En una inesperada resolución, la Corte Suprema acogió anteayer, de forma parcial, el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública en favor del estadounidense John Macarewich Cobin, condenado por disparar temerariamente (uno de cuyos tiros hirió en un muslo a Luis Villegas Ahumada y otro dio en el automóvil de Daniel Molina Meza) durante una manifestación en Reñaca el 10 de noviembre de 2019, modificando la pena de 11 a 6 años de cárcel fallada por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar el pasado 25 de octubre.

De esta manera, la Sala Penal del máximo tribunal anuló la parte del fallo que condenaba a Cobin por los delitos de homicidio frustrado y de homicidio en grado de tentativa, recalificando el primero como lesiones graves y el segundo como daños.

La nueva interpretación argumenta que ni la Fiscalía ni la parte acusadora pudieron acreditar el dolo directo en el accionar de Cobin, ni tampoco el delito de homicidio calificado frustrado que pedían los acusadores, sino solo lesiones graves consumadas, que merecieron una pena de 819 días, además de una segunda de 301 días por daños y una tercera de 3 años y un día por disparo injustificado de arma de fuego.

Las críticas por la recalificación del fallo y el acortamiento de la condena de Cobin -un símbolo de los imprudentes "chalecos amarillos" de los días del estallido- se asocian a la lentitud con la cual la Justicia ha obrado en el caso de los detenidos por incidentes, enfrentamientos con Carabineros, daños públicos y privados, y otras tropelías cometidas desde el 18 de octubre de 2019.

Ello incluso motivó la presentación de un indulto por parte de las senadoras Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y sus pares Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), cuya idea de legislar fue votada favorablemente a fines de enero por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con el apoyo de las senadoras Muñoz, Provoste y Latorre; y el rechazo de Felipe Kast (Evópoli) e Iván Moreira (UDI).

De esta forma, el proyecto de ley sigue su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, donde algunos como el senador Pedro Araya (Ind.) ya anticipan una ardua discusión ("en Chile no existen presos políticos; las personas que se encuentran detenidas en causas relacionadas con el estallido social tienen que ver con la comisión de ciertos delitos, no están presos por sus ideas o pensamientos", aseveró), para luego continuar su curso en la Comisión de Seguridad.

Así, lamentablemente, el debate cívico vuelve a crisparse en torno a esa suerte de bandos nacidos para el 18/O, según los cuales unos merecen el perdón por motivos humanitarios y otros el más cruel de los castigos por su impresentable oposición. La Justicia vuelve a ser cuestionada.

El reciente establecimiento -por parte del Gobierno- de discusión inmediata al TPP-11, hace resurgir una frase incorporada en el texto propuesto por la comisión técnica constituyente y publicada en la Ley de Reforma Constitucional. En ella se hace explícito la necesidad de "respetar los tratados internacionales ya ratificados por Chile y que se encuentran en vigencia".

Pero ¿qué implica esto último? ¿Significa la obligatoriedad de mantener operativos dichos convenios internacionales como ha sido hasta ahora? Para responder estas preguntas, primero se debe establecer que hay distintos tipos y tratamiento de los tratados internacionales. Así, existen en materia ambiental, cooperación, inversiones, propiedad intelectual, comerciales, derechos humanos por cierto, entre otros. En ello, el respeto de los acuerdos en comento implica el apego a su articulado y, por tanto, las disposiciones contenidas en estos y que señalan y hacen posible su operatividad.

No obstante, los tratados en materia económica, particularmente los comerciales, incluyen -en general- cláusulas de denuncia, es decir, la posibilidad de retiro (disposición instaurada para dar cese el compromiso internacional adoptado). De hecho, el propio TPP-11 establece en su Artículo 30.6, una vez en vigor en los países, la posibilidad de abandono. El procedimiento consiste en notificar al depositario (Nueva Zelanda), quien, a su vez, notificará al resto de países.

Así, respetar lo convenido en un tratado comercial internacional tiene inequívocamente el respeto a sus obligaciones y derechos para todas las partes involucradas y, por ende, la propia facultad y posibilidad (o instrumento contractual) de retiro que ellos entregan. Dicho de otra forma, respetar los acuerdos ya ratificados por Chile, no inhibe -en ningún caso- su posibilidad de denuncia. Sin embargo, surge una nueva pregunta: ¿es de competencia de la Convención Constitucional la denuncia de los acuerdos? Pareciera discutible, teniendo presente que la Constitución Política de la República en su artículo 54, inciso 6, establece de manera exclusiva y competente al Presidente de la República la facultad de denunciar o retirarse de ellos. Distinto es la modificación de dicha facultad.

Finalmente, a la hora de analizar la permanencia en los acuerdos detallados, y más allá del espíritu que pudo o no tener una frase o de decisiones meramente políticas, parecería más importantes analizar y poner en la balanza las ventajas y desventajas que nos ha entregado por décadas una política de apertura comercial. En ello, las prioridades han cambiado, y en medio de un proceso constituyente, las exigencias de la ciudadana apuntan a saber qué hace distinto a un acuerdo comercial de otros, así como requerir mayor inclusión, tratamiento y cuidado a temas tan relevantes para el comercio internacional como son: comercio electrónico, fomento a las pymes, género, medioambiente, entre otros.