La Contraloría Regional emitió esta semana el informe 542/2020, en el cual analiza las inquietudes manifestadas por los concejales Iván Vuskovic Villanueva, Claudio Reyes Stevens, Eugenio Trincado Suárez, Daniel Morales Escudero, Marcelo Barraza Vivar y Carlos Bannen González, en torno al proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, conocido como Pladeco. La construcción de este instrumento de planificación fue uno de los objetivos trazados por la administración de Jorge Sharp apenas asumió en el edificio de Condell 1490; sin embargo, en una decisión más influida por las intenciones políticas de barrer con cualquier legado de la administración anterior que por un análisis técnico profundo, la alcaldía decidió desechar los avances alcanzados en este tema durante la administración de Jorge Castro y abrió un proceso totalmente nuevo, sin muchos reparos por las cifras ya gastadas y pese a la evidente crisis de las finanzas municipales.

Para analizarlo, la Contraloría se planteó preguntas: ¿Se ajustó la Municipalidad de Valparaíso a las normas presupuestarias, sobre personal y jurisprudencia, en la contratación de personal para el desarrollo del Pladeco? ¿Fiscalizó la Municipalidad de Valparaíso el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos del personal que participó? Para ambas interrogantes, la entidad, que a nivel regional dirige el abogado Víctor Hugo Merino Rojas, entrega respuestas lapidarias y otorga ejemplos del mal manejo municipal. "Se advirtieron diferencias respecto de los gastos asociados al Pladeco, imputados en el subtítulo 22, 'Bienes y servicios de consumo', informados por la Secpla y aquellos informados por la Dirección de Control, detectándose que 123 desembolsos por una suma de $ 68.971.777, no fueron informados por la Secpla, los que incrementarían el costo del Pladeco", es una de sus conclusiones. Más allá de los $ 892 millones gastados por el municipio porteño en la elaboración de su Pladeco -sumados procesos de las alcaldías de Jorge Castro y Jorge Sharp-, las conclusiones del informe de Contraloría muestran una preocupante reiteración de faltas y omisiones en los mecanismos de control que aplica la actual administración. También revelan desorden y desidia al momento de explicar qué trabajo efectivo realizaron algunos profesionales contratados para tareas vinculadas al Pladeco, al punto que la Contraloría exigió a la administración de Jorge Sharp "un informe debidamente fundado y acompañado de todos los antecedentes que permitan acreditar que las labores de cada uno de los servidores individualizados fueron efectivamente desempeñadas", cuando analizó una partida de $ 58 millones. Preocupa la falta de autocrítica alcaldicia, que ve ataques sesgados allí donde solo hay una descripción de los resultados de un informe de control administrativo, como se exige a cualquier organización pública. Preocupa, además, porque no hay mucho espacio para mejorar lo realizado, cuando la culpa siempre se encuentra en otros.

La corrupción en sus diferentes formas, tanto pública como privada, ha sido fuente de inequidad, desigualdad y abusos en todos los tiempos. ¿Es inevitable entonces? Estamos convencidos que al menos podemos como sociedad organizada ubicarla en el lugar que le corresponde: en la celda del desprecio constitucionalizado.

Lo anterior guarda una afirmación implícita que no podemos negar: la corrupción hoy no solo es tolerada y, en muchos sentidos, considerada como un mal necesario, sino que es para muchos una forma de vivir y enriquecerse.

Pensar que somos un país con bajos índices de corrupción es ingenuo. Con los años hemos comprobado que, lamentablemente, muchos íconos de la probidad han sido destruidos al descubrirse la verdad de una descomposición institucionalizada que simplemente no había salido a la luz pública.

Dicho lo anterior, queremos manifestar que creemos firmemente que la nueva Constitución debe tener una profunda, clara y expresa vocación de integridad, impregnando a todo el ordenamiento jurídico de la necesaria exigencia de probidad y transparencia. La actual no es suficiente.

Lo anterior implica que la nueva Carta Fundamental debe tener a la integridad como principio y manifestar inequívocamente una voluntad constituyente para impedir, controlar y erradicar la corrupción. La integridad debe ser un valor reconocido, deseado y protegido por todos.

Cuando hablamos de corrupción no nos referimos solo a los típicos casos de soborno a funcionarios públicos para acceder a beneficios (una licitación) o evitar consecuencias (una multa), sino a un sinnúmero de comportamientos que pueden parecer inocuos, pero que en realidad influyen radicalmente en el desarrollo del país y la justa prosperidad de sus habitantes, como los concursos a cargos arreglados, que defraudan la confianza pública y la esperanza de oportunidades reales.

Una nueva Constitución significa un país que se empieza a redefinir. Y para que ese proceso sea serio y con buen pronóstico, es necesario que los altos cargos públicos o de relevancia pública queden absolutamente vedados para quienes alguna vez hayan recibido reproche suficiente por conductas que podamos considerar corruptas. No puede encabezar una entidad pública quien ha sido gravemente cuestionado y debe cesar en él quien sea sorprendido en tal circunstancia.

Lo nuevos líderes deben gozar de una imagen intachable y mantenerla así durante el ejercicio del cargo. ¿Difícil? Tal vez sí, pero nuestra nación tiene a cientos de personas competentes que han vivido honradamente toda su vida y vale la pena aspirar a contar con hombres y mujeres que nos enorgullezcan y sean ejemplo para las nuevas generaciones que guiarán el Chile del futuro.