Destrucción con recursos públicos
El instigador de un nuevo ataque al edificio corporativo de este Diario fue premiado pasándolo a la planta de personal municipal. No se puede pasar por alto el hecho que con fondos públicos de la ciudad se esté remunerando a quien promueve su destrucción. Ayer, el Concejo Municipal acordó solicitar un sumario en su contra.
El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp se encogió de hombros cuando fue informado por el Director de este Diario de que un funcionario municipal había llamado por redes sociales, en una cuenta de más de 30 mil seguidores, a volver a atacar el edificio de El Mercurio, gravemente dañado en los atentados del 19 de octubre de 2019.
Pese a que se le indicó que el día 25 de octubre el funcionario Rodrigo Valderrama Parraguez convocaba a quemar "nuevamente El Mercurio, pero esta vez x completo", el jefe comunal manifestó que tenía tres mil empleados y no podía estar controlando a cada uno.
Sin embargo, el funcionario que convocaba a un nuevo atentado, y quien había llegado a la Municipalidad durante la administración de Sharp, fue premiado con posterioridad a sus incendiarios llamados pasándolo a la Planta Municipal.
Valderrama, quien forma parte de la parafernalia comunicacional de la "alcaldía ciudadana", será formalizado el próximo 3 de junio por el Ministerio Público con el cargo de amenazas simples de acuerdo al artículo 296 del Código Penal, artículo que, sin duda, conoce el abogado Sharp y que debió haber evaluado al formalizar su ingreso a la Planta Municipal. Este ingreso se concretó a fines del año pasado, es decir, después de las jornadas generalizadas de vandalización de la ciudad, durante las cuales no solo se atacó el edificio patrimonial de este Diario, sino que también la propiedad pública y privada, con severo daño a muchas actividades y pérdida de numerosos puestos de trabajo.
La conducta del funcionario y la tácita aceptación de Sharp son especialmente graves, pues alientan claramente una incitación a la violencia contra un medio de comunicación, lo que supone daño no solo a instalaciones, sino que también a quienes trabajan en ese medio. Pero, derechamente nos encontramos ante una nueva amenaza a la libertad de expresión con todos lo que ello significa para la comunidad en general, para la convivencia democrática y también en cuanto al pensamiento de quienes hacen ese llamado.
Apartándonos del daño patrimonial que significó el atentado al edificio de este Diario y la convocatoria a destruirlo por completo, no se puede pasar por alto el hecho que con fondos públicos de la ciudad se esté remunerando a quien promueve la destrucción, algo que no es precisamente un mero "descriterio de este muchacho", como dijo ayer la asesora patrimonial remunerada del municipio, Macarena Carroza, quien ya parece estar sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo con Sharp que escapa a toda lógica.
Este caso, dejando de lado el efecto particular sobre un medio y sobre la actividad informativa en general, revela una vez más la instrumentación tras logros políticos personales que se hace de los recursos públicos, mientras la ciudad se cae a pedazos y se denuncia la descomposición de cajas de alimentos, mientras para muchos el hambre ya no es un fantasma, sino que una triste realidad.