Cristián Rojas M.

En el Juzgado de Garantía de Villa Alemana se está tramitando una querella por malversación de fondos públicos interpuesta contra los presuntos responsables del municipio, entre los que se encuentra el alcalde, José Sabat, y el exjefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Nelson Estay, hoy candidato independiente a la alcaldía de la comuna.

Entre las diligencias que pide el querellante, Nicolás Concha, gestor cultural y fundador de la organización Villa Alemana por el Medio Ambiente, se encuentra la solicitud de llamar a declarar a Sabat y Estay para dilucidar la responsabilidad que pudiera caberles en los hechos que le imputa.

La acción judicial se basa en irregularidades detectadas en el período 2017 a 2019 por parte de la Contraloría Regional, entre las que se cuentan el pago de pólizas de seguros de vehículos que se encontraban dados de baja por decreto alcaldicio; contrataciones de servicios a través de trato directo sin licitación pública y sin acreditar la excepcionalidad a la ley; conciliaciones bancarias sin aclarar por alrededor de $60 mil millones en los tres años auditados; contratación de 26 personas asignadas a la Dideco y que no se relacionan directamente con el programa de beneficios a la comunidad, además de otras faltas de carácter financiero, contable, legal y administrativo.

"acá no existen delitos"

El director jurídico de la Municipalidad de Villa Alemana, Jorge Torres, precisó que "esa querella se refiere a una investigación que desarrolló durante el año 2020 la Contraloría Regional de Valparaíso, y en ella estableció que faltaba alguna información de carácter financiero y respecto a algunos procesos disciplinarios".

Asimismo, planteó que "respecto de los hechos conocidos por la Contraloría, y en el cual el querellante califica los hechos como un eventual delito de malversación o fraude al Fisco, debemos ser categóricos en el sentido de señalar que quien desarrolló la investigación con gran empeño y prolijidad, que es el órgano contralor, no detectó ninguna irregularidad de naturaleza penal".

En tal sentido, explicó que "cuando así lo detecta la Contraloría, lo primero que hace es enviar los antecedentes al Ministerio Público en forma directa; es una obligación del estatuto de la propia Contraloría y es una obligación, además, funcionaria, que está establecida tanto en la Ley 18.883, como en el Código Procesal Penal, por lo tanto, en ese sentido la ciudadanía debe estar tranquila".

En ese contexto, el abogado hizo hincapié en que "acá no existen delitos, y si algún particular tiene una opinión diversa, tiene el derecho de hacerlo. Nosotros, sencillamente con la documentación con la que contamos y con los testimonios de los funcionarios que han intervenido en estos procesos, estimamos que estableceremos con absoluta claridad y transparencia que acá no hay delito de ninguna naturaleza".

Por su parte, el candidato a alcalde Nelson Estay, exjefe de la Dideco del municipio villalemanino, dijo estar "muy tranquilo, ya que el informe de Contraloría es muy claro, éste responsabiliza de todas las observaciones a la Dirección de Administración y Finanzas, dando un plazo de 60 días al municipio para subsanarla".

El informe sobre dideco

Precisó que "en el punto 1.2 del informe, párrafo primero, solo se hace mención a la Dirección de Desarrollo Comunitario por la contratación de 26 personas que cumplieron funciones en otras unidades municipales, como Departamento de Operaciones, operadores de cámaras de vigilancia, pintado de pasos peatonales, archivo de documentos, atención de reclamos, entre otros".

Estay añadió que "en el punto 1.2 párrafo quinto el director de Control (S) en oficio N° 170 de 2020 indicó que 'las contrataciones a honorarios observada se produjo con el fin de cumplir tareas de gestión y buen servicio a la comunidad, y al no contar con presupuesto suficiente en la cuenta 215-21-02, personal a contrata, se vio en la obligación de realizar contrataciones de personal bajo esa modalidad'".

Por otra parte, hizo notar que "de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, donde establece la responsabilidad de los Didecos, ningún director de Desarrollo Comunitario en Chile contrata personal, compra o paga, y la respectiva imputación de los ítems de gastos es responsabilidad administrativa y contable".

El candidato concluyó que "la denuncia formulada trata de levantar falsas banderas, de tergiversar información y de enlodar el nombre de una persona. Es, sin duda, una muestra de las malas prácticas políticas, las cuales se utilizan por parte de algunos pocos en periodo eleccionario".

"La Contraloría Regional de Valparaíso no detectó ninguna irregularidad de naturaleza penal".

Jorge Torres, Director jurídico del municipio

"Ningún director de Desarrollo Comunitario en Chile contrata personal, compra o paga".

