Las armas, su uso y posesión, un problema recurrente en estos días que se expresa en el aumento de delitos violentos en los que esos elementos son factor fundamental. Precisando la materia en declaraciones a este Diario, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, señala que "el 90% de las armas incautadas por la PDI son de personas que han sido poseedoras legítimas de estas. Eso quiere decir que no estamos hablando de una internación de armas o contrabando, sino que de armas legítimas, pero que no han sido adecuadamente fiscalizadas".

Advierte la autoridad que Carabineros, organismo fiscalizador en la materia, tiene limitaciones en ese control.

La realidad es que gran cantidad de las armas utilizadas por los delincuentes son robadas a esos propietarios legítimos, quienes muchas veces no denuncian el hecho por no haber tenido esa arma inscrita. A lo anterior se debe agregar confusiones en la materia cuando el control de armas y explosivos pasó del Ejército a Carabineros.

Se debe añadir a lo anterior la fabricación de armas de fuego artesanales, que son usadas por la delincuencia.

Con el objeto de regularizar el control de armas, desde 2007 se tramita en el Congreso Nacional un proyecto que, supuestamente, perfecciona la Ley 17.778, que actualmente norma esa materia. Se complementaría la descripción de dispositivos cuya tenencia, posesión o porte se encuentran prohibidos, establece nuevos requisitos para la inscripción e incorpora nuevas figuras penales y agravantes a fin de actualizar la nómina de delitos que violentan la norma. En reciente reunión de comisiones del Parlamento se aprobó la normativa sobre armas prohibidas y permitidas.

La necesidad de perfeccionar la ley actual es necesaria, pero las disposiciones deben ir acompañadas de una acción de control preventivo en terreno para desalentar la acción de los delincuentes que utilizan armas de fuego. En ese sentido, tiene razón Katherine Martorell cuando afirma que "hoy tenemos una normativa que está absolutamente fuera de la realidad que estamos viviendo".

Y la realidad es un creciente clima de violencia en que los delincuentes usan armas que, evidentemente, nunca declararán ni ante la más perfecta de las leyes. Y este ambiente de violencia se expresa en recientes infanticidios y en frecuentes muertes con armas de fuego en cerros de Valparaíso y Viña del Mar, donde la causa basal está en el tráfico de drogas.

En este clima es urgente avanzar en el control de armas lícitas, pero más importante es lograr la identificación de delincuentes que las utilizan y aumentar la penalidad por esa utilización en el momento judicial de sancionar el delito. La fuerte sanción será disuasiva y, a la vez, dará una señal de seguridad a la comunidad que cada vez se siente más desprotegida.

Pese a los esfuerzos desplegados en los últimos 25 años, que incluyen varias leyes, la reforma a la salud y un creciente esfuerzo fiscal que ha implicado multiplicar el gasto fiscal en salud, aún tenemos la sensación permanente de crisis, insatisfacción, listas de espera, problemas de trato, infraestructura y recursos físicos insuficientes y una incapacidad institucional para acordar reformas urgentes y necesarias, tanto en el sistema público de salud como en el privado.

En este escenario, se tramita en el Congreso un proyecto de ley justamente para reformar al seguro público (Fonasa). Los senadores de la Comisión de Salud exigieron, en buena hora, que dicho proyecto se tramitara, como mínimo, paralelamente junto al que pretende una reforma al sector privado, que ha visto pasar varios intentos de reforma, sin que ninguno haya tenido éxito. Durante el año 2020, en plena pandemia, el Ministerio de Salud invitó a la conformación de una comisión transversalmente compuesta, que propusiera bases que permitieran destrabar ambas iniciativas. Hoy ese informe está en manos de los senadores y del público general, porque es público.

Para avanzar se ha sugerido comenzar con el diseño e implementación de un Plan de Salud Universal, que sería la gran oferta que nuestro país le hace todos sus habitantes en materia de salud, tanto en el sector público como en el privado, formulado técnicamente a través de una institucionalidad independiente, incremental y progresiva, con garantías de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad, debidamente financiada y oportunamente fiscalizada. Eso, más cambios en el rol, atribuciones y gobierno corporativo del Fonasa, puede transformarse en la reforma más importante al seguro público desde la reforma a la Salud durante la administración del Presidente Lagos y representa una enorme oportunidad para preparar al sistema de salud en su conjunto para abordar los desafíos sanitarios futuros, dejando abierta la posibilidad de reformas aún más profundas.

Esperamos que el Gobierno recoja parte importante de las propuestas contenidas en dicho informe y que los senadores de la comisión, de mayoría opositora, permitan y contribuyan con sus propuestas a su avance justamente para poder ir resolviendo parálisis institucionales críticas y que están detrás del enorme descontento que existe respecto del sistema de salud, parte de este expresado en el estallido social. Aun con un gobierno débil -y muchas veces torpe-, no hay tiempo que seguir perdiendo ni justificaciones suficientes para avanzar en la dirección correcta.