemia.

Buena parte del mismo se dedicaba al turismo y los servicios, golpeados primero por las nuevas medidas punitivas de Washington y después paralizados del todo por el covid-19. Entre las licencias más codiciadas figuran las de restaurante privado, arriendo de habitaciones y transportista.

Dirección correcta

"Es una buena noticia. Un paso en la dirección correcta que, desafortunadamente, demoró demasiado", dijo Ricardo Torres, doctor en Economía de la Universidad de la Habana.

Torres también confió en que esta medida se complemente cuanto antes "con cambios similares en relación a la posibilidad de establecer empresas privadas hasta de tamaño mediano (pymes) y cooperativas", en referencia a la esperada Ley de Empresa, cuya aprobación sigue pendiente.

"Es un paso enorme e histórico. Implica un cambio de paradigma con respecto al trabajo por cuenta propia, que siempre estuvo sujeto a un listado de actividades que eran las que se podían desarrollar, dejando en la ilegalidad a todo lo que no estuviera autorizado", opinó Oniel Díaz, cofundador de Age, que asesora en la gestión de negocios de emprendedores en Cuba.

El Gobierno haitiano arrestó y acusó al juez de la Corte de Casación Ivickel Dabrésil de intentar dar un "golpe de Estado" contra el presidente Jovenel Moise, mientras la oposición denunció una serie de "detenciones ilegales" que llegaron después de tres semanas de revueltas masivas.

"El juez hizo un complot para dar un golpe de Estado para desestabilizar el país", dijo el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent.

El presidente Moise anunció ayer previamente la detención del juez, entre otras 23 personas, sospechosas de conspirar en su contra. "Hubo un atentado contra mi vida", aseguró el mandatario. En el momento de su arresto, el sábado, el juez estaba en posesión de pistolas, metralletas y otras armas de fuego, según el ministro de Justicia, que calificó al grupo de arrestados como "terroristas" y "criminales".

Entre los detenidos también figura la inspectora general de la Policía, Marie Louise Gauthier, una de las funcionarias de mayor nivel.

Los arrestos se producen coincidiendo con la fecha en la que la oposición y el Consejo Superior del Poder Judicial (CPJ) afirman que termina el mandato de Moise, quien en cambio defiende que su período de cinco años concluye el 7 de febrero de 2022. El primer ministro, Joseph Jouthe, reiteró ayer que el mandato de Moise expirará dentro de un año.

La oposición anunció en los últimos días que pretendía darle la Presidencia interina a un juez de la Corte de Casación, una vez que lograran que Moise renunciara al poder. Entre los jueces citados por la oposición para dirigir el país de forma interina se encontraba Ivickel Dabrésil.

La oposición haitiana, los obispos y el CPJ, han expresado que el presidente Moise debía abandonar el poder este 7 de febrero, apoyados en un artículo de la Constitución. "La democracia está amenazada y el Estado de derecho está en peligro", dijo André Michel, portavoz del opositor Sector Popular Democrático, que calificó las detenciones de "represión sistemática".

Decenas de miles de personas se tomaron las calles de varias ciudades a lo largo de Myanmar (exBirmania) en desafío al nuevo gobierno militar, que levantó el bloqueo a internet tras más de 24 horas de desconexión.

Las manifestaciones más numerosas se registraron ayer en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, donde columnas de personas marcharon desde varios puntos de la urbe hasta concentrarse alrededor de la Pagoda Sule, el monumento más representativo del país.

Con proclamas en favor de la democracia arrebatada hace una semana por el Ejército y en contra de la junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, muchos de los asistentes son jóvenes nacidos décadas después de la implacable represión de los uniformados contra el levantamiento popular de 1988 y que eran niños durante la revolución azafrán de 2007, también sangrientamente doblegada.

Sin embargo, estos jóvenes aseguran buscar un futuro distinto al de sus padres. "Se metieron con la generación equivocada", "respeten nuestros votos" y "liberen a nuestros líderes", decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes.

El sonido de las bocinas de los autos en apoyo al movimiento pacífico de desobediencia civil se mezclaba con canciones en favor de la democracia, muchas entonadas por primera vez durante el levantamiento de 1988.

La policía estableció controles y barricadas en varios edificios públicos del centro de Rangún, como el Tribunal Supremo y el municipio, donde unidades de soldados armados aguardaron en su interior.

Las concentraciones prodemocracia también se registraron en numerosas partes del país, entre ellas Naipyidó, la capital fundada en 2008 por los militares, y Mandalay -la segunda ciudad más poblada-, donde caravanas de personas en moto circularon por la ciudad, además de decenas de poblaciones.

En las manifestaciones también se reclama la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos Aung San Suu Kyi (bajo arresto domiciliario), la exlíder de facto cuyo bloque ganó las elecciones de noviembre pasado y que el Ejército tilda de fraudulentas. Al menos 152 personas están detenidas, entre ellas dos sentenciadas a dos años de cárcel por cargos que no han sido precisados, mientras que los golpistas han puesto en libertad a otras 12 personas.