Habría sido mejor sincerar las cosas y acabar con esta ficción de la señora Juanita pudiendo redactar la Constitución cuando lo que se necesitaba era, en realidad, un grupo de expertos de todas las tendencias".

Una de las virtudes del sistema democrático moderno es que, en teoría, cualquier persona, independiente de su condición económica, puede postularse a un cargo de representación pública en igualdad de condiciones al resto.

Sin embargo, en la práctica, en Chile, desde 1810 en adelante, hay apellidos que se siguen repitiendo hasta el día de hoy en los pasillos del Congreso y las posibilidades de que un ciudadano de a pie pueda optar a un cargo relevante como diputado, senador o presidente, sin contar con el apoyo de un partido, parecieran ser iguales a cero.

Luego del 18 de octubre de 2019 y el acuerdo para aprobar o rechazar la actual Constitución, parecía cambiar este panorama. El rechazo a la actual Carta Magna y a que una convención mixta se hiciera cargo del nuevo texto se abría como una posibilidad única para que cualquier chileno, independiente de su condición sexual, social, económica o club deportivo, pudiese ser parte del selecto grupo que crearía una nueva Constitución.

¿Qué ha ocurrido en la práctica? Ante el rechazo a la convención mixta, varios parlamentarios renunciaron a sus cargos para ser candidatos, lo mismo que algunos ex ministros, alcaldes o intendentes. Ninguno de ellos entendió que el NO a la convención mixta era un rechazo a la clase política a la que pertenecen.

¿Qué ha ocurrido con el resto? Los independientes, los ciudadanos comunes y corrientes se han encontrado con una pista pesada. El sueño de ser constituyentes se estrella con el hecho de que sus nombres no son conocidos y que para conseguir captar la atención, necesitan recursos, miles de pesos, millones en realidad, que ninguno de ellos tiene para una apuesta que puede ser demasiado arriesgada.

A través del sitio del SERVEL, podemos conocer algunos de los montos y las enormes diferencias entre unos candidatos y otros en un mismo distrito. Para el caso que nos interesa, el distrito 7, compuesto por Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Casablanca, entre otros, hay espacio para el mismo número de representantes en la redacción de la nueva Constitución, es decir, siete, mientras que los candidatos son 77.

En lo que respecta a los aportes, en una somera revisión de estos, aparece en el top 3 de los montos: Juan Pablo Rodríguez con $36.260.000 millones, Agustín Squella con casi $10 millones y Jaime Bassa con $2.818.000. Todos ellos han sido bendecidos con el apoyo de generosos donantes. En el caso de Rodríguez, solo entre cinco personas reunieron $25 millones, mientras que en el caso de Squella, se llega a esa cifra gracias a casi 50 colaboradores que aportaron desde un millón hasta 500 pesos. Un caso aparte es el de Raúl Celis que se autodonó $6.410.000 pesos.

En la vereda contraria, hay casos increíbles: Patricia Torres ha recibido solo $200.000 pesos. Parece poco, pero es una cifra que cuadriplica los $50.000 pesos que le llegaron a Barbarita Lara y Alejandra Zúñiga. Más del doble de lo que se autodonó Isaías Rojas ($25.000), que, aunque sea muy poco para tratar de armar una campaña, es un poquito más de los $21.000 que recibió Miguel Espinoza y los $20.000 de Alejandro Páez. Mención especial para Pablo Donoso de la Lista del Pueblo que recibió un aporte anónimo de $1.000.

Las diferencias son abismales. Mientras unos podrán regalar camisetas, contratar publicidad en las redes sociales y repartir calendarios, al pobre Donoso ni siquiera le va alcanzar para las fotocopias.

Habrá que esperar los montos totales de la campaña y los resultados finales de este proceso para lograr determinar cuánto influye el poder económico en el resultado de una elección. Si ocurre lo que muchos creemos, que existirá una relación directamente proporcional, no estaría de más aprovechar la ocasión de la redacción de la nueva Constitución para ir repensando el modelo hacia un sistema que asegure las mismas posibilidades para todos.

Habría sido mejor sincerar las cosas y acabar con esta ficción de la señora Juanita pudiendo redactar la Constitución cuando lo que se necesitaba era, en realidad, un grupo de expertos de todas las tendencias. Al final del día, parece que nos terminamos dando una vuelta enormemente larga, costosa y dolorosa, para llegar adonde mismo estábamos. 2

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La pelota estará del lado de quienes aspiran a regir los asuntos públicos en nuestra región y en el país entero. Se requieren nuevas iniciativas, más recursos, una policía moderna y una clase política a la altura".

