Cristián Rojas M.

La Contraloría Regional entregó tres informes referidos a los contratos de tres residencias sanitarias en la región, en los cuales expone una serie de irregularidades de orden administrativo, ordenando sumarios y siendo el caso más grave el del Hotel Queen Royal B, en Viña del Mar, donde detectó un pago en exceso por casi 4 millones de pesos, por lo que denunció el hecho ante el Ministerio Público para que la Fiscalía inicie una investigación de carácter penal. En el caso del Hotel Open de Quillota constató un perjuicio al patrimonio público por más de $ 6 millones. A la vez, en el Hotel Enjoy San Antonio descubrió un pago por habitaciones que no fueron utilizadas por la suma de $19.527.900.

La suma de estos tres ítems es de $29.688.740, pero también hay otros valores que pide dilucidar, como conciliaciones bancarias que no concuerdan y otros temas que exige aclarar a los servicios de Salud respectivos. Entre los tres informes suman 25 irregularidades.

Viña del mar y quillota

En el caso del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) "se comprobó el desembolso de $41.116.880, por habitaciones destinadas a 'staff, áreas limpias y sucias de enfermería', sin que tales conceptos estuvieran incluidos en el contrato suscrito para el uso de Hotel Queen Royal B como RS (residencia sanitaria), así como una diferencia entre los pacientes que pernoctaron en el respectivo día y los datos proporcionados por la jefa del Departamento de Planificación y Gestión del SSVQ, derivando en un pago en exceso de $3.931.760, por lo que se remitirá copia de este informe a la Fiscalía Local de Valparaíso del Ministerio Público, y esta Sede Regional instruirá un procedimiento disciplinario orientado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Además, de conformidad con los artículos 95 y siguientes de la señalada ley N° 10.336, se procederá a formular el respectivo reparo".

Tras conocer los antecedentes, la Fiscalía Local confirmó que iniciará una investigación desformalizada para determinar si existe delito.

En tanto, y también en el ámbito de acción del SSVQ, el informe de Contraloría sobre el Hotel Open de Quillota establece que "el contrato con la empresa Sociedad Hotelera Espacio Ariztía Ltda. previene, en su cláusula segunda, el pago de costos operativos fijos diarios, que incluye a los primeros 36 pacientes, que asciende a $1.698.840, verificándose que dicha condición comprometió recursos por servicios que no fueron efectivamente prestados -correspondiente a días en que el número de hospedados no alcanzó dicho mínimo-, generando con ello un enriquecimiento sin causa en favor del prestador del servicio y, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio público por $6.229.080. Por tal razón, el SSVQ deberá iniciar un proceso sumarial para investigar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados en tales hechos".

Ssvq: acciones judiciales

Desde el SSVQ señalaron que "respecto de las auditorías, este Servicio de Salud se encuentra en el análisis correspondiente para proceder a adoptar todas las medidas administrativas necesarias para subsanar las observaciones establecidas por el organismo fiscalizador y cautelar buen uso de los recursos públicos".

Asimismo, hicieron hincapié en que "resulta necesario precisar que de manera previa a la emisión del referido informe, esta Dirección de Servicio ya ejerció acciones judiciales tendientes a resguardar el patrimonio fiscal y evalúa la interposición de acciones penales dado lo concluido en el informe. Así también, y de manera previa al informe, dio por parte del Servicio de un proceso sumarial para determinar las responsabilidades administrativas comprometidas en el proceso y tomar las medidas necesarias para que situaciones como las que el informe refleja no se repitan en el futuro".

Sumario en san antonio

En un tercer informe, esta vez respecto de los servicios contratados por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) al Hotel Enjoy San Antonio, Contraloría constata que "el SSVSA subarrendó 69 habitaciones con el Hotel Enjoy-San Antonio y, a su vez, contrató con la empresa San Sebastián Ltda. el servicio de alimentación para los residentes, por separado, lo cual determinó en total un pago de $ 57.120 por persona, situación que no armoniza con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad de la ley N° 18.575, toda vez que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los caudales públicos en la realización de sus tareas, por lo que esta Sede Regional procederá a iniciar un sumario administrativo para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados en los hechos".

