Katherine Escalona M.

El incremento de la usurpación ilegal de terrenos es una problemática a nivel nacional y la Región de Valparaíso no es la excepción. El caso más dramático y emblemático por este tipo de hechos es la causa que está vigente en el Juzgado de Garantía de Quilpué por la denuncia que hizo el empresario Alejandro Correa (60) el 15 de mayo del año pasado, tres días antes de ser asesinado frente a su casa en Bosques de Montemar, en Concón.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Quilpué, entidad que confirmó que continúan los avances de la investigación tras la denuncia de Correa. A más de un año del hecho han recibido informes que dan paso a ampliar nuevas diligencias y la información está siendo coordinada con la Fiscalía de Viña del Mar, que lleva la causa por el homicidio del empresario.

A través de una declaración, la Fiscalía de Quilpué precisó que "la investigación ingresó a la Fiscalía con fecha 15 de mayo del año 2020 y fue realizada por una de las tres víctimas que están consignadas en esta causa que se sigue por el delito de usurpación violenta, establecida en el artículo 457 del Código Penal".

En la denuncia, afirmó el Ministerio Público, se da a conocer que "terceras personas ingresaron a terrenos privados ubicados en camino Calichero sin número, de la comuna de Quilpué, demarcaron sitios e hicieron caminos interiores con máquinas retroexcavadoras. Serían cerca de 30 personas quienes ingresaron al predio para levantar propiedades de manera irregular, además de bloquear ruta de acceso".

Por esta situación, recalcó el órgano persecutor, "la investigación permanece vigente y con diligencias en curso, las que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH), por la relación directa que existe en esta causa con la que sigue la Fiscalía Local de Viña del Mar, en relación a la muerte del empresario Alejandro Correa. Ya se han recibido algunos informes, lo que ha generado nuevas diligencias investigativas para poder avanzar en la causa que hasta ahora se encuentra desformalizada".

Aumento de la toma

La información fue consultada a la Fiscalía tras la entrevista que dio Valentina, hija de Correa, a La Tercera, donde explicó el calvario que ha tenido que vivir la familia por ese terreno de 13 hectáreas, en Quilpué, que colinda con la propiedad de Renato López, quien está en prisión preventiva por haber sido el autor intelectual del asesinato de su padre.

Los días han sido difíciles y el terreno sigue con una ocupación ilegal que se va incrementando. Incluso quien estaría a cargo del predio, Luis Alarcón, declaró a la PDI que 38 familias se tomaron el lugar después de la pandemia. "Entre el 50% y 60% somos técnicos o profesionales", afirmó Alarcón, que es uno de los testigos citados a declarar en el juicio oral por el homicidio de Correa.

Consultada por esta situación, la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, manifestó que "hemos estado en contacto permanente con la familia Correa, especialmente con sus hijas. Yo específicamente con Valentina y con Javiera para poder colaborar, dentro de lo que se pueda, desde que ocurrió este hecho tan trágico".

Aseveró que "esperamos que la Justicia haga lo que tenga que hacer" y por ese motivo aclaró que han estado en permanente contacto con la familia y su abogado para aportar antecedentes a la investigación.

"Evidentemente, si uno puede poner un grano de arena en esto lo vamos a hacer y además ellos también aportan con algunos antecedentes que son bastantes importantes. Hemos seguido trabajando, prácticamente cada dos semanas hemos estado en contacto y lo vamos a seguir haciendo, de tal manera que ellos puedan cerrar un círculo tan doloroso, pero con una sensación de justicia absoluta", dijo Corti.

Sobre el aumento de personas en el terreno usurpado, explicó que "desde octubre del 2019 en adelante han aumentado ocupaciones ilegales en la provincia. Son tomas que se arman de manera organizada y donde tienen medios para poder instalarse de manera rápida en algunos casos".

Se instalan, precisó, "en lugares que son estructurantes como el Troncal Sur, que es la conexión vial más importante que existe. Si el terreno es de carácter privado debe existir una denuncia por parte del dueño para que, de alguna manera, la Fiscalía pueda actuar y decidir respecto del desalojo. En un terreno público se hace una solicitud de restitución administrativa de parte de quien tiene el terreno a cargo".

"Ya se han recibido algunos informes, lo que ha generado nuevas diligencias investigativas para poder avanzar".

