Constanza Peña Moya

La pandemia de coronavirus ha generado un fuerte impacto en la tramitación de causas judiciales y, por consiguiente, en el trabajo del Ministerio Público, según confirmó Claudio Uribe, fiscal adjunto de Valparaíso y presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, quien advierte de una inminente "saturación", sobre todo si se toma en cuenta el significativo incremento de causas por delitos contra la salud.

De hecho, puntualizó que "debemos tener el doble de causas que teníamos habitualmente en esta época del año, y esto, obviamente, va a impactar cuando pretendamos retomar la normalidad".

En entrevista con este Diario, el persecutor también se refirió al polémico proyecto de ley que busca indultar a imputados y condenados por delitos en el contexto del estallido social, subrayando de manera enfática que "se han respetado absolutamente todos los derechos procesales de quienes están imputados".

- ¿Cuál es su opinión frente a esta iniciativa?

- Creo que hay que ser bien cautos, porque más allá de hablar de los presos del estallido social, de lo que habla el proyecto de ley que conocemos hasta ahora es de presos por determinados delitos cometidos en el contexto del estallido. Eso -como está redactado el proyecto- puede terminar afectando a mucha delincuencia común que no tiene nada que ver con el estallido social. En segundo lugar, hay que hacer presente que el fundamento de la petición es que habría cierta situación de injusticia en contra de estas personas, y la verdad es que se han respetado absolutamente todos los derechos procesales de quienes están imputados, no son personas que estén en una situación de desventaja.

- ¿Descarta que existan violaciones a las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad por dichos delitos?

- Yo lo que puedo afirmar es que estas personas han tenido derecho a defensa, que sus causas han sido conocidas por los tribunales y que quien las ha resuelto es un juez que conoce todos sus antecedentes. Por lo tanto, se han dispuesto todas las garantías procesales que corresponden. Si ellos estiman que, por ejemplo, han sido víctimas de un montaje o alguna situación de ese tipo, obviamente tendrán que exponer sus antecedentes a disposición de los tribunales y ellos resolverán.

- La Fiscalía expresó hace un tiempo que el proyecto representaba "una mala señal para la convivencia social". ¿Usted está de acuerdo con eso?

- Sí, absolutamente. La base de la convivencia es un acuerdo en el cual quien comete un delito tiene que al menos ser juzgado por un tribunal. Si simplemente se van a cometer delitos y luego va a haber esta especie de indultos masivos -que más parece una amnistía, es decir, borrar la existencia de estos delitos- no parece ser bueno para la convivencia. Es decir, la impunidad absoluta no es una buena señal.

- ¿Cómo interpreta las críticas que apuntan al trabajo de Fiscalía frente a los casos de violaciones a los derechos humanos en este contexto?

- La Fiscalía ha hecho un tremendo esfuerzo en materia de delitos relacionados con derechos humanos. A nivel nacional, hay importantes causas que están siendo conocidas, donde se han llevado adelante investigaciones que son dificultosas, pero se han logrado clarificar situaciones bastante duras respecto a la escena de los derechos humanos, así que yo, en ese sentido, no comparto las críticas.

- Hace poco, la Corte Suprema informó que continuaban en prisión preventiva 26 civiles y 11 agentes del Estado. ¿Cómo evalúa esta cifra? ¿Ha habido demoras en estos procedimientos a raíz de la pandemia?

- Es un número extraordinariamente bajo de personas privadas de libertad. Y en ese sentido, me parece que es una cifra que da cuenta que las personas que están ahí lo están porque se les imputan delitos bastante graves, y, por lo mismo, se justifica la medida cautelar impuesta. Todas estas medidas cautelares tienen que ser revisadas cada cierto tiempo por los tribunales de justicia, y entiendo que así ha sido. De hecho, la Defensoría Penal Pública se encarga de que se revisen cada dos meses las prisiones preventivas. Respecto al impacto que pueda tener la pandemia en cada uno de estos casos, creo que habría que ver cada caso en particular.

- Y en general, ¿cuál ha sido el costo de la crisis sanitaria para el trabajo de Fiscalía?

