El inicio de una nueva etapa, más abierta, franca y transparente, respecto de la ampliación portuaria de Valparaíso es, cómo no, una buena noticia para la ciudad y sus habitantes. Algo de ello quedó claro en la interesante mesa de conversación titulada "Ampliación portuaria: Rumbo a los 500 años de Valparaíso", organizada en conjunto por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Empresa Portuaria de la ciudad (EPV) y El Mercurio.

En ésta participaron el arquitecto Alberto Texido, la académica Paola Moraga, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, el vicepresidente de RETE, Roberto Converti, y el gerente general del puerto, Franco Gandolfo.

En suma, una no muy frecuente conjunción de necesidades, sueños, voluntades y diálogos en la carrera contra el tiempo que ha terminado siendo el crecimiento portuario (desde las primeras discusiones y desconfianzas iniciadas en la primera mitad de la década pasada), y que hoy comienzan a esbozarse en las mesas de diálogo con incumbentes y ciudadanos llevadas por la EPV al alero de la Fundación Casa de la Paz, un equipo femenino liderado por la geóloga María Eliana Arntz, dedicado a la implementación de procesos de diálogo y participación incidente entre la ciudadanía y el sector público para proyectos de esta laya, con experiencia en casos como el de Mall Arauco en Maipú, el Proyecto Urbano del eje Alameda-Providencia, las operaciones de Anglo American en la Región de Valparaíso y diversas iniciativas energéticas.

Interesante, asimismo, resultan las palabras del pintor Gonzalo Ilabaca, acaso uno de los ciudadanos que más han trabajado y debatido sobre el rol de apertura urbana, recuperación patrimonial y repoblamiento que hoy se le exige al puerto. En gran parte mérito suyo fueron la conformación del Consejo Coordinador Ciudad Puerto y la frustrada mesa municipal, que introdujo los conceptos de borde costero integrado y ciudad oceánica en el Pladeco porteño. Por lo mismo debe valorarse el reconocimiento que le hace a la nueva administración portuaria: "Ha sido la EPV la que ha abierto el diálogo, no ha sido el intendente ni el alcalde".

Cabe precisar que la EPV inició en enero de este año el proceso de licitación de transición del Espigón, con el objetivo de que el nuevo operador que reemplazará a TCVAL (que optó por el way out) esté operando durante el segundo semestre de este año, mantiendo los niveles de eficiencia y la estabilidad laboral de su antecesor durante los cuatro años de vigencia de la concesión, período en el cual debiera aclararse el futuro de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Terminal 2 y de la ampliación portuaria de Valparaíso. Así, para 2025 la estatal portuaria planea tener diseñado el segundo proceso de licitación -esta vez por treinta años- atractivo y consensuado con la comunidad.

Como ha venido ocurriendo regularmente desde aquella histórica noche de principios de septiembre de 1988, esta semana se dio inicio a una nueva versión de la ya tradicional franja televisiva de propaganda electoral. Pero si hace más de tres décadas ella alentó mis esperanzas de una transición pacífica y exitosa a la democracia -como efectivamente aconteció-, los mensajes de estas jornadas han dejado, a mi juicio, de manifiesto las serias dificultades a que se enfrenta el propósito de darnos una constitución que realmente contribuya a mejorar las cosas en Chile.

Probablemente el peor problema es que no hay hasta ahora acuerdo sobre lo que razonablemente cabe esperar de una nueva constitución y con no poca frecuencia incluso se desinforma al respecto. En España, en 1978, desde los comunistas hasta exministros de Franco acordaron una carta fundamental que llevó a ese país al período de mayor libertad y progreso de su historia, gracias a que coincidían en el objetivo principal del texto: consolidar la naciente democracia española y lograr que funcionara bien. Nadie pretendió, por tanto, teñir la constitución con su específica ideología o constitucionalizar sus programas de gobierno (y volver con ello inconstitucionales los restantes).

La situación de Chile hoy es distinta a la española de entonces. Pero creo que lo que hemos de buscar con una nueva constitución es básicamente lo mismo: fortalecer una democracia que atraviesa por una crisis y lograr que funcione bien. La causa medular del malestar existente es que, a pesar de los notables progresos de las últimas tres décadas, nuestras instituciones políticas fueron perdiendo la capacidad de atender a demandas ciudadanas plenamente justificadas, como muestra con claridad el ejemplo de la eternamente postergada reforma previsional. Ello se debe a que nuestro sistema político ha ido favoreciendo la polarización, la fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso y el conflicto entre éste y el Ejecutivo y a que descansa en un Estado centralista y en muchos aspectos anticuado.