Fiscalía de Quilpué, Declaración por el caso

En el Juzgado de Garantía de Valparaíso, y de manera remota, se realizó ayer la audiencia de control de detención de F.A.R.D., de 19 años, capturado recientemente por la PDI en Renca e imputado por robo con homicidio, delito perpetrado el pasado 29 de enero en la población Juan Pablo II del cerro Placeres, en Valparaíso, en contra de Sebastián Abarca, de 27 años, cuya orientación sexual y el hecho de que la mayoría de las pertenencias de éste quedaran en el sitio del suceso, hacen presumir a sus familiares que se trataría de un delito de odio de carácter homofóbico.

La fiscal Lorena Ulloa detalló en la audiencia que al momento del crimen, el fallecido "fue abordado por el imputado, quien lo intimidó con un arma cortante con la intención de robarle sus pertenencias, por lo que la víctima opuso resistencia al robo, momento en el cual el imputado procedió a lesionarlo, provocándole una laceración cardiaca por arma blanca, cuya gravedad le provocó la muerte, quedando tendido en el lugar y huyendo el imputado".

Agregó que "estos hechos, a juicio del Ministerio Público, son constitutivos del delito de robo con homicidio, delito sancionado en el artículo 433 N° 1 del Código Penal, en el que le ha cabido participación en calidad de autor".

Peligro para la sociedad

A raíz de aquello, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, "toda vez que se dan los presupuestos materiales del artículo 140, esto es, la existencia del hecho punible, la participación del imputado, y claramente, el peligro para la seguridad de la sociedad, tomando en consideración el delito por el cual ha sido formalizado", indicó la persecutora.

Por su parte, el abogado querellante, Javier Cruz, destacó que el crimen ocurrió "frente a un jardín infantil y frente a una iglesia, un día viernes a la 1 de la tarde" y que el imputado se jactaba de "haberse 'piteado' a un 'caballito'", en referencia a la condición sexual de la víctima, por lo que estima que es un delito de odio y pidió prisión preventiva, al igual que el Ministerio Público y la abogada querellante, Gisela Escobar, quien hizo notar que F.A.R.D. "se cambió de domicilio al día siguiente e incluso fue ubicado en otra comuna".

Refutan crimen de odio

La abogada defensora, Mylene Muñoz, se opuso a la medida y cuestionó la idoneidad de un testigo, de nombre Gabriel, que "incluso fue a desvalijar la casa del imputado y que lo reconoce", y planteó la disyuntiva de si el hecho "fue un asalto o una legítima defensa". Agregó que no habría evidencias que permitan acreditar la participación de su representado, por lo que pidió el arresto domiciliario total en vez de la prisión preventiva, y remarcó que el ilícito que se le imputa a F.A. R.D. es robo con resultado de homicidio, y "no se trata de un delito de odio".

El magistrado Luis Araya sostuvo que "hay bastante prueba de contexto" y que "de todas formas existe el delito de robo con homicidio", a pesar de que pudiera haber eventuales contradicciones entre las versiones de dos testigos, las que aún no es posible contrastar. Agregó que, de haberse tratado de una legítima defensa, de todos modos "fue completamente desproporcionada".

Atendiendo al peligro para la sociedad que representa el imputado y al riesgo de que se fugue, el juez accedió a la prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días de investigación, en lo que estuvieron de acuerdo los litigantes. La medida cautelar deberá cumplirla en la cárcel de Valparaíso.

"El imputado procedió a lesionarlo, provocándole una laceración cardiaca por arma blanca".

Lorena Ulloa, Fiscal del caso

Un interno del Complejo Penitenciario de Valparaíso, privado de libertad hasta mayo del próximo año, logró evadir las medidas de seguridad del recinto y se dio a la fuga durante la tarde del pasado martes. De acuerdo a lo informado por la directora de Gendarmería a nivel regional, coronel Sandra Toledo, la institución ya se encuentra en proceso de dilucidar cómo ocurrieron los hechos.

Según lo reportado, se trata de un sujeto de 30 años, identificado como Fabricio Pérez Ahumada. "Se ordenó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que -durante la tarde del día de ayer (martes 6 de abril), en el Complejo Penitenciario de Valparaíso- un reo, que cumplía funciones en el casino del personal, se da a la fuga", aseguró la oficial. Según añadió, de inmediato se informó a las policías y el Ministerio Público, que continúan en un amplio operativo para dar con el paradero del prófugo.

"Se ordenó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que un reo se da a la fuga".

Sandra Toledo

Directora regional de Gendarmería