Justamente cuando desde el Consejo Regional se emiten señales de alarma por la falta de grandes proyectos locales de inversión, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informa que debido a la crisis sanitaria están paralizados los estudios para una vía ferroviaria rápida entre Valparaíso y Santiago.

Desde un punto de la inversión local, el presidente de la Comisión de Inversiones del Core, Percy Marín (RN), afirma que "tuvimos que gastar 40 mil millones, aproximadamente, en lo que tuvo que ver con las cajas de mercadería, los insumos para la atención primaria, equipamiento para los centros de atención hospitalaria… Hemos sido la Región del país con más gastos en la emergencia sanitaria. Eso nos deja en una situación supercompleja respecto a los proyectos que habíamos visualizado y que en algún momento podríamos haber financiado". Lo anterior significa que no hay recursos para este año y las posibles inversiones se deberán hacer con cargo al presupuesto 2022. Y eso significa que ese presupuesto del próximo año parte hipotecado.

Claro está que lo gastado en salud, bien gastado está. Significa invertir en vida.

Pero, por otro lado, la larga lista de proyectos paralizados, algunos de magnitud, como el ferroviario o la expansión portuaria, cualquiera que sea, impactan negativamente en la tan necesaria creación de fuentes de trabajo, precisamente cuando una de las principales, el turismo, está por los suelos.

Y mientras el proyecto ferroviario ni siquiera sale del tablero de dibujo y sigue en el limbo, el martes por la noche la televisión mostraba a una satisfecha Gloria Hutt, ministra de Transportes, visitando la conexión de los túneles de la Línea 3 del Metro de Santiago, obra con un avance del 43% que servirá de enlace para el futuro tren a Batuco. Y Batuco, cruel paradoja, era una estación de la antigua vía ferroviaria entre Santiago y Valparaíso. Una calle de Viña del Mar lleva su nombre.

Este avance de una línea del Metro de Santiago es expresión de una evidente asimetría en la inversión pública cuando la prolongación de la red de Merval a Quillota y La Calera no nuestra siquiera un centímetro de avance.

De ninguna manera se puede objetar la inversión en salud, especialmente en medio de esta emergencia, pero no se puede descuidar el frente del desarrollo general de la región. Con esa mirada debe ser escuchada la core Fernanda González (UDI) cuando sostiene que "el sector económico de nuestra región tiene que seguir avanzando en paralelo, independiente que estemos en pandemia, pero es la única forma de que la región se mantenga a flote".

En resumen, se debe entender, claramente, que la lucha es en dos frentes: el sanitario y el económico. Tras esos dos frentes hay seres humanos que necesitan protección ante la pandemia y, a la vez, seguridad en sus emprendimientos y fuentes laborales.

En algunas semanas comenzará el mes de marzo y con eso el inicio presencial del año escolar que el Ministerio de Educación ha promovido desde mediados del año 2020. Este proceso abre, sin duda, una serie de interrogantes sobre la posibilidad cierta de que los centros educativos puedan atender de manera presencial y de qué manera lo harán.

Docentes de todo Chile han manifestado su enorme preocupación por la exposición de miles de profesionales al contagio, los que en cierta medida queda resuelto con el plan de vacunación. Pero ¿están preparadas las escuelas, colegios, centros, institutos y liceos a la apertura presencial a clases? El Ministerio de Educación, desde fines del año pasado, comenzó un proceso con cada centro para generar planes de retorno a clases, donde se establecen protocolos y medidas para generar las condiciones necesarias para el retorno. No obstante, todas estas acciones se pueden ver alteradas por un aspecto central de los procesos de gestión educativas que, al parecer, ni el ministerio ni las autoridades educativas han planteado y que puede generar un colapso del proceso de apertura, afectando aún más los procesos formativos y educativos de los niños de todo Chile.

La evidencia en gestión educativa señala claramente que parte del éxito de los procesos de gestión educativa está en la necesidad de que los planes que se generan en cada centro deben ser participativos, informativos y consultivos con toda la comunidad educativa. El Colegio Médico viene planteando desde abril del año pasado la necesidad de generar una mesa técnica y social educativa con integrantes de cada estamento escolar, lo que, lamentablemente, no ha sido considerado hasta el momento por las autoridades centrales. Ahora bien, las escuelas y colegios de todo Chile pueden generar las condiciones necesarias para abrir procesos consultivos, participativos e informativos con su comunidad, que permitan reconocer todos aquellos nudos críticos que puedan levantarse en el proceso de apertura escolar.

Durante 2020, a través de diversos trabajos realizados desde la Universidad Andrés Bello (UNAB), en la carrera de Psicología, sede Concepción, con diversas instituciones educativas, la necesidad de participación, información y consulta se hace evidente para tener procesos exitosos de gestión educativa. De ahí la necesidad de un plan de puesta en marcha para lo que significará el retorno de más de 2 millones de estudiantes en todo Chile.

Un porcentaje importante de las escuelas tienen falencias para implementar procesos de gran escala y requieren de acciones que impliquen espacios de trabajo en comunidad. Docentes, familias, funcionarios y estudiantes tendrán miles de consultas y dudas, aspectos que requieren ser revisados a tiempo para que el proceso de apertura, en los casos que sea posible, no sea otro proceso más de trauma y colapso. La participación permite a toda la comunidad conocer e informarse sobre los protocolos y ser parte de su diseño. Sentirse escuchados disminuye la incertidumbre, cohesiona a las comunidades y se asume una responsabilidad compartida sobre el proceso.

La apertura de las escuelas será una tarea titánica que requiere de todas las provisiones necesarias para evitar ocurran más situaciones que alteren los procesos educativos especialmente en aquellos grupos más vulnerables. La participación de la comunidad educativa en su conjunto es prioritaria.