Remediar esos defectos es lo mejor que podría hacer una nueva constitución para facilitar una mayor calidad de vida para los habitantes de esta tierra; para que, luego, a través del ejercicio regular de la deliberación democrática, vayamos consiguiendo que nuestras instituciones aseguren mejores servicios públicos y una red de protección social más sólida, al tiempo que favorecen el incremento de la prosperidad general y la equidad.

El problema es que muchos quieren hacernos creer que una constitución puede por sí misma darnos todo esto último. Eso nos enfrenta a tres serios riesgos. Uno es quedarnos con una constitución llena de lírica inútil, al modo de un barroco árbol de navidad cargado de cartas al viejo pascuero, que solo sembraría nuevas decepciones. Otro es dejar que los jueces tengan poder para determinar nuestras políticas públicas. Y el último es constitucionalizar políticas sociales y económicas específicas. Y esto, que sería indeseable aun si se tratara de las que la evidencia muestra como las mejores, pues eso puede cambiar, sería desastroso si, como con frecuencia se propone, se graban en piedra las malas.

Cuando miles de padres debatimos si nuestros hijos irán a clases presenciales o no, hay tres familias que quisieran estar en esa disyuntiva, pero las vidas de sus pequeños hijos han sido brutalmente segadas por la violencia. No son los primeros y cuesta creer que van a hacer los últimos, hoy sus nombres resuenan y se hacen visibles en una pena compartida.

Los delitos contra las personas han crecido un tercio este último año y la violencia se apodera de delitos comunes, hace varios meses hemos advertido que las encerronas y portonazos habían adquirido otro rostro que finalmente cobró de la peor forma su escalada. ¿No los vimos venir? Muchas voces han advertido la penetración del narcotráfico, el fácil acceso de armas ilícitas e importación ilegal de armas de grueso calibre, la organización de bandas criminales, segmentadas, violentas, con involucramiento delictivo de niños y jóvenes, muchos de ellos consumidores problemáticos de drogas y alcohol. También hemos advertido la deficiencia en la información y en la priorización de la búsqueda de niños y adolescentes, la reacción tardía y poco coordinada, la falta de prevención de un sistema de protección que es incapaz de llegar antes.

Son miles de niños muertos por negligencia, falta de prevención, por violencia intrafamiliar, por escaladas delictivas durante la última década. Cuesta racionalizar lo que está pasando, cada uno de esos niños desgarra el alma, cada niño son todos los niños, esos hijos, son nuestros hijos. ¿De que han servido las agendas cortas, las cárceles más grandes, los grandilocuentes llamados a subir las penas? Subir las penas no disuade la comisión del delito si no somos capaces de formalizar y condenar, para lo que se requiere hacer un buen trabajo investigativo y una ejecución correcta de la pena. ¿Cuántos años se ha insistido en la necesidad de tribunales de ejecución que garanticen el cumplimiento, o un buen sistema pospenitenciario?

A dos años de cumplida la pena de la cárcel, más de un 50% de los internos vuelve a delinquir. ¿Y la prevención? Llegar antes significa estar con todo un sistema apoyando la reducción de factores de riesgo y creando factores protectores, con una oferta de calidad y basada en la evidencia. ¡Esa debe ser la prioridad!, cuando las balas salen de los "fierros" en manos de otros niños, es que llegamos muy tarde, niños que desertan, que se drogan, que matan porque un adulto los explota, un narco los recluta y los transforma en sus soldados.

Si queremos que esto cambie, necesitamos una agenda larga, que parta en la infancia, que fortalezca la familia, la escuela, la comunidad, que recupere los espacios arrebatados donde campea el delito, que puedan llegar a cuarto medio en el barrio y tengan oportunidades laborales, una agenda que no normalice la droga ni le haga el juego a la elite que no repara en las consecuencias en niños y jóvenes que mueren o por consumo o por sus consecuencias sociales. Hoy tres niños no podrán volver al Colegio, no crecerán en sus familias, como otros antes que ellos. Fueron víctimas de una nueva pandemia, la de la violencia. Si hay un lugar en que estén juntos, que sea en nuestros corazones, pensamientos y acciones, para que jamás otro niño viva su suerte.