Asimismo, el ente fiscalizador expone que "en base a la información proporcionada por el SSVSA, se determinó la existencia de pago por habitaciones que no fueron utilizadas por la suma de $19.527.900, lo que no armoniza con los ya anotados principios de eficiencia, eficacia y economicidad, por lo que esta Sede Regional adicionará tales antecedentes al sumario administrativo ya señalado".

Desde el SSVSA señalaron que dicho Servicio "se encuentra recabando los antecedentes para responder las observaciones realizadas por el organismo", y precisaron que "disponemos de 60 días para dar respuesta al requerimiento".

Frente a lo ocurrido en el Hotel Enjoy San Antonio, el diputado Marcelo Díaz (Unir) recordó que "hace meses vengo advirtiendo que estos contratos debían ser hechos en forma clara y pública. El Gobierno debió, a mi juicio, aprovechar otros espacios para recibir a los contagiados, como los propios ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), con los cuales existía un convenio para que pudieran ser utilizados como residencias sanitarias".

Para Díaz es "inmoral que en tiempos de pandemia, donde la gran mayoría de las y los chilenos se encuentran devastados económicamente, veamos a importantes instituciones de nuestro país despilfarrando recursos públicos que están destinados, justamente, a enfrentar la pandemia. Espero que existan las sanciones correspondientes y una aclaración por parte de las autoridades pertinentes porque junto con el eventual uso irregular de fondos fiscales, este informe de Contraloría señala que el Hotel Enjoy ni siquiera cumplía con las condiciones básicas sanitarias para ser utilizado como residencia lo que podría haber puesto en riesgo la salud de las personas".

Exigen aclaraciones

"Este informe obligará al Gobierno a aclarar, como se lo solicité en su momento al intendente Martínez, qué criterios se tomaron para contratar hoteles y empresas de servicios para atender contagiados de covid. A primera vista, cuando lo denuncié el año pasado, la implementación de estas residencias sanitarias no era muy clara, por lo mismo solicité la investigación; ahora, con la resolución de Contraloría, confirmo lo planteado y emplazo al Gobierno a que responda con claridad y celeridad", cerró el parlamentario.

En esa línea, el diputado Daniel Verdessi (DC) sostuvo que "esto debe ser aclarado, es necesario y es indispensable, por la transparencia, por la probidad, que todas estas cifras sean transparentadas, ya que significan gastos importantes del erario público".

Por su arte, el diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, destacó que "todas las acciones que emprende la Contraloría son las correctas, detectan precisamente un sinnúmero de ilegalidades en contrataciones vitales en momentos de una pandemia sin precedentes, donde el buen uso de los recursos no solo es un deber, sino una cuestión lógica y evidente".

"Espero que existan las sanciones correspondientes y una aclaración por parte de las autoridades".

Marcelo Díaz, Diputado (Unir)

"No viene si no a confirmar la ineficiencia y desidia en el uso de los recursos públicos".

Andrés Celis, Diputado (RN), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara

"Esto debe ser aclarado, (...) ya que significan gastos importantes del erario público".

Daniel Verdessi, Diputado (DC)

El diputado Andrés Celis (RN), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, recordó que "en junio del año pasado denuncié en Contraloría las irregularidades en las contrataciones efectuadas por Redes Asistenciales con el Hotel Puerto Mayor, Queen Royal, Enjoy San Antonio y Hotel Clínico SPA (en la Región Metropolitana) para funcionar como residencias sanitarias y también recurrí al Ministerio Público. A raíz de lo anterior fue que el ente contralor confirmó la auditoría en todos los contratos llevados adelante por el SSVSA. Que ahora aparezcan incluso más irregularidades de las que expresamente denuncié, no viene si no a confirmar la ineficiencia y desidia en el uso de los recursos públicos, lo que continuaré fiscalizando siempre con más esmero".