Los pretextos no faltan y las manifestaciones violentas se repiten. Ahora el motivo es la muerte de un malabarista que se enfrentó con Carabineros en Panguipulli resistiendo un control de identidad, hecho que culminó con la reacción de un policía que, utilizando su arma de servicio, le causó la muerte.

El caso, que está en manos de la Justicia, ya es cosa juzgada para algunos sectores y la sentencia es castigar con fuego a las ciudades.

Esta sentencia ya ha sido cumplida con prolijidad en Panguipulli, donde grupos organizados quemaron el edificio municipal y servicios públicos anexos. Animados con el mismo espíritu de "justicia", se atentó también contra el edificio municipal de Villarrica, dañando algunas instalaciones. El fuego pudo ser controlado por Bomberos y se logró la detención de dos hombres y una mujer comprometidos en el atentado, quienes, tras el control de detención, quedaron en prisión preventiva. Entre ellos un viñamarino de 26 años, quien en su entusiasmo pirómano también quemó una bandera chilena. El detenido tiene un nutrido prontuario que anota actos de violencia, robo, lesiones y maltrato a Carabineros. La presencia de este viñamarino en el atentado incendiario en una atractiva localidad lacustre del sur del país, revela un "turismo de violencia", modalidad con razón rechazada por el alcalde de Villarrica, Germán Vergara. Recalca que los detenidos "son todos de afuera, que vienen a echarnos a perder el turismo acá".

Una nueva modalidad "turística" que constituye un atentado contra toda la comunidad de esa zona gravemente afectada por las restricciones derivadas de la pandemia.

Valparaíso, donde la castigada plaza Aníbal Pinto sigue siendo escenario de actos de violencia, también acusa un grave daño, con su comercio subsistiendo con gran dificultad en medio de cortes de tránsito, barricadas y humo.

Quienes legitiman estos actos de violencia, allá y acá, saben perfectamente el daño que provocan a las ciudades, a sus actividades y, en concreto, a las personas, a los comerciantes que deben cerrar sus negocios y a los trabajadores que pierden su empleo.

Y lo debe saber perfectamente la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD), quien, justificando los ataques, afirmó que "en Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?".

Hay otros que no tienen la franqueza de la parlamentaria, pero avalan la violencia con falacias como aquella de los "$ 30 y los 30 años" o, más cómodamente, con el silencio.

Entretanto, la dinámica de la violencia y la crispación generarán nuevas víctimas y seguiremos asistiendo a la destrucción de nuestras ciudades -Valparaíso, ejemplo vivo de una ciudad que muere- y, mucho peor, a la demolición de nuestra convivencia social.

Últimamente, ha surgido un interesante debate acerca de cómo conciliar la doctrina de la Iglesia Católica con la libertad de conciencia de cada cual. Hay quienes piensan que un político católico tendría autonomía para, en ciertos casos, oponerse al magisterio eclesiástico, según lo que estime contribuiría de mejor manera al bien común social. Se citan ejemplos de situaciones a las que antaño la Iglesia se oponía y que hoy resultan plenamente aceptadas. Por tanto, se argumenta, no sería extraño que muchos de los aspectos que hoy la curia rechaza tenazmente, mañana podría acogerlos. Se insinúa que si la Iglesia no se pone a tono con los tiempos, se quedará sin feligreses.

Al respecto, habría que aclarar que en la Iglesia existe una jerarquía de verdades. En la cúspide están aquellas asociadas a la palabra de Dios, a las que todos los fieles necesariamente deben adherir con asentimiento de fe. Le siguen las verdades en materias de fe y costumbres, que la Iglesia específicamente proclama que deben ser acogidas de manera irrevocable. Por último, están las enseñanzas que, aunque no tienen el carácter de definitivas, los católicos le deben asentimiento religioso. En casos calificados un político católico podría contradecir estas últimas, sin caer en herejía.

Por otra parte, en una categoría especial están los absolutos morales, que corresponden a los preceptos negativos de los Diez Mandamientos: no matar al inocente, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio. Ellos obligan siempre a todos, en toda circunstancia, sin excepciones; no se podrían violar ni siquiera para lograr un bien más alto. A lo más, se podría tolerar -repito, tolerar- un mal menor para obtener un bien mayor, pues jamás será lícito hacer deliberadamente el mal para conseguir un bien.

Si pudiéramos categorizarlos, el más importante de los absolutos morales es el derecho a la vida. Desde ya, el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 27) rechaza tajantemente todo lo que se oponga a la vida humana: los homicidios, el aborto, la eutanasia, el suicidio, etc. El supuesto bien común que un político esperaría alcanzar violando alguno de estos absolutos sería efímero, ya que a la larga se ocasionaría un mayor mal a la sociedad toda.

En definitiva, la Iglesia no obliga a nadie a ser católico, pero espera que sus fieles, aunque pocos, se mantengan en comunión con la autoridad eclesiástica. Confía en la libertad de los fieles, en la certeza de que "la verdad no se impone, sino por la fuerza de la misma verdad" (Dignitatis humanae, 1).