El colapso de la morgue del Hospital Van Buren es un triste reflejo de la situación general de Valparaíso, con un alto número de casos de covid-19. El recinto mortuorio del principal centro asistencial de la ciudad, de referencia nacional en neurología, está saturado por cuerpos de fallecidos, muchos víctima de la pandemia.

Se adoptaron medidas provisorias para la ubicación de los cuerpos, respetuosas, aseguran los directivos del hospital; sin embargo, el hecho mismo reitera una realidad sanitaria sin control.

Se podrían hacer muchas reflexiones sobre la alta incidencia de la pandemia en Valparaíso, llegando, una vez más, a las deterioradas condiciones sociales y económicas de la ciudad que, sin lugar de justificaciones, son determinantes en la expansión de la letal enfermedad.

Pero el momento es más de acciones concretas que de esas eternas discusiones tan propias de nuestra ciudad.

En primer término, hay que insistir en el cumplimiento de las medidas de confinamiento, que deben ir acompañadas también de acciones concretas de apoyo a aquellos confinados que carecen de medios para su subsistencia, simplemente para comer, pues el hambre es un fantasma que recorre las calles y los cerros de la ciudad.

Paralelamente, hay que mantener las medidas sanitarias en aquellos espacios donde, necesariamente, se produce mayor acercamiento entre las personas. El transporte público es uno de esos espacios que exige permanente sanitización.

Pero junto con medidas de desinfección en terreno, no se puede bajar la guardia en los controles de movilidad y de aquellas actividades que implican concentración de personas y contactos estrechos, definiendo claramente aquellas actividades que son esenciales.

En lo estrictamente sanitario, hay que multiplicar la cantidad de exámenes con el fin de tener un conocimiento temprano de casos y, a la vez, poder realizar una trazabilidad que permita ubicar a otros contagiados. Este aspecto exige recursos y personal, cuestión en la cual no son aceptables excusas económicas.

Y, por cierto, hay que reforzar la última trinchera de contención, como son los hospitales, actualmente saturados en su capacidad física y, lo que es más grave, en su capacidad humana, pues el personal sanitario está el límite con el cansancio natural de jornadas agotadoras y con la amenaza siempre presente del contagio.

En medio de un panorama sombrío y de una batalla que se prolonga y agota, se instala un debate: la postergación de una compleja jornada electoral que conduce a definiciones importantes, pero cuyas externalidades encierran un riesgo real. El caso del Hospital Van Buren -macabro exceso de cadáveres- y otros 46 fallecidos en las últimas horas, advierten sobre la importancia de focalizar esfuerzos dejando de lado aquello que resta tiempo y recursos para preservar la vida.

Una vez más, y ahora en una nueva residencia administrada por el Estado en la comuna de Providencia, suenan las alarmas por la vulneración de un niño a causa de una crisis de salud mental.

Nuestra Fundación Refugio de Cristo, de la Región de Valparaíso, que sostiene seis residencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, viene denunciando ya hace años que debemos cambiar los criterios en la intervención de los niños y niñas.

Con la división del sistema Sename en dos, uno de niños y jóvenes infractores de ley, bajo la tuición del Ministerio de Justicia y dándole a esos niños la categoría de sujetos de derecho, según todas las normas que proceden de las organizaciones internacionales, se permite contar con los recursos asegurados para los derechos del niño. Los otros niños, los llamados "del Sename", que son muchos más en Chile, manejados por el Estado o privados, fueron declarados no de derecho, sino sujetos de protección, es decir, recibimos una subvención insuficiente e incapaz de proveer todos los derechos que estos niños reclaman y que son urgentes para trabajar los graves problemas de salud mental.

Por otra parte, los jueces de familia los envían a nuestras residencias solo por el factor de cupos o falta de "piso proteccional" como señalan, sin tener en cuenta la edad de los niños y sus complejidades. Esto es una "bomba de tiempo" en todos nuestros hogares.

No podemos tener niños de 12 años con otros de 17 o 18, con grandes complejidades. Debemos con urgencia bajar los cupos de atención en las residencias para trabajar con grupos etarios más homogéneos, para lograr tener un "hogar terapéutico" en el que se pueda realmente trabajar una terapia ambiental con comunidades formativas y sanadoras de las vulneraciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes; en el que se pueda trabajar con todos, incluidos niños de un perfil de salud mental, considerando que tengan una edad similar.

Urgimos al Congreso Nacional a votar la Ley de Garantías y Derechos de la Niñez para empezar a implementar las nuevas comunidades terapéuticas en nuestras residencias. Esta ley está entrampada por años. Es urgente; de lo contrario, seguiremos escuchando alarmas por nuestros niños.