"El deterioro institucional es muy significativo y la salida va a ser larga y muy difícil"
Académico de las universidades Católica y de los Andes esperaría que las negociaciones por los "minimos comunes" sean una señal de cambio de actitud del Gobierno. Plantea que es fundamental que el proceso constituyente termine con la disputa Ejecutivo-Parlamento.
Cuando los principales poderes del Estado enfrentan una dura crisis de credibilidad y están transversalmente mal evaluados, significa que el poder está en el suelo y hay que intentar levantarlo entre todos, plantea de entrada el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado.
Sería esperable, agrega, que las negociaciones por los "mínimos comunes" con el Parlamento representen una señal de cambio en el modo de hacer las cosas por parte del Gobierno, que en su opinión necesita asumir efectivamente la debilidad en que se encuentra inmerso, entender "cuál es la real magnitud de lo que ocurre y actuar en consecuencia".
Dice que en los meses que le quedan, "su principal tarea es asegurar un mínimo de gobernabilidad y, llegado el 11 de marzo de 2022, traspasar la banda presidencial a quien corresponda; garantizar la normalidad institucional, administrar la vacunación y ojalá la salida de la pandemia", agendas muy básicas, pero fundamentales para que el país pueda seguir funcionando adecuadamente.
El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y del Magíster en Estudios Políticos en la Universidad de los Andes, quien está terminando el libro Tensión Constituyente, sobre los principales temas del debate constitucional, dice que lo que se va a jugar durante el proceso es "si se vuelve a validar la posibilidad de la deliberación política como una instancia que permita dibujar caminos compartidos de futuro".
Los riesgos del deterioro institucional
- ¿Cómo inciden los niveles de respaldo del Presidente (9%), el Parlamento (8%) y los partidos (2%) en una salida a la crisis social, política e institucional que vive el país?
- Uno esperaría que incidan, paradójicamente, de modo positivo, que sirvieran como un llamado de atención. Cuando la crisis y la baja credibilidad no es patrimonio exclusivo de un solo sector político o de una sola institución, sino que son los principales poderes del Estado los que de manera transversal están mal evaluados, significa -parafraseando a Alexis de Tocqueville- que el poder está en el suelo, y cuando eso ocurre hay que intentar levantarlo entre todos. En ese sentido es que leo la idea de los acuerdos mínimos. Puede que se dieran cuenta de que con ese clima político no había norte para ninguno de los actores, y que con la dinámica de la polarización creciente, sin algún tipo de acuerdos, sólo estaba ganando Pamela Jiles con la agenda de los 10%.
- Usted ha indicado que asistimos a "un muy agudo, muy grave deterioro institucional". ¿Cuáles percibe como los mayores riesgos?
- Hablo de deterioro institucional porque no se trata sólo de los índices de credibilidad que comentamos, que son sumamente preocupantes, sino que además se producen en el contexto del Chile post 18 de octubre de 2019 y con el añadido de que son casi todas las instituciones las que están en ese nivel de deslegitimación. Eso es muy peligroso porque cuando los caminos institucionales no funcionan, se empieza a validar otro tipo de instancias de facto. Pero en esas instancias, en la violencia, en los caminos extra institucionales, siempre termina ganando el más fuerte porque domina la ley de selva. Lo que está en juego cuando se deteriora la institucionalidad es ni más ni menos que la posibilidad de resolver de manera civilizada nuestras diferencias, y conducir razonada y pacíficamente los destinos del país.
- ¿Y cuáles ve como los caminos de solución?
- Mi impresión es que este va a ser un camino largo y muy difícil porque el deterioro es muy significativo. La primera vía que está a la mano es el proceso constituyente, el camino que encontró el sistema político para intentar encauzar de manera institucional la crisis que estalló en octubre de 2019. Y a mí me parece que si bien sería un error pensar que ahí van a estar todas las soluciones -no se le puede pedir a la Constitución más de lo que puede dar por su función- , también lo sería perder de vista que es el proceso que halló el sistema político y que ahí no están solo en juego mecanismos específicos o instituciones concretas que se puedan arreglar, también está en juego la posibilidad de volver a creer en la política.
Mínimos comunes y señal de cambio
- También ha enfatizado en la necesidad de que el Gobierno cambie la manera de hacer las cosas y deje de llegar tarde y mal a todas las coyunturas emblemáticas.