Nelson Estay, Candidato y exjefe de Dideco

El próximo lunes 19, la Corte de Apelaciones de Valparaíso -que a fines de marzo acogió a trámite un recurso de protección contra las obras de ampliación en la ruta F-20- dará comienzo a la presentación de los alegatos de las partes. Vecinos del sector, organizaciones de la sociedad civil e incluso autoridades han manifestado su preocupación por los efectos sociales y ambientales de las obras que ya se encuentran en marcha, y esta podría ser su oportunidad de exigir estudios concretos sobre su impacto en la zona.

"Que la Corte haya acogido el recurso a trámite es un gran paso. Y si lo acoge totalmente, el MOP y Canopsa tendrían que ingresar al SEA (Sistema de Evaluación Ambiental), lo que significa que tienen que paralizar las obras inmediatamente a lo menos por dos o tres años. Lo que denunciamos es que no pueden continuar las obras si no hay un Estudio de Impacto Ambiental y una autorización del proyecto a través de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que es el único instrumento que los habilitaría para seguir construyendo y que significaría acordar con las comunidades una ruta que no afecte la vida de las personas y el medioambiente", explica el vocero de "No a la Autopista F20", Flavio Angelini.

Junto a otras agrupaciones locales, el movimiento ingresó la acción que apunta tanto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como a la concesionaria Canopsa, Conaf y el Ministerio del Medio Ambiente. Aseguran que los trabajos ya arrastran daños a la flora y fauna, de la misma forma que perjudican a residentes y a pequeños agricultores que, sin haber tenido mayores antecedentes, fueron notificados de la expropiación de sus terrenos.

"vulnera derechos"

"Teniendo en cuenta que Puchuncaví ya es una zona de sacrificio ambiental, el MOP quiere infringir otro sacrificio más a la comunidad. (...) No se han dignado a informar nada a nadie, han iniciado las obras y expropiado sin avisar nada. Eso vulnera por lo menos dos derechos constitucionales, en lo ambiental y frente a la propiedad. Esto es un matonaje del Estado que no se puede aguantar", afirma Angelini.

Variedad de CRÍTICAS

Lo cierto es que las quejas ante la ampliación de la ruta F-20 se remontan desde hace más de un año y han tenido como voceros incluso a varios ediles de comunas afectadas. Mientras que a algunos les preocupa la saturación vial o la no priorización de necesidades más urgentes -la escasez de agua, por ejemplo-, a otros les inquieta la posible destrucción de vertientes y ecosistemas. Ante Conaf, por ejemplo, ya se han presentado al menos dos demandas frente a la tala de árboles protegidos.

Otro punto de conflicto ha sido la escasa participación de la comunidad en el proceso. Pese a que el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, tuvo una reunión a fines de 2020 con actores sociales de diversas localidades, desde "No a la Autopista F20" niegan que se hayan cumplido los puntos acordados. "No hay ninguna comunicación con el MOP y mucho menos hemos tenido más reuniones", dicen.

"Hasta que no se termine la construcción de la carretera, los trazados son una parte plástica de un diseño (...) que, por supuesto, en su momento va a ser conocido por la comunidad y por el Concejo Municipal", aseguró en esa ocasión el subsecretario Leturia, quien reconoció la existencia de falencias en términos de protección al medioambiente.

"Lo que denunciamos es que no pueden continuar las obras si no hay un Estudio de Impacto Ambiental."

Flavio Angelini, Vocero "No a la Autopista F20"

Esval iniciará la próxima semana la renovación de redes de agua potable y colectores de aguas servidas en diversas calles de Valparaíso, con una inversión que supera los $440 millones, esto con el objetivo de seguir modernizando su infraestructura sanitaria y optimizar el servicio.

Las obras consisten en las renovaciones de la red de agua potable de calle Morris, entre avenida Brasil y Pedro Montt; y de calle San Ignacio, entre Yungay y Brasil; además de la renovación del colector de aguas servidas en Las Heras (tramo entre Colón y Lastra), y en la calle Osmán Pérez Freire, del cerro Mariposas. En total, se efectuará el recambio de cerca de 800 metros de tuberías, con su correspondiente conexión, la construcción de cámaras y la reposición de pavimentos, entre otras.

La ejecución de estos trabajos se iniciará el 19 de abril, y pese a no contemplarse el cierre de calles, se coordinará con el municipio de Valparaíso en caso de ser necesario efectuar desvíos de tránsito en las arterias intervenidas. El término de las obras está previsto para los meses de junio y julio de este año. El subgerente zonal de Esval, Alejandro Pérez, aseveró que los trabajos "beneficiarán directamente a más de 300 hogares".