Cuando faltan apenas 35 días para la histórica elección de gobernadores y convencionales, que se suman a los postergados comicios municipales, existe incertidumbre por la realización del maratónico proceso y en qué condiciones sanitarias nos encontraremos. El covid-19 se disparó el viernes a más de 5.300 casos y las autoridades revisan las opciones para que este se lleve a cabo de la forma más segura y participativa posible.

Es en este escenario que el Gobierno ingresó la noche del lunes 1 al Parlamento un proyecto de reforma constitucional, con el cual busca que la elección se realice en dos días, argumentando motivos de tipo sanitario y la gran cantidad de candidatos en las papeletas: solo para los convencionales son cerca de 1.200 los postulantes a nivel nacional y más de 12 mil aspirantes a concejales en todas las comunas del país, lo cual podría generar aglomeraciones mayores a las del plebiscito de octubre del año pasado.

La iniciativa del Ejecutivo, que fue aprobada en general por el Senado, pero rechazada por falta de quórum el viernes por la Cámara de Diputados -necesitaba 102 votos a favor, consiguiendo solamente 92-, y que pasa a comisión mixta esta semana, plantea una serie de modificaciones y nuevas facultades al Servicio Electoral de Chile (Servel). Sobre esta materia, el proyecto apunta a que el organismo "pueda establecer horarios exclusivos de votación a diferentes grupos de personas, con miras a la seguridad y participación efectiva de grupos de riesgo, como adultos mayores, personas embarazadas y enfermos crónicos".

Además, indica que el Servel deberá establecer normas respecto del "sellado de urnas del día 10 de abril, así como la reapertura de la votación el 11 de abril, custodia de las urnas y de los útiles electorales y orden del escrutinio". En cuanto a los vocales de mesa, estos deberán cumplir sus funciones ambos días, recibiendo un bono de $30 mil por cada jornada de elección, una suma mayor a los dos tercios de UF (aproximadamente $19 mil) que se cancela normalmente, totalizando en cerca de $11.000 millones el total de recursos que se utilizarían para remunerar a los vocales.

"una medida sanitaria"

El diputado y experto electoral Pepe Auth (Ind.), destaca la propuesta del Ejecutivo, asegurando que nace de una sugerencia que hicieron con algunos parlamentarios con miras al plebiscito y que reiteraron en enero pasado, en el marco de la discusión por el voto anticipado. "Estoy contento de que finalmente, aunque algo tardía, el Gobierno se haya allanado a la idea", apunta.

El representante del Distrito 8, indica que inicialmente se pretendía "imponer el voto anticipado, a pesar de que el Servel decía que el tiempo era muy breve para asegurar un padrón distinto, para que votara gente el día viernes en forma excepcional; cuando el problema que teníamos y que tenemos, es que si no hacemos nada, si repetimos la elección del 11 como fue el plebiscito del 25 de octubre, las aglomeraciones y el riesgo sanitario que está asociado van a ser gigantesco".

El parlamentario considera que para esta oportunidad podría haber una cantidad similar o hasta mayor de personas en las urnas, en comparación con el referéndum, atendiendo que podrían concurrir adultos mayores que no participaron en la oportunidad anterior por miedo a la pandemia. De todas formas, apunta a que podrían producirse aglomeraciones, debido a la mayor cantidad de papeletas y opciones en cada una de ellas, lo que ciertamente produce un riesgo sanitario.

"Es indispensable hacer algo, y hay dos alternativas: o tú multiplicas por dos el número de locales, generando inseguridad, porque según nos dicen los encargados de seguridad, si multiplicamos los centros disminuye la seguridad naturalmente; o extiendes el plazo de votación y le agregas un día. Esto se hizo en muchos países que tuvieron elecciones en el período de pandemia, y por lo tanto, si se garantiza bien la protección de las urnas, previo sellado al término del primer día, francamente podemos garantizar una elección masiva en términos de participación y segura, desde el punto de vista sanitario", afirma Auth.

En una línea similar, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, asegura que el proyecto "es una propuesta necesaria". Y si bien repara en que podrían llegar críticas sobre lo "tardía" que resulta la iniciativa, "indudablemente es necesaria. Vamos a tener unas elecciones muy importantes en abril y las razones sanitarias no habían sido objeto de ninguna medida especial".

"Ya tenemos una experiencia después del plebiscito y, por lo tanto, era importante ver qué medidas adicionales se podían tomar que garantizaran que la mayor cantidad de chilenos puedan ejercer su derecho al voto con total libertad y seguridad sanitaria. (…) Ahora va a ser más seguro ir a sufragar y lo más probable, es que hay una gran cantidad de chilenos que no fueron a votar en el plebiscito -se estima en aproximadamente 400 mil mayores de 65 años-, a pesar de que lo habían hecho regularmente en todas las otras elecciones y que ahora lo harán", remarca el académico, quien también experto electoral.

Asimismo, Müller añade que "eso hace suponer que el sesgo se produjo, básicamente, por el temor al contagio. En la medida que bajemos ese temor, ya sea garantizándole horarios o un día a los mayores de 55 años, vamos a lograr mayor participación o, al menos, una más segura".

Con el gran número de nombres repartidos en las papeletas, el ejecutivo ha planteado la necesidad de acortar los tiempos de sufragio y evitar aglomeraciones y nuevos casos de covid-19.

Nicolás Reyes Acevedo

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