- La pandemia ha representado una tremenda dificultad para el Ministerio Público, porque ha significado un aumento de causas -por ejemplo, las que dicen relación con delitos contra la salud- y una disminución de los recursos humanos y materiales que se disponen. Los órganos auxiliares, como el Servicio Médico Legal y otras entidades, también han tenido que restringir sus protocolos de trabajo. Todo eso se suma a que ya veníamos con una carga fuerte desde el estallido y a que los tribunales durante gran parte del año tomaron muy pocas, casi ninguna audiencia. Esto está generando una mochila importante de causas que se acumulan. Habría que ver los números, pero debemos tener el doble de causas que teníamos habitualmente en esta época del año, y esto, obviamente, va a impactar cuando pretendamos retomar la normalidad.

- ¿Se podría hablar de una saturación en la Fiscalía?

- Yo creo que vamos directamente hacia una saturación de causas.

- En ese sentido, ¿cree que son necesarias más herramientas para agilizar el trabajo?

- Ya la Asociación de Magistrados, por ejemplo, está pidiendo más jueces y más funcionarios para trabajar. Yo creo que, si hay más jueces, tiene que haber más fiscales por razones obvias. Es decir, cada juez que tome una audiencia necesita un fiscal sentado en la sala. Así que sí, necesitamos más fiscales, más funcionarios y, probablemente, también algunas modificaciones legales para flexibilizar la tramitación de las causas. De lo contrario, no sé cómo se va a resolver esto.

- ¿Siente que hay cierta desconfianza de la ciudadanía frente al rol del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con el estallido?

- Cuando hablamos de causas del estallido social nos referimos a dos tipos de causas: las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos más bien en el contexto de saqueos y graves alteraciones del orden público. La verdad es que yo no tengo claro si existe una sensación generalizada de la ciudadanía respecto a estas causas y en qué sentido. Lo que sí puedo decir es que nosotros, con los limitados recursos que tenemos, estamos tratando de hacer un trabajo absolutamente objetivo, mirando sencillamente la comisión de delitos, sin preocuparnos del color político de las personas involucradas.

"Se han respetado absolutamente todos los derechos procesales de quienes están imputados, no son personas que estén en una situación de desventaja".

"Necesitamos más fiscales, más funcionarios y, probablemente, también algunas modificaciones legales para flexibilizar la tramitación de las causas".

Violentas riñas protagonizaron la tarde del sábado, en pleno centro de Valparaíso, repartidores de servicios de delivery en motocicletas y un grupo de jóvenes okupas, incidentes que comenzaron en la subida Ecuador y que luego finalizaron en la calle Yungay, frente a una conocida casa okupa ubicada entre Edwards y Carrera.

Videos que se viralizaron a través de redes sociales registraron lo ocurrido en ambos puntos de la ciudad, en los cuales se puede constatar la extrema violencia con la que actuaron ambos bandos, utilizando incluso objetos contundentes para agredirse.

Todo comenzó cerca de las 18 horas en la subida Ecuador, frente a un paradero de taxis colectivos, lugar donde un grupo de repartidores se enfrentó a golpes con jóvenes que, al parecer, increparon a los trabajadores por supuestamente haber atropellado a un perro callejero.

La pelea y el caos generado en el lugar motivaron a vecinos a denunciar el hecho al teléfono 133 de Carabineros, llegando minutos después una patrulla, lo que generó que los involucrados se dispersaran.

Producto de ello, el teniente Cristián Cares, de la Octava Comisaría del cerro Florida, confirmó que no hubo detenidos ni tampoco una denuncia de presuntas víctimas. No obstante, precisó que "se realizó una denuncia por oficio a la Fiscalía por la riña y desórdenes ocasionados en caso de que se presente algún afectado".

Pero los incidentes no terminaron allí, ya que cerca de las 20.30 horas un nuevo hecho de violencia entre los mismos implicados se desarrolló frente a una casa okupa de calle Yungay, donde repartidores y una decena de jóvenes nuevamente se enfrentaron, esta vez con piedras y palos, generando serios daños en ventanales de edificios cercanos y en un automóvil estacionado en el lugar.

El jefe de la Segunda Comisaría Central, mayor Juan Escobar, señaló que Carabineros también se apersonó en el lugar tras recibir una denuncia, pero al llegar los involucrados escaparon.

Ayer, personal policial efectuó en el plan de Valparaíso diversos controles a repartidores de servicios de delivery, que en su mayoría son extranjeros, requisándose una moto y cursándose dos infracciones de tránsito.