Constanza Peña Moya

Una nueva denuncia, presentada en un inicio ante la Contraloría y remitida al Ministerio Público tras detectarse hechos eventualmente constitutivos de delito, involucra a la actual alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio (Ind. ex Amplitud), y a otros funcionarios de la Municipalidad. Ingresada a inicios de marzo a la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, sostiene -basándose en correos electrónicos y transferencias bancarias, además de órdenes de compra- que la jefa comunal y su círculo de confianza habrían recibido sobornos por parte del representante legal de una empresa contratista del municipio.

Se trata de L.G.H., sociedad que cuenta con el mayor número de licitaciones y tratos directos con el municipio, por servicios tales como aseo, transportes y mano de obra. De acuerdo con la información de la causa, asignada al fiscal Claudio Rebeco, el contratista Leonardo Guerra es quien, eventualmente, habría hecho depósitos a la cuenta personal de la jefa de gabinete del municipio, Paola Moya. La alcaldesa y otros funcionarios, según acusa el denunciante, también se habrían beneficiado de los estímulos monetarios.

Debido al carácter de los hechos, la Brigada de Delitos Económicos de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) recibió una orden de la URAC para recabar mayores antecedentes sobre el caso. El pasado miércoles y jueves, de hecho, sus funcionarios acudieron a las dependencias de la municipalidad en búsqueda de la alcaldesa, que sin embargo no estaba presente por encontrarse fuera del cargo debido a su campaña por la reelección.

ANTECEDENTES clave

Alexander Miranda, asesor jurídico del denunciante, afirma que los antecedentes que lo fundamentan son "diversos" y "contundentes". "La Contraloría no tiene dentro de su protestad ver temas criminales, entonces lo que hizo fue evacuar un informe, pasando los antecedentes a la Fiscalía de La Calera. Allí quedó durmiendo en los laureles, porque el fiscal adjunto era amigo de Paola Moya, la jefa de gabinete. Entonces se ingresó la denuncia, el 2 de marzo, a la Fiscalía Anticorrupción en Valparaíso, y ahí es donde realmente comenzaron las diligencias", sostiene.

"La expareja de la jefa de gabinete encontró documentos clave, como correos electrónicos con conversaciones con contratistas o transferencias bancarias realizadas por esas empresas", dijo el abogado, que asegura no poder dar más detalles para no entorpecer el curso de la investigación.

Una nueva investigación

Según añade Miranda, a la denuncia contra la alcaldesa se suma la relacionada con la adjudicación de fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para mejoras en la planta de tratamiento de aguas servidas de El Melón que nunca se ejecutaron, por lo que "se está trabajando en una querella criminal en su contra". De la misma forma, en 2020 se interpuso otra querella contra Margarita Osorio por una eventual estafa en cobros exigidos a comités de vecinos de la comuna de Cabildo que pretendían optar a un proyecto habitacional.

Sobre esta última causa -al igual que a la nueva denuncia por eventual soborno, fraude o cohecho-, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirma que ambas investigaciones "se encuentran vigentes y con diligencias en curso, a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones".

Reacción de la edil

Al ser consultada respecto al tema, la alcaldesa de Nogales se limitó a negar los hechos. "Lo estoy viendo con un abogado, así que no le voy a dar noticias a nadie. Es una mafia que hay detrás de nosotros, y yo sé quién es, con nombre y apellido. No voy a dar ninguna información", concluyó.

"Hay documentos clave, como correos electrónicos con conversaciones con contratistas o transferencias".

Alexander Miranda, Asesor del demandante

"No le voy a dar noticias a nadie. Es una mafia que hay detrás de nosotros y yo sé quién es, con nombre y apellido".

Margarita Osorio, Alcaldesa de Nogales

Una nueva arista surge respecto a la licitación del "Programa de Vialidad Urbana, Mejoramiento Camino Costero Reñaca-Concón Etapa 1, comuna de Concón", dado que la empresa constructora Waldo Sánchez ingresó al Serviu un recurso para solicitar que se revoque la licitación, por más de $7.400 mil millones, otorgada a la empresa Trébol Ltda.