Tamara y su madre hicieron lo que tenían que hacer. La niña iba sentada en su silla, la que permitiría salvarle la vida en caso de un choque. En el momento en que un grupo de antisociales decidió hacer una "encerrona" contra el auto que manejaba su mamá, ella también actuó "en regla": no opuso resistencia y estaba dispuesta a entregar el móvil.

Pero se demoró. Solo unos segundos, para sacar a Tamara de su silla. La dificultad que todos quienes somos padres de niños pequeños tenemos al momento de sentarlos o sacarlos del asiento, la pelea con las famosas correas y el "cinturón de tres puntas", se convirtió en una sentencia de muerte para la pequeña de solo cinco años.

Itan también estaba con su madre. También iba en su auto. Y también terminó muerto, esta vez por una bala en medio de un enfrentamiento entre carabineros y delincuentes, que al igual que en el caso anterior, habían intentado una "encerrona".

La violencia y la falta de seguridad ciudadana parecen haber tenido un avance proporcional al del coronavirus, las cuarentenas y el toque de queda. A medida que se han levantado las medidas para contener la Covid-19, los delincuentes han apurado el tranco y palabras como "encerronas", "portonazos", "motochorros" y "narcotráfico" han empezado a competir en espacio y páginas con la pandemia.

Pero cuando son dos niños los que pierden la vida. Dos menores de apenas cinco y seis años, inquieta. Preocupa. Duele.

El gobierno -el mismo de la "puerta giratoria" y "se les acabó la fiesta a los delincuentes"- se ha visto sobrepasado, sin capacidad de acción ni reacción. El Parlamento, para qué decir. Las policías y fiscales no logran muchas veces dar con los responsables de los actos delictuales y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a andar asustados.

La cantidad de elecciones que tendremos este año será nuevamente un momento de pasto fértil para que la seguridad ciudadana se convierta en tema obligado para los candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores regionales, constituyentes y para qué decir a parlamentarios y presidente. Entonces, empezarán a resonar -como en cada campaña- los llamados a terminar a como dé lugar, con los delitos, a aumentar las penas, a "poner mano dura".

Sobre todo, considerando que para la ciudadanía es un tema en extremo sensible. De hecho, en la mayor parte de las encuestas, la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana son efectivamente uno de los principales problemas para los chilenos, junto con la salud, la educación y el desempleo.

Los números oficiales respaldan el temor ciudadano. En 2020, mientras las restricciones producto de la pandemia se endurecían, se verificó una baja en los delitos de connotación pública, salvo los asesinatos, que aumentaron considerablemente: más de 700 homicidios fueron cometidos en Chile durante el año pasado, un 33% más que en el mismo periodo de 2019.

Hacia fin de año, de acuerdo a datos de Carabineros consignados en los medios, los delitos como hurtos y robos volvieron a subir. Entonces, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que "el desconfinamiento da paso a los delitos de oportunidad, como el robo por sorpresa y el hurto".

Nuestra región no ha sido la excepción. De hecho, hace solo un par de semanas los medios daban cuenta de la agresión sufrida por una conductora en Curauma, la que fue amedrentada por seis delincuentes para robarle su auto. Y en estos días, vimos cómo un taxista era arrastrado por su propio vehículo, hurtado por un narcotraficante que intentaba escapar de carabineros en Valparaíso.

La delincuencia continúa y en la vida real, lejos de los flashes, los volantes y los debates televisados, se trata de un mal que los chilenos -y también los habitantes de la V Región- no tenemos cómo paliar. Al parecer, el gobierno tampoco.

Las diferencias sociales, el libre mercado exacerbado, el narcotráfico, el consumismo a toda prueba y la dramática realidad de muchos de nuestros jóvenes e incluso niños -que no ven otro acceso a estos bienes, más que delinquir- continúan existiendo, pese a las campañas políticas y las promesas que quedan sin cumplir.

La pelota ahora estará del lado de quienes aspiran a regir los asuntos públicos en nuestra región y en el país entero. Se requieren nuevas iniciativas, más recursos, una policía moderna y una clase política a la altura. Pero, además, campañas políticas serias, que no falten el respeto a quienes han sido víctimas de estos delitos y, sobre todo, a Tamara e Itan, para quienes no terminó ni "la puerta giratoria" ni la "fiesta" de los delincuentes. 2

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