Constanza Peña Moya

En plena controversia por el denominado caso Enjoy -iniciado luego de conocerse el informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que denuncia la existencia de "favores" por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) a la cadena-, Enjoy emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones que la vinculan con los fideicomisos ciegos del Presidente Sebastián Piñera y desestima las conclusiones del extenso documento elaborado por la comisión.

"Enjoy reitera no compartir lo infundadas y meramente especulativas que resultan todas estas acusaciones. Entendemos que en un contexto de período electoral como el actual puedan existir intenciones políticas tras los comentarios y rumores vertidos en debates de redes sociales y medios de comunicación, acerca de los cuales no podemos hacernos cargo", manifestaron. De la misma forma, rechazaron los resultados del lapidario informe, acusando que "a pesar de que Enjoy solicitó formalmente comparecer ante esa comisión investigadora con el ánimo de aclarar dudas y desmentir errores garrafales, la comisión se negó a recibirnos".

En tal documento, la comisión investigadora concluye que la SCJ habría favorecido a Enjoy "no solo por omitir la información referida a los préstamos que realiza Enjoy Gestión Ltda. en pleno conocimiento de la Superintendencia, sino que también por validar ofertas económicas que serían inviables de cumplir", debido a la situación financiera de la empresa. Hace dos semanas, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el informe, aprobándolo con 111 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

"empresa regalona"

El diputado Rodrigo González (PPD), presidente de la comisión investigadora de la Cámara, atribuye las omisiones detectadas a un favoritismo por eventuales conflictos de interés entre la mayor operadora de casinos del país y ciertas autoridades, entre ellas Sebastián Piñera. "Han respondido a una instrucción que han recibido de la superioridad, con toda seguridad. La superintendenta no se maneja sola, y tiene que habérsele aclarado muy bien que Enjoy era una empresa que tenía desde hace mucho tiempo un vínculo con altas autoridades de gobierno y el presidente de la República, y que por lo tanto la tenía que tratar con guantes de seda. Por eso es que se convirtió Enjoy en una empresa regalona (...) Si ella no hubiera sido dirigente, no cabe duda de que los casinos de Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Coquimbo no hubieran podido ser adjudicados", sostiene.

Para González, que aboga por la remoción de Vivien Villagrán de su cargo como superintendenta de Casinos, la gravedad del asunto recae tanto en el rol fiscalizador incumplido por la entidad como en el daño a las comunas cuyos ingresos dependen en gran parte de casinos que actualmente se licitan a Enjoy.

Frente al caso de Viña del Mar, Mario Araya, el director de Concesiones del municipio, indica haber "solicitado a la Superintendencia de Casinos que aplique estrictamente la ley en el tema, dado que el municipio no tiene competencia ni injerencia al respecto". "Estamos a la espera de lo que resuelva o aplique, dado que así lo establece la ley", asegura.

Trabas a investigación

El representante de la comisión agrega a su denuncia el hecho de que la remisión de los antecedentes del informe a Fiscalía no ha podido llevarse a cabo a causa de un veto al interior de este mismo equipo. "En la comisión, los diputados de RN y la UDI -con excepción del diputado Celis- no quisieron enviar el informe al Ministerio Público para que se investigaran posibles situaciones constitutivas de delito. (...) Pero esto tiene mucho olor a delito, hay mucho olor a conflicto de interés en este caso", concluye el diputado González.

"La comisión se negó a recibirnos, lo que transforma el informe en un documento absolutamente sesgado".

Casinos Enjoy, Comunicado de prensa

"A la superintendenta tiene que habérsele aclarado muy bien que Enjoy era una empresa con vínculo con altas autoridades".

Rodrigo González, Pdte. comisión investigadora

Aunque el informe fue emitido en diciembre y aprobado en marzo por la Cámara de Diputados, el caso se mediatizó tras publicarse una investigación de la periodista Alejandra Matus en la que se abordaban, en específico, los vínculos del presidente Sebastián Piñera con BTG Pactual y Moneda Asset, empresas que administran su fideicomiso y a la vez tienen comprometido parte de su patrimonio en Enjoy. La primera de ellas incluso es accionista de la cadena, con una participación cercana al 7%. Desde la vocería del gobierno, sin embargo, aseguran que "el presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza, ni con Enjoy, ni con ningún casino."

