Katherine Escalona M.

El fallo dividido del Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso por el caso de notable abandono de deberes en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato -que ordenó, después de dos años de tramitación, la suspensión por un mes del cargo de alcaldesa, y el pago de sólo el 50% de su sueldo-, generó la reacción inmediata por parte de los ediles que interpusieron la acusación en marzo del 2019.

Después de conocer la resolución, los concejales Sandro Puebla (Ind. Pro PS) y Laura Giannici (DC) se reunieron con el abogado Andrés Silva, quien presentó la causa, y determinaron que apelarán al proceso ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel); acción a la que se suman los ediles Marcela Varas (PPD) y Víctor Andaur (PC), quienes también forman parte de la denuncia. Para realizar la gestión tienen un plazo de cinco días hábiles y con esto esperan una resolución final para mediado de año.

Dos puntos claves

El abogado Andrés Silva explicó que los motivos principales de la apelación están basados en dos puntos claves: que los jueces reconocieron las irregularidades en la gestión de Reginato lo que "ha empobrecido a la ciudad por el déficit acumulado", y que "afirman que hubo irregularidad de funcionarios municipales, pero descarta la participación de la alcaldesa". Esto último, dijo, es improcedente porque Reginato es la jefa comunal y debe responder por los actos en su gestión.

"Aquí el Tribunal Electoral, en un fallo bastante extenso, dio cuenta de que efectivamente en Viña del Mar se han cometido una serie de irregularidades de manera reiterada y que han causado un daño importante a la Municipalidad y a la ciudad misma", afirmó Silva.

En relación al déficit municipal, sostuvo el jurista, el tribunal "estableció que hay efectivamente una responsabilidad de la alcaldesa que no cumplió con sus deberes en haber evitado la situación y en ese punto hay una discrepancia en los tres votos de los jueces que determinaron el fallo".

Silva aclaró que fueron dos votos que apuntaron a que "ese abandono de deberes es grave, pero no es de tal magnitud para ameritar la sanción de suspensión. Pero hay un integrante del tribunal (el juez Felipe Caballero) que dice que se destituya. Esa es la primera situación y va a ser uno de los argumentos relevantes de la apelación que vamos a presentar en los próximos días, porque creemos que ese incumplimiento por la magnitud que ha significado, sí es relevante".

El segundo punto en cuestionamiento y del cual los concejales difieren totalmente con el fallo es que, "se ha dado por acreditado una serie de prácticas destinadas a ocultar esta situación deficitaria, destinada a no decir la verdad, que de no haber ocurrido se pudiese haber evitado el perjuicio", detalló Silva.

Esa práctica, argumentó, "dice relación con ocultar el déficit a través de falsear las cuentas públicas, que ahora es parte de una imputación penal (el) haber alterado los estados contables -se ocultaban millones de deudas para seguir trabajando-, y aparece el pago de horas extraordinarias que también se reconocen".

"Pero ahí el tribunal ha señalado que todas estas otras faltas no serían responsabilidad de la alcaldesa, sino que solo de los funcionarios municipales que estaban a cargo de las unidades respectivas. Pero es ella la máxima autoridad y en esa calidad debe responder frente a los actos de sus subordinados", acotó e abogado.

Agregó que "no compartimos esta sanción que se le ha impuesto a la alcaldesa, porque efectivamente parece desproporcionada con el daño que se le ha causado a la municipalidad y a todos los viñamarinos".

En este sentido, adelantó que "vamos a ir al Tricel, no a discutir de los hechos porque están acreditados, vamos a discutir la gravedad de los mismos y que se aplique la sanción correspondiente. La sanción es absolutamente insuficiente, desproporcionada con el daño creado".

Mal precedente

Para los concejales que interpusieron la denuncia por notable abandono de deberes, el fallo del TER es un "mal precedente" porque no es ejemplificador respecto a los actos administrativos que puede tener un jefe comunal. Por esto todos adhieren a la apelación.

