El último informe sobre campamentos dado a conocer ayer por la organización Techo-Chile - y desarrollado en conjunto con la Fundación Vivienda- podrá generar indignación, tristeza y reclamos airados, pero nadie puede alegar sorpresa ante el crecimiento exponencial de los asentamientos irregulares en la Región de Valparaíso durante los últimos dos años.

Las cifras son lapidarias. Aquí se encuentra el 29,2% del total de tomas del país; entre 2019 y 2020, las familias que viven en lugares sin regularización crecieron un 112% (pasaron de 11.228 a 23.843) y las tomas se incrementaron un 24% (de 181 a 225). Una de las conclusiones del catastro es que "el aumento de la campamentación se dio fundamental mediante nuevos hogares que llegaron a vivir a asentamientos que ya se encontraban conformados".

Aunque el catastro lo lideran Viña del Mar y Valparaíso -83 y 53 campamentos, respectivamente-, el problema se replica en otras 20 comunas, lo que habla con claridad del alcance regional del problema.

La primera tentación que surge luego de leer el documento de 120 páginas, que está disponible en el sitio web de Techo, es cargar las culpas a las duras consecuencias del estallido social y la pandemia, como si ambos procesos fueran precursores de cualquier problema regional y sirvieran de catalizadores perfectos de las evidentes responsabilidades que les competen a las autoridades actuales, aunque es justo plantear que heredaron un problema de larga data.

Tampoco corresponde aludir de forma específica a la inmigración. De acuerdo al informe, solo un 8,4% de las familias que viven en campamentos están integradas por inmigrantes.

Por tanto, lo que refleja claramente el "Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021" es el fracaso de las políticas para radicar y erradicar los numerosos asentamientos irregulares. Sea en la forma de subsidios habitacionales, planes especiales de regularización, convenios marco entre Minvu y Gobierno Regional, o el desalojo por orden judicial con ayuda de la fuerza pública, las medidas aplicadas han sido ineficientes y el problema habitacional ha escalado hasta una situación difícil de abordar.

Ha faltado voluntad política para poner como prioridad las necesidades planteadas por los ciudadanos que necesitan un lugar propio donde vivir y los esfuerzos hechos hasta ahora han fallado al momento de entender las causas del fenómeno, que van más allá de las meras dificultades económicas para adquirir una vivienda digna. La tarea que le queda a las autoridades nacionales, regionales y comunales es ardua, pero ineludible. El desafío debe contemplar mayores recursos, pero también una reformulación de los instrumentos utilizados, así como una reflexión profunda sobre uno de los problemas estructurales que enfrenta la Región.

El turismo es una de las vocaciones económicas clave de nuestra región y de la comuna de Valparaíso. Nuestra ciudad es un ícono de la cultura, el patrimonio, la creatividad y la música en Chile y el mundo. Genera más de 10 mil puestos de trabajo, distribuidos en distintos rubros, y activa una diversidad de pequeñas economías locales, que, junto al comercio, generan sobre el 30% de los puestos de trabajo de la comuna.

Sin embargo, tras el estallido social y 12 meses de pandemia, para el turismo y el comercio en Valparaíso el panorama se ha vuelto negro. Alojamientos, servicios gastronómicos, agencias de viajes, turoperadores, guías, transporte y ventas de productos vinculados al turismo, locales nocturnos, proveedores, trabajadores, entre otros, han visto caer su actividad por sobre el 90%, provocando en muchos casos su cierre y más del 50% de despidos de sus trabajadores.

En el escenario de comunas como la nuestra, donde sobre el 90% de los actores económicos corresponden a microempresas, operan como contribuyentes de segunda categoría o están en vías de formalización, las medidas implementadas por el Gobierno no han sido suficientes.

Durante el 2020, y lo avanzado del 2021, hemos activado un conjunto de medidas para aportar al desconfinamiento y la reactivación de la economía local. Dentro de las atribuciones que tenemos como municipio están la prórroga del pago de patentes comerciales y de alcohol, exención de pago de aseo para empresas de menor tamaño, gratuidad para el uso de terrazas en el espacio público, aumento de plazos para certificados de Bomberos y SEC, entrega de kits y señaléticas sanitarias, capacitaciones y acompañamientos a prestadores de servicios turísticos para la implementación de protocolos sanitarios, peatonalización de calles e implementación de cuadrillas sanitarias que contribuyen al cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Además, hemos estado en permanente coordinación con las organizaciones gremiales locales y autoridades regionales para implementar las medidas que permitan levantar a este rubro tan golpeado. Sin embargo, hoy estamos nuevamente en vilo, tras la implementación de una nueva cuarentena sin fecha de término y sin un plan gubernamental que contemple la dimensión sanitaria junto a la económica y la comunitaria.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el tiempo de reactivación en un escenario moderado, será de 36 meses. Por ello, hoy urge un plan que contemple modificaciones legales que permitan la exención o reducción del pago de patentes comerciales, una inyección presupuestaria de recursos a gobiernos locales por la pérdida de ingresos por pago de patentes, un paquete de subsidios sin mecanismos de corte que permita sostener la recontratación de trabajadores, pagos de arriendos, cuentas y proveedores de las micro y pequeñas empresas.

En el caso de Valparaíso, es importante volver a discutir la creación de una Zona Franca asociada al turismo y la cultura, que permita su recuperación e impulso a través del no pago de IVA. Como Sitio del Patrimonio Mundial, necesitamos una Glosa Valparaíso que nos permita invertir en la ciudad y absorber las pérdidas asociadas a los 36 meses que nos va a costar recuperarnos de esta crisis sanitaria, económica y social.