Irreprochable conducta impide solicitar perpetua a sicario de empresario
CONCÓN. Audiencia de preparación del juicio oral se realizará el 18 de marzo, proceso en el cual participarán 39 testigos.
Conmoción causó la mañana del 18 de mayo de 2020, la muerte a sangre fría y a plena luz del día del empresario Alejandro Correa (60), quien falleció en el frontis de su casa, ubicada en Bosques de Montemar, en Concón, tras recibir a quemarropa un disparo en la cabeza. El modus operandi del homicida llamó la atención y a días del hecho se confirmó que el asesinato había sido por encargo.
La causa es liderada por el fiscal Stefan Kramar Brand, quien a más de ocho meses del brutal homicidio presentó la acusación en contra de Víctor Gutiérrez Londoño, ciudadano colombiano que es sindicado como autor del mortal disparo a Correa; Renato López Fuentes, quien fue detenido y formalizado como autor intelectual y por haber pagado para dar muerte al empresario; Claudio Riveros Canales, quien ayudó a trasladar a Gutiérrez y esconder el arma; y Melisa Palma Valdés, pareja de Gutiérrez.
Los imputados se encuentran desde el año pasado en prisión preventiva y ahora a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral, que fue fijada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar para el próximo 18 de marzo. En este sentido, el Ministerio Público regional aseguró que aplicó las máximas penas establecidas en la ley, las que serán debatidas en juicio.
"En relación a las sanciones, (...) se está requiriendo las penas máximas para cada uno de los imputados, de acuerdo a lo que establecen las reglas legales sobre determinación de pena reguladas en el Código Penal, considerando, además, las circunstancias modificatorias atenuantes, así como las que permiten configurar el delito de homicidio calificado", se informó desde la Fiscalía.
Sanciones aplicadas
De este modo, el órgano persecutor afirmó que "respecto de Víctor Gutiérrez, autor material del homicidio calificado, se tienen en cuenta las calificantes de la existencia de un acuerdo de pago y la premeditación, y se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo", consignando, a su vez, que "la irreprochable conducta anterior del acusado impide solicitar la pena de presidio perpetuo respecto de este delito".
Además, se explicó que "respecto de Gutiérrez se está solicitando una pena de 10 años por el homicidio frustrado de la segunda víctima, amigo de Correa que se encontraba junto a él el día de los hechos"; y "finalmente se requiere la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y por la receptación del arma la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio", lo que hace un total de 38 años.
Según confirmó la Fiscalía regional, "en relación al autor intelectual de los hechos, Renato López Fuentes, se solicitó la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado por la existencia de un acuerdo de pago y por la premeditación". También se consideró la irreprochable conducta anterior.
En lo que respecta a Riveros, "conductor del vehículo el día de los hechos, está imputado como cómplice de homicidio simple y a su respecto se requiere la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo" y "se solicita la pena de 5 años por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, más 3 años respecto del delito de receptación del arma", confirmó la entidad.
Finalmente, para "Melissa Palma se requiere la pena de 15 años de presidio mayor en su grado máximo". En el juicio oral, la Fiscalía "espera poder presentar toda la prueba ofrecida".
Testigos y pruebas
En la acusación presentada por el fiscal Kramar se puntualiza que al juicio oral serán llamados 39 testigos para sustentar la tesis de la Fiscalía, que estima que el delito se produjo por "rellenos controlados" en Quilpué, situación que fue denunciada por Correa días antes del brutal asesinato.
A esto se suma la presentación de diversas pruebas documentales, donde destacan las transcripciones de escuchas telefónicas, copias de los comprobantes de depósitos que habría efectuado López a Gutiérrez, flujos de la cuenta corriente de López y la causa que figura en el Juzgado de Garantía de Quilpué por "Rellenos Controlados" y otros medios de prueba, como el arma incautada, que corresponde a un revólver marca "Arminius", calibre .38 special, municiones y celulares.
"Se está requiriendo las penas máximas para cada uno de los imputados, de acuerdo a lo que establecen las reglas legales sobre determinación de pena reguladas en el Código Penal".
Fiscalía regional, Declaración