La edil Marcela Varas (PPD) postuló que "la sanción de suspensión impuesta me parece irrisoria en relación a la gravedad de los hechos acreditados (...). En este fallo los hechos están totalmente acreditados y no es aceptable que reciban una sanción menor".

Recalcó que "estoy convencida de que esta apelación dará un mayor sentido de justicia a todos los viñamarinos que, tras esperar dos años este resultado, nos sentimos decepcionados con tan baja sanción para hechos que revisten tanta gravedad para la ciudad". "La mala gestión de la alcaldesa ha sido pagada por todos los viñamarinos que durante estos años han visto cómo se deteriora su calidad de vida y cómo su ciudad se ha visto sumergida en un abandono total", agregó.

De la misma forma, el concejal Víctor Andaur (PC) precisó que "me sumo a la apelación. Sospechaba un veredicto de estas características más que nada por la importancia que tiene para la UDI Reginato tanto nacional como local, más aún que su partido estaba a la baja. Lo digo porque, y ahí está mi sospecha, el TER había señalado que en julio del año 2020 se iba a emitir un resultado. Posteriormente se dijo que no estaba listo y se proyectó para diciembre del 2020, finalmente sale ahora a un mes de las elecciones municipales".

Según Andaur, "esto le permite a la alcaldesa postular a un puesto a concejal porque si hubiese sido antes y más grave sería una catástrofe. En mi conclusión, esto es un traje hecho a la medida y es más que notorio por los tiempos y la forma en cómo se dio".

Defensa de reginato

Respecto al fallo, uno de los abogados que representa a la alcaldesa Virginia Reginato en la causa, Andrés Tavolari, aseveró que "nuestra primera impresión, es que ella (la sentencia) es muy detallada y rigurosa. Hasta ahora hemos visto cómo la sentencia va colocando todas las cosas en su lugar, ponderando cada uno de los argumentos planteados por las partes y las pruebas que se rindieron".

Lo más relevante "es que, a través de ella, el Tribunal Electoral ha decidido que la Alcaldesa debe seguir en su cargo y ha rechazado que haya existido un notable abandono de deberes o que hayan existido faltas a la probidad, como lo afirmaron, urbi et orbi, los reclamantes", agregó.

Esbozó que "durante el desarrollo del juicio preferimos centrarnos en lo que ocurría en el expediente, colocando ahí nuestros esfuerzos", y señaló que "seguiremos estudiando la sentencia, pero destaco que la alcaldesa sigue en su cargo y que no hay notable abandono de deberes ni faltas a la probidad".

"Vamos a ir al Tricel no ha discutir de los hechos porque están acreditados, vamos a discutir la gravedad de los mismos y que se aplique la sanción correspondiente".

Andrés Silva, Abogado de los concejales

"Destaco que la alcaldesa sigue en su cargo y que no hay notable abandono de deberes ni faltas a la probidad".

Andrés Tavolari, Abogado de alcaldesa

La tarde de ayer se logró en Cerro Navia la detención del presunto autor del homicidio del bebé de El Tabo. La orden de captura fue emitida luego de que este martes el lactante de menos de un año muriera en las dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, debido a un traumatismo encéfalo craneano de extrema gravedad producto de uno de los disparos que recibió durante la balacera que se registró el viernes 5 de marzo. La detención la hizo la Brigada de Homicidios de San Antonio, y el imputado pasará hoy a control de detención y posterior formalización por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado reiterado y lesiones graves.

El candidato a gobernador regional de Valparaíso, Manuel Millones, pidió al gobierno central y a los candidatos a Presidente abordar el conflicto generado por la falta de efectivos policiales en la zona. En la región se estima que faltan cerca de 800 carabineros, a lo que se suman las carencias propias de infraestructura y falta de reposición de los vehículos. "Es un escenario muy complejo teniendo presente que cada año se produce el retiro voluntario o por jubilación de cerca de 1.600 efectivos. Además, debemos anticiparnos a la reforma que se tramita en el Congreso y que entre otras cosas busca extender por dos años el período de formación de los efectivos", comentó al respecto.