En la presentación -que se suma a un recurso de impugnación al Tribunal de Contratación Pública y una solicitud de investigar a Contraloría- se deja estipulado que la empresa Trébol Ltda. no habría cumplido con los plazos y la entrega de documentación para la firma del contrato, por lo que solicita dejar sin efecto la licitación del 4 de noviembre del año pasado y adjudicar a Sánchez, segunda en el proceso.

Dentro de los principales argumentos del recurso, Sánchez precisa que la empresa Trébol Ltda. no subscribió contrato con Serviu en los 15 días en que el privado fue informado de la licitación y, por esto, "se podrá dejar sin efecto la resolución que adjudicó las obras y adjudicarse la propuesta a otro contratista que hubiere participado en la licitación".

Ante esto, desde Serviu Valparaíso manifestaron que "efectivamente, ingresó un recurso de reposición y como servicio tenemos un plazo de 30 días hábiles para realizar la consulta y, en ese plazo, analizar los argumentos del solicitante. Sin embargo, insistimos en que el proceso licitatorio fue ejecutado en el marco legal establecido en las bases".

Alcalde confía en obra

Consultado por la situación, el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, aseveró que espera que la obra cumpla el cronograma que informó el Serviu de comenzar la construcción a fines de marzo o las primeras semanas de abril y que las aristas administrativas y legales no signifique un retraso.

"Este es un proyecto emblemático de la comuna que le va a cambiar la cara al borde costero y que llevamos muchísimos años buscando la ejecución. Felizmente se han logrado los recursos y el anuncio es que a finales de marzo o a principios de abril se iniciaban las obras. Hemos visto en la prensa la impugnación de la cual no nos pronunciamos, pero conversamos por teléfono con el director del Serviu y nos dio la tranquilidad de que el proyecto, aunque esté en esas condiciones, se va ejecutar y no habría retraso en lo planificado", precisó Sumonte.

El alcalde de Concón recalcó que "esperamos que no se atrase y se ejecute de acuerdo a la programación que tenía porque sería realmente lamentable que esto se detuviese y eso significaría que nos podría pillar dos veranos en las obras. Estoy confiado que el proyecto siga en su normalidad pese a estas aristas, porque en este tipo de obras siempre pueden haber estos enfrentamientos, pero de allí a que sea un retroceso, no lo consideramos".

Además, Sumonte aclaró que "nosotros no estamos en la licitación ni nada, eso lo responde el Serviu, pero lo que a nosotros nos interesa es que esto no signifique paralizar la obra y no ejecutarla, al contrario queremos avanzar en la primera etapa, ya financiada, y proyectada desde la rotonda hasta la playa Los Lilenes como primera etapa".

"Como servicio, tenemos un plazo de 30 días hábiles para realizar la consulta y, en ese plazo, analizar los argumentos del solicitante".

Serviu Valparaíso

La noche del 8 de octubre de 2019, Steven Quezada (18) fue atropellado por un conductor que participaba en una carrera clandestina en la localidad de Loncura, en Quintero, accidente que dejó al joven con graves lesiones que le costaron la vida.

A más de un año del hecho, ayer se realizó, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, la audiencia de juicio oral; sin embargo, se aplazó por la ausencia de un perito que está con licencia médica, por lo que se fijó fecha para el 9 de agosto. El imputado, Yerko Vergara Zamora, logró la cautelar de arresto domiciliario nocturno porque no fue por su responsabilidad la suspensión de la audiencia.

El cambio de cautelar del acusado fue calificado como "terrible" por la hermana de Steven, Katherine, quien dijo que "este sujeto estuvo en prisión preventiva y ahora estará solo con arresto nocturno. Si no la cumplió antes la cautelar, menos ahora. Como familia pedimos justicia, acá siguen las carreras clandestinas".

Mientras, la Fiscalía acusó al imputado como autor del delito de homicidio y solicitó al Tribunal Oral una "pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio y, asimismo, se le condene a las penas accesorias previstas en el artículo 28 del Código Penal".