Un rechazo casi unánime fue la respuesta que tuvo el Concejo Municipal de Viña del Mar ante el Plan de Seguridad Pública que presentó el municipio, ya que, entre otras cosas, acusan que la redacción de este no incluyó ni a la ciudadanía ni a los mismos concejales.

"La elaboración del plan actual dejó fuera de participación a departamentos que tendrían que estar, como la comisión de seguridad ciudadana e inspección comunal, entre otros. Además que no se ha visto trabajo con la comunidad", aseguró la concejala Laura Giannici.

Bajo esta misma línea, el concejal Carlos Williams añadió que "uno de los objetivos de este plan es la socialización del mismo y su desarrollo, considerando la opinión de cada uno de los actores sociales de la comuna y creo que, en este caso, no se consideró por ejemplo, la opinión de los concejales, en su elaboración".

Contenido del plan

Otro factor que influyó en el rechazo de la propuesta fue lo que incluía la misma, ya que los ediles señalaron que no se consideraron problemáticas actuales que hace años se vienen desarrollando y aún no se les encuentra solución, como por ejemplo, según indica Williams, "la infracción a la Ley de Control de Armas, homicidios, robo de vehículos, el comercio ambulante, entre otros delitos de connotación registrados en nuestra comuna".

En relación a este último problema que involucra a los vendedores ilegales, el edil Jaime Varas indicó que "fue una grave omisión el no incluir el comercio ambulante, entendiendo que se trata de una problemática multisectorial donde intervienen las policías, autoridad sanitaria, impuestos internos, y Aduanas, entre otros, pero que debe ser conducido y dirigido por el propio municipio".

Además, como tercera causa para desestimar la aprobación de la propuesta, se destacó también el atraso con el que se hizo entrega el plan, el cual fue enviado al Concejo el mismo día en que se debía votar: "El plan de seguridad fue presentado con demasiada urgencia para un tema tan importante. La seguridad de Viña no puede ser tratada como un mero trámite", precisó la concejala Marcela Varas.

Municipio aclara

Desde la casa edilicia subrayaron que el programa se realizó considerando los informes estratégicos de la Subsecretaría del Delito, además de utilizar las estadísticas policiales en las que figuran los delitos más frecuentes durante los últimos 12 meses.

En este sentido, Patricia Leiva, directora de Seguridad Pública de la municipalidad de la Ciudad Jardín, aclaró que las prioridades de la propuesta se enfocaron en disminuir "las incivilidades, los delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar y las infracciones a la Ley de Drogas, aspectos que son coincidentes con la problemática a nivel regional y nacional"

"Este Plan es un instrumento flexible y se puede retroalimentar en caso de que las prioridades cambien en algún momento o surja alguna problemática de seguridad que se deba abordar de manera urgente", agregó la directora, refiriéndose a las observaciones de los concejales, las cuales serán tomadas en cuenta para una posible modificación.

"La elaboración del plan actual dejó fuera de participación a departamentos que tendrían que estar".

Laura Giannici, Concejala DC

La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para lograr suministro estable de agua potable a vecinos de las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua, zonas afectadas por una extensa sequía.

En su sentencia, el máximo tribunal del país ordena a la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso y la Gobernación Provincial de Petorca, "adoptar todas las medidas necesarias, a fin de asegurar" a la comunidad de Petorca "un abastecimiento de agua para uso y consumo humano no inferior a 100 litros diarios por persona".

Más recursos

Para ello, dichas reparticiones deberán coordinarse con las autoridades del nivel central, regional y comunal competentes. El fallo precisa que las oficinas de Salud y Gobernación deberán también "recabar de la Subsecretaría del Interior (...) la modificación a la brevedad del Oficio Ordinario N°18.087 de 18 de agosto de 2016, y la transferencia de recursos con cargo al presupuesto de dicha repartición pública, para atender a situaciones de emergencia y al pago de gastos extraordinarios relativos a la compra de camiones aljibe, destinados al abastecimiento de agua potable de sectores de la Provincia de Petorca, afectados por la situación de extrema escasez hídrica".