En un artículo del exministro y exsenador Carlos Ominami, publicado por su Diario, se sostiene la tesis de que para avanzar el país requiere establecer en su nueva Constitución Política una Cámara única. Personalmente, no puedo estar más en desacuerdo con esa idea y pienso que su implementación le haría una daño inconmensurable al nuevo sistema institucional que se pretende establecer. Brevemente, fundaré mi posición al respecto.

La Cámara única es una forma del Poder Legislativo que campeó en los países de la antigua órbita soviética y que todavía existe en aquellos que poseen un sistema de partido único. La razón es lógica. Si el jefe del Estado tenía el control del ejecutivo a través del partido, resultaba absurdo establecer una Cámara revisora. La visión de aquel se imponía sí o sí y de ahí que las votaciones para aprobar lo propuesto por el Ejecutivo eran en general por unanimidad. También existe en los países de la Comunidad Británica de Naciones, ya que, de una forma distinta a la mencionada, se da una realidad similar: el Ejecutivo y el Legislativo está en manos del mismo partido o coalición de partidos. Claro que en estos países las elecciones democráticas y libres permanentes exponen a los conglomerados que son mayoría al juicio periódico de la opinión pública. Lo anterior, sin embargo, no es obstáculo para que en Gran Bretaña exista la Cámara de los Lores, que cumple de alguna manera un papel de Cámara Revisora, además de otros que son de vital importancia dentro del esquema institucional británico.

En países con un sistema representativo y de multipartidos está el caso de Perú. Quizás el daño mayor que le hizo el expresidente Fujimori a su nación durante sus mandatos presidenciales fue establecer una Constitución Política que abolió el Senado y redujo el Congreso Nacional a una Cámara única.

Esto llevó al país del norte a crear una verdadera anarquía institucional y legislativa y contribuyó a la atomización absoluta de los partidos políticos. De grupos políticos que poseen dos o tres miembros de la Cámara única depende casi todo, incluso la destitución del Presidente de la República o la aprobación de leyes realmente atentatorias al interés general del país. Basta mencionar que con un período presidencial de cinco años el Palacio Pizarro ha visto desfilar a cuatro ocupantes. No caigamos en el mismo error en que cayó el Perú.

Hay otros que sostienen que el Senado significa un mayor gasto y que con los recursos que se gastan en él se podrían construir un número equis de casas. Este argumento es de un primitivismo que asusta. Chile, como país, no puede pensar en los costos de las instituciones que se debe dar para ser una República seria y tener un Estado que cumpla adecuadamente sus deberes. Debe asumir los costos razonables que ello significa. Se tiene que decidir en el sentido que es necesario tener todas aquellas que son indispensables para su normal desarrollo. Ahora, si se insiste en el argumento de los costos y lo aplicamos a otro Poder del Estado, el Judicial, se podría sostener la eliminación de las Cortes de Apelaciones, ya que la disputa entre partes fue resuelta por un juez de primera instancia. Para qué repetir el ejercicio. La sola posibilidad de intentar hacer una cosa así constituye una estupidez atroz.

La historia reciente nos ha dado buenos ejemplos de la utilidad del sistema bicameral. Durante el segundo gobierno de la señora Bachelet se presentó un proyecto de reforma tributaria que fue tramitado en quince días por la Cámara de Diputados.

El producto de ese primer trámite constitucional fue realmente un espanto y el Senado, con la participación de todos los partidos políticos -gobierno y oposición- tuvo que estudiar de nuevo toda la proposición y en tres meses hacer una nueva que alcanzara ciertos mínimos de cordura. Si hubiésemos tenido una Cámara única es fácil colegir lo que habría sucedido. La Cámara de Diputados es por esencia una Cámara eminentemente política y posee por mandato de la Constitución la función de fiscalizar al Ejecutivo. Es por ello que el tono de sus debates y de las resoluciones que adopta son a veces algo difícil de entender, pero es que está en la esencia de su existencia que se lleve a cabo allí el debate político mismo. El Senado, por su parte, es una institución más pequeña, con un mínimo más alto de edad para sus miembros y entre sus responsabilidades únicas hay varias que son fundamentales para la institucionalidad del país.

En muchas oportunidades ha sido el dique adecuado para orientar la política central de Chile y es por mandato constitucional un ente que aconseja al Presidente de la República. Borrar el Senado sería exponernos a una "peruanización" de nuestra política, cosa que se debe evitar, más ahora con la realidad que presentan los múltiples partidos políticos existentes en nuestro país.

Por demetrio infante figueroa