- Mi impresión -y no es sólo mía, se ha repetido de manera bastante transversal- es que el Gobierno ha tenido mucha responsabilidad en los problemas que ha enfrentado el país. Cuando el sistema político es ineficaz y el Gobierno en particular lo es en ordenar a su coalición, en anticiparse a los problemas, en lograr negociar con la oposición, termina pasando lo que hemos visto. Por eso yo hablaba de que se requiere una manera distinta de hacer las cosas.
- ¿El desempeño del Gobierno en las conversaciones sobre la agenda "mínimos comunes" es una señal de cambio?
- Yo esperaría que fuera una señal de cambio o al menos que se haya tomado conciencia de la debilidad que experimenta La Moneda. Para el país no es bueno que la principal autoridad de la República esté así de debilitada, pero tampoco se saca nada con negar la realidad. Yo espero que esas conversaciones se traduzcan en una conciencia permanente de que el Gobierno está muy debilitado y por tanto requiere ser capaz de ordenar a su coalición, y trabajar una hoja de ruta con la oposición. Aquí el Gobierno por sí solo no va a conseguir nada, necesita ayuda. El problema que ha pasado otras veces, que esperemos no ocurra ahora, es que cuando se empieza a entusiasmar con algún tipo de resultado positivo, se le olvida la debilidad en que está inmerso.
Presidente, asesores, oposición
- ¿Qué responsabilidad le asigna al jefe de los asesores presidenciales en el modo de conducción del Gobierno?
- Los asesores del Presidente, partiendo por su jefe, alguna responsabilidad tienen. Si el Gobierno hubiera recibido consejos acordes a la realidad del país, quizás las cosas serían mejores. Pero los problemas que ha enfrentado han sido tan reiterados y tan endémicos que sería un error atribuirlos a personas distintas a quien ejerce la Presidencia. Es muy sabido que el Presidente tiende a estar encima de todas las decisiones, concentra las agendas, toma un protagonismo excesivo. En ese cuadro, la principal responsabilidad recae en él, que sin duda debe haberlo pasado muy mal, pero a efectos de la crisis que le tocó enfrentar, ha tomado malas decisiones, y eso se ha reiterado en el tiempo.
- ¿Y qué responsabilidad le cabe a la oposición en cómo ha escalado esta crisis?
- La regla ha sido que hay una ala muy radical que sueña con derrocar al Presidente y una centroizquierda que muchas veces no se ha atrevido a levantar la voz frente a ese sector; que ha guardado silencio y ha sido cómplice pasivo, dejando que la música y la letra la pongan los sectores más radicales en desmedro de la propia centroizquierda y obviamente del país. Entonces, yo en general evalúo bastante mal la actuación de la oposición en medio de la crisis, y me parece que la ciudadanía también lo percibe. Por algo los partidos y conglomerados con vocación institucional no han sido apoyados por la ciudadanía.
El tribunal constitucional
- ¿Cuál es su lectura sobre la actuación del Tribunal Constitucional en el rechazo a la admisibilidad del requerimiento presentado por el Gobierno para tratar de frenar la reforma del tercer retiro de fondos previsionales?
-Los hechos que rodearon esta última polémica son el mejor ejemplo de que está pasando por un momento muy bajo, quizás el peor en su historia. Creo que hay dos cosas que tener a la vista. Por un lado, las declaraciones del ministro Aróstica que parecía jugando a ser diputado. Por otro, haber resuelto de una manera muy curiosa el no acoger a trámite el requerimiento presentado por el Gobierno, que si bien tenía al parecer algunos problemas, esa fase es un control puramente formal, en el cual el TC lo que tenía que hacer era acoger a trámite y luego conocer el fondo del asunto. Y había al menos una dimensión abiertamente inconstitucional, el retiro de rentas vitalicias. Mi impresión es que al renunciar a su deber de conocer
Cuando la crisis y la baja credibilidad no es patrimonio exclusivo de un solo sector político o de una sola institución, sino que los principales poderes del Estado de manera transversal están mal evaluados, significa que el poder está en el suelo, y cuando eso ocurre hay que intentar levantarlo entre todos".
Eso es muy peligroso porque
cuando los caminos institucionales no funcionan, se empieza a validar otro tipo de instancias de facto.
Pero en esas instancias, en la violencia, en los caminos extra institucionales, siempre termina ganando el más fuerte porque domina la ley de selva".
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