Nunca está de más recordar que en menos de un mes viviremos un momento histórico. Como bien sabemos, aparte de escoger a nuestros alcaldes y concejales, también aprovecharemos la oportunidad de seleccionar a los nuevos gobernadores regionales y a los históricos convencionales constituyentes. El tema no es menor. La elección democrática de las máximas autoridades regionales ha sido una lucha larga y dificultosa, que viene a empujar (no sin complejidades) un proceso de descentralización política inédito en nuestra historia reciente. Y, por otro lado, los futuros convencionales constituyentes tendrán la esencial tarea de sentarse y dialogar, sentando los lineamientos basales para salir de la crisis política y social más relevante de los últimos 50 años. Sin embargo, el estallido social y la pandemia han determinado un proceso electoral que se vislumbra raro y confuso, con aristas prácticas y políticas que deben ser advertidas.

Quizás la complejidad que ha alcanzado más notoriedad se relaciona con lo práctico. Tendremos cuatro papeletas con un sinnúmero de opciones. ¿Cómo podemos asegurar un proceso expedito y seguro en términos sanitarios considerando el tiempo que nos llevará votar? La decisión ha sido dividir el proceso en dos días, con todos los desafíos democráticos y de seguridad que eso implica.

Sin embargo, esa complejidad abre el debate frente a otros asuntos de carácter político. De forma más o menos original, en las elecciones de abril tendremos que escoger tanto representantes nacionales (convencionales constituyentes) como locales (alcaldes, concejales y gobernadores regionales). Eso es problemático por varias razones. Quizás la más evidente se relaciona con el agobio propio del periodo de campañas. Los votantes estamos obligados a desdoblarnos, entendiendo que hay asuntos importantes que resolver en nuestras ciudades (como mejorar el equipamiento urbano de tal o cual plaza) y que hay otros que requieren de un nivel de abstracción no menor (como la promoción de la subsidiaridad como principio general de nuestro ordenamiento jurídico). Hablamos de dos tipos de discusiones igual de importantes, pero que, al estar mezcladas, pueden terminar por sofocar y generar expectativas infundadas. En el marco de este periodo electoral, el peor escenario es que los ciudadanos nos confundamos. Que creamos que la promoción del derecho a una vivienda digna va a implicar dar una solución concreta a un determinado campamento de nuestra región. O que la reafirmación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación va a habilitar a nuestros constituyentes para cerrar una determinada planta de nuestra zona costera. La verdad es que eso no será así, aunque la mezcolanza de candidatos y discursos pueda llevar a confusiones comprensibles.

Este asunto recién descrito se relaciona con la solución a la agilidad y la seguridad que debiese tener nuestro proceso constituyente. Lo natural hubiese sido separar aguas. Tener-como había sido la tónica hasta la elección de los cores-elecciones nacionales y locales independientes, de modo de ordenar los discursos y controlar las expectativas. Pero también es cierto que vivimos en tiempos complejos, con una crisis social severa que exige realismo político. El asunto era complicado, y hoy no queda más que remar para un mismo lado.

Sin embargo, la ya descrita no es la única arista política. He podido observar que casi todos tenemos certezas respecto a nuestra opción para la alcaldía, algunos respecto a los concejales, menos respecto al gobernador y muy pocos respecto a los convencionales. Sería un despropósito sacar una conclusión seria de esa mera observación personal, pero lo cierto es que tiene concordancia con otros datos que hemos compartido desde la misma Fundación P!ensa. Las autoridades más cercanas a los ciudadanos (alcaldes) tienden a tener casi un 100% de conocimiento en la ciudadanía, mientras que las que se van alejando a un nivel más regional (intendentes) suelen bajar a cerca de un 25%. Muchos, quizás, asistan a las urnas con la intención clara de escoger a su alcalde, pero sin muchas ideas respecto del resto de los candidatos, lo que podría impactar enormemente en el resultado final.

Todo lo anterior nos invita a comprender las elecciones como un proceso integral. En un mismo día nos enfrentaremos a distintos desafíos que, aunque sean igual de relevantes, conllevan responsabilidades y tareas absolutamente distintas. Eso implica poner la pelota al piso, evitar la demagogia y trabajar en potenciar la información que podamos ofrecer a la ciudadanía. Evadir las confusiones que se puedan generar resulta inaceptable.

