Para numerosas familias de la parte alta de Valparaíso, el trágico incendio que en abril de 2014 consumió más de 3 mil viviendas sigue presente, pues aún no logran recuperar la seguridad de hogares permanentes. Es el caso de pobladores del sector El Vergel, que se mantienen en la incertidumbre. Para ellos, al drama vivido el día del siniestro se suma la prolongada espera con gestiones, visitas a terreno y promesas que no se cumplen.

Y entre las 76 familias hay algunos que ya no pueden esperar… Han fallecido. Esta situación de incertidumbre resulta mucho más grave con la amenaza presente de la pandemia que ataca a los sectores que viven en condición de mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, tras el devastador incendio, que dejó 15 víctimas fatales, se han hecho inversiones importantes ascendentes, según el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a US$ 510 millones, principalmente enfocadas a mitigar "defectos urbanos", esto es, el riesgoso emplazamiento, muchas veces irregular, de numerosas viviendas en la parte alta de la ciudad. Un 75% de ese presupuesto se destinó a obras urbanas para asegurar una mejor accesibilidad y evacuación ante posibles nuevos siniestros.

Para la seremi de la Vivienda, Evelyn Mansilla, "era indispensable contar con vías de evacuación para emergencias", lo que es cierto. Sin embargo, junto a vías adecuadas y redes de agua operables en la parte alta, es fundamental ocuparse de la calidad y ubicación de las viviendas, donde hay graves carencias.

Como acertadamente afirma Luis Álvarez, magíster en Urbanismo y académico del Instituto de Geografía de la PUCV, damnificado en el siniestro de 2014, "si bien la ciudad formal mejoró sus condiciones de acceso, los asentamientos informales se han masificado en zonas de alto riesgo… Hay áreas que se han quemado cinco veces, y por seguridad hay que sacarlos de ahí". Y termina con una frase para el bronce: "Pareciera que en Valparaíso, más que resilientes, somos reincidentes".

Es cierto, pero la reincidencia parte de una realidad de alcance nacional, como es el déficit de vivienda, que no es combatido con el ritmo que exige el crecimiento de la población.

Las tomas arrecian y parece fácil levantar precarias viviendas. Pero el problema está en el "dónde", pues improvisados asentamientos terminan convirtiéndose en definitivos, llenando de esperanzas a las familias. Pero basta una chispa, un acto irresponsable cualquiera, una mala instalación eléctrica o de gas, para que ese grupo de viviendas emplazadas en quebradas o laderas expuestas al viento ardan rápidamente. De poco sirven los buenos accesos si el emplazamiento de las casas no cumple estándares de seguridad.

¿Reincidencia, como afirma el profesor Álvarez? Es cierto, pero una reincidencia forzada por una crisis habitacional en permanente crecimiento.

El último informe de "Estado de situación de las principales pesquerías chilenas" de 2019, de la Subsecretaría de Pesca, entregó muy buenas noticias para la pesca industrial. Exhibe un importante avance en recuperación y sostenibilidad de los recursos pesqueros del país, lo que es un verdadero seguro para el trabajo de miles de chilenos que laboran en barcos y fábricas del sector.

Los pescadores industriales de la zona centro-sur trabajamos principalmente sobre cuatro recursos: jurel, sardina-anchoveta, langostinos y merluza común. En relación con el jurel, el reporte señala que el recurso está sano y el volumen de capturas es sostenible. Esta recuperación le permitió a la pesca industrial obtener la valiosa certificación internacional de sostenibilidad MSC (Marine Stewardship Council), lo mismo para el langostino que se encuentra en plena explotación.

Respecto de la Sardina Común -materia prima para producción de harina y aceite de pescado- el informe detalla que se encuentra en plena explotación, mostrando la biomasa una tendencia creciente. Esto es muy relevante para el sector artesanal que concentra casi el 80% de la cuota de este recurso a nivel nacional y que es vendido a la pesca industrial, con retornos para el mundo artesanal, solo en esta parte del país, por casi US$ 80 millones anuales.

Sobre la merluza común, las noticias no son alentadoras. Este recurso se encuentra en Estado de Sobreexplotación y, según han expresado diversas instituciones, está gravemente afectada por pesca ilegal. Este delito es desarrollado por bandas organizadas que pescan fuera de las cuotas pesqueras autorizadas, dañan el precio que reciben los pescadores artesanales y ocasiona un deterioro feroz a los ecosistemas marinos. Afortunadamente, la Fiscalía Nacional ya está investigando producto de acciones legales ingresadas por nuestro gremio, pequeños armadores artesanales y pymes extractivas.

La pesca ilegal, no declarada, certificada o fiscalizada, es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que pescan solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras.

Por ello, hemos sido enfáticos en señalar que las acciones legales que hemos presentado y a las cuales se han sumado más actores, son a favor del resguardo de los recursos pesqueros, de la protección de la sostenibilidad del mar y de los pescadores artesanales honestos que están a merced de las mafias que controlan este ilícito, que destruyen los precios y los empobrecen. Estas querellas no son en contra de la pesca artesanal, muy por el contrario, son contra de aquellos que no cumplen la ley, depredan el mar y no cuidan el futuro de los recursos pesqueros de todos los chilenos.