En el debate público de las últimas semanas se ha planteado el dilema de si las próximas elecciones del 11 de abril deben tener lugar en un solo día, como ha sido la norma usual, o, por el contrario, en dos días consecutivos debido a que se trata de la reunión de cuatro comicios: gobernador regional, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes.

Los argumentos expresados de uno y otro lado dan cuenta de un desafío acerca de cómo ponderar adecuadamente los valores de promoción de participación ciudadana y del necesario resguardo de la prueba de la blancura de los comicios asegurando la inviolabilidad de los votos depositados en las urnas. Cuestión esta última que se presenta en las posiciones que abogan por la extensión de los comicios en dos días consecutivos.

En efecto, los partidarios de que la elección tenga lugar en dos días consecutivos aducen que, dada la importancia del acto electoral, principalmente, porque dos de los comicios son inéditos en nuestra historia republicana como es la elección de autoridades de gobierno en la región y de miembros para un órgano constituyente, se hace necesario generar las condiciones para promover el máximo grado posible de participación ciudadana en aras de la legitimidad del proceso eleccionario. De igual modo, agregan que, atendidas las restricciones de movimiento y aforo dentro de los locales de votación producto de los protocolos sanitarios por COVID-19, unidas a la necesidad de emitir cuatro sufragios distintos, hace que la ratio de tiempo por elector suba de forma importante.

Los que abogan porque la elección tenga lugar, como de costumbre en un solo día, sostienen que la mayor participación de votantes no depende directamente de la extensión de los comicios en dos días consecutivos sino de que se aseguren las garantías materiales de traslado y de voto sanitariamente seguro para los ciudadanos que forman parte del padrón electoral. Para tal propósito, bastaría asegurar la gratuidad del transporte en toda la red, fraccionar los locales de votación en unidades más pequeñas a fin de acercar los sitios de votación, en la medida de lo posible, a los barrios de los electores, y, no menos importante, colocar de una vez en marcha modalidades de voto anticipado por correo, actualizando, de ese modo, nuestro sistema electoral a lo que, desde hace tiempo, es la norma en las democracias avanzadas.

Es preciso además considerar que, junto con promover una mayor participación, es igualmente importante proteger la inviolabilidad de la voluntad ciudadana, pues, la extensión de la elección en dos días consecutivos supone riesgos de vulneración de los votos en las urnas, planteando exigentes desafíos logísticos y de resguardo de las urnas y locales. Incluso, aun cuando no lograra demostrarse la existencia de actos físicos de vulneración, la sola extensión monta un escenario de suspicacia ante cualquier resultado, situación altamente probable dado el alto grado de deterioro de la confianza pública en las instituciones.

En consecuencia, a juicio personal, considero que en aras de la paz social y garantía de transparencia sería saludable efectuar el acto electoral en un solo día, pero extendiendo el horario de funcionamiento de los locales de votación, fragmentándolos, estableciendo gratuidad amplia en la red de transporte y promoviendo el uso de modalidades de voto anticipado.

Sin embargo, la última palabra la tienen las autoridades gubernamentales, el poder legislativo y el Servicio Electoral, quienes, frente a unas condiciones sociales y económicas extremadamente dificultosas, con altos niveles de crispación social, se ven enfrentados a un dilema de Hamlet sobre la forma de ponderar y adecuar valores de igual importancia, como son la promoción del mayor grado posible de participación electoral y la necesidad de garantía absoluta de la inviolabilidad y fidelidad de la manifestación de la voluntad ciudadana en las urnas. Sin olvidar que no es ni lo uno, ni lo otro, pues ambos son componentes indisolubles de la legitimidad democrática.

La legitimidad de abril

Sin perjuicio de la inestabilidad política y social develada a partir de la crisis de octubre, nuestro sistema electoral ha sabido mantener su prestigio. Así, y diferencia de otros países en los que se pone en tela de juicios los resultados electorales, la inmensa mayoría de los chilenos confía en la transparencia de nuestros comicios, factor que es fundamental para una sana convivencia democrática.

Quizás por lo mismo, al anunciarse la intención de dividir las elecciones de abril en dos días -sábado 10 y domingo 11- algunos líderes de opinión hicieron saltar las alarmas: ¿Para qué innovar en la logística de la elección más importante de nuestra historia reciente si es que las cosas venían funcionando tan bien?

El escenario sanitario actual, donde se ha visto un explosivo aumento en el número de enfermos, unida a la interminable lista de candidatos que estarán en la papeleta, aconsejan buscar soluciones para evitar aglomeraciones y focos de contagio, los que se verían incrementados a raíz del tiempo que demorará cada elector en escoger su preferencia.

En este contexto, si la propuesta presentada por el Gobierno prospera -ésta se encuentra en comisión mixta luego de ser aprobada por el Senado y rechazada por la Cámara- las personas podrán sufragar durante dos días seguidos. Por lo tanto, y a diferencia de procesos previos, los vocales de mesa deberán sellar las urnas al finalizar la primera jornada para que éstas sean custodiadas por funcionarios de las fuerzas armadas hasta el día siguiente. Ahí estaría el meollo de la cuestión. Según algunos, ello podría significar que sectores radicales acusen fraude electoral en caso de obtener un resultado desfavorable, denunciando manipulación de las urnas y poniendo en riesgo la legitimidad del proceso constituyente.

Tomando en cuenta ésta y otras consideraciones, quizás es más conveniente celebrar conjuntamente las elecciones municipales con la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, manteniéndose la fecha original -11 de abril- sólo para la elección de los convencionales constituyentes y la primera vuelta de gobernadores, así se conserva la ininterrupción de cada proceso aislado. De esa forma también se evitarían las aglomeraciones, se disiparían las dudas respecto a un eventual fraude electoral y se ahorrarían costos en la organización de una jornada adicional. Tres pájaros de un tiro.

Ahora bien, si el camino que se escoge es otro sólo nos queda remar para el mismo lado. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil jugarán un papel clave defendiendo la legitimidad de las elecciones de abril, porque acusaciones infundadas y fake news seguramente habrá de sobra. En esa defensa descansa un hito fundamental. Nada más ni nada menos que la salida institucional para la crisis política y social más grave de los últimos 50 años.

Dr. Carlos Dorn Garrido