Pedro Fierro

En el curso de las semanas se ha instalado la inquietud formulada por los ediles, que coincidentemente buscan la reelección al sillón edilicio, para que las elecciones municipales y de convencionales tengan lugar en periodos de calendario distintos.

De una parte, se arguye el riesgo sanitario que implicará la gran movilización de electores esperada para el 11 de abril, siendo conveniente la separación de las elecciones municipales de dicha cita ciudadana ya que -siguiendo su razonamiento- se descomprimiría la asistencia de los electores a los centros de votación y, por ende, disminuiría el riesgo de contagio.

Examinemos el argumento. ¿Es necesariamente cierto que la separación de las elecciones municipales contribuirá a contener el riesgo sanitario por covid 19? Dicha premisa no es correcta, especialmente porque los comicios tienen lugar en un contexto de severa crisis de la institucionalidad y los partidos políticos, que alimenta el deseo de una gran masa de ciudadanos, que normalmente no votaban, a que ahora sientan la necesidad de involucrarse activamente para contribuir al impulso de sus reivindicaciones sociales por mayor igualdad, dignidad y derechos.

Así, por lo demás, quedó demostrado en los estudios demográficos del perfil de los electores que concurrieron a las urnas en el pasado plebiscito constitucional del 25 de octubre, dando cuenta de un aumento significativo de votación de comunas socioeconómicamente vulnerables y de una amplia capa de población joven. De lo anterior se desprende que las elecciones del próximo 11 de abril estarán precedidas por un alto sesgo de incertidumbre respecto al comportamiento del padrón electoral producto de las ansias de cambio activadas por el factor constituyente, que afecta particularmente a los incumbentes de las elecciones municipales, quienes usualmente estaban acostumbrados a un padrón electoral de comportamiento previsible que, a su vez, les facilitaba su discurso de propaganda y de acción municipal enfocada a la reelección.

En consecuencia, la verdad sea dicha, no es el riesgo sanitario la razón de los ediles de querer separar las elecciones municipales del redil del resto de las elecciones y muy especialmente de las convencionales, sino su interés por desconstitucionalizar la elección municipal y, de ese modo, no exponerse al riesgo de incertidumbre del padrón electoral. Sin embargo, es una táctica miope porque no logra avizorar que el contexto de crisis política y social genera un efecto envolvente de participación y deseo de cambio que no se evita cambiando la fecha de la cita electoral municipal.

Por otro lado, los impulsores de esta propuesta podrían haber esgrimido con mayor altura de interés ciudadano, que la sumatoria de diversas elecciones de autoridades en una sola cita electoral complota contra el derecho del ciudadano a emitir un voto informado.

En efecto, el problema mayor que se le puede formular a este súper ciclo electoral es el efecto de saturación y dispersión de información relativo a las numerosas candidaturas por distrito electoral, que naturalmente afecta la capacidad real de los ciudadanos de acceder a un caudal abarcable y comprensible de candidatos que, a su turno, le permita discernir y discriminar entre sus propuestas y programas. A lo anterior se une un factor de mayor pérdida de consistencia de la publicidad política ya que los candidatos tendrán que compartir la franja electoral con muchos, lo que viene a empeorar aún más el objetivo ideal pensado como un espacio de igualdad de oportunidades de los candidatos para darse a conocer.

Sin embargo, convengamos que la debilidad de los espacios públicos de información con densidad específica para alimentar el debate público y el voto informado es un problema de arrastre, que solo se agrava en esta coyuntura de elecciones agregadas. Aspecto respecto del cual no ha existido intención genuina de mejora, porque aquello juega en contra de los intereses de conservación del poder por los incumbentes, a quienes les conviene mantener un padrón electoral predecible y manejable.

En definitiva, los ciudadanos agradeceríamos que, de vez en cuando, los actores políticos sinceraran sus propuestas y no intenten, como en este caso, pasar un interés de conveniencia personal como si fuese una preocupación genuina por la salud de la población.