Katherine Escalona M.

Ayer fue un día lleno de tensión en el Concejo Municipal. Luego de la votación de destitución de la administradora municipal, Cecilia Ugalde, los trabajadores municipales agrupados en la multigremial leyeron una carta en la que solicitaron que se instruya un sumario al funcionario que será formalizado por amenazar, a través de Twitter, con la quema del edificio de El Mercurio de Valparaíso. A dicha solicitud accedieron los concejales y el presidente del Concejo, Iván Vuskovic (Ind.), precisó que la determinación es solo facultad del alcalde, pero se votaba a favor en la sesión.

Quien leyó la moción fue la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Valparaíso (Afumuval), Carolina Aránguiz, al manifestar que "estimamos estos hechos revisten de la mayor gravedad y solicitamos la instrucción de un sumario administrativo en forma inmediata, ya que atentan al prestigio y dignidad de los funcionarios municipales".

Lo solicitado, según lo expuesto por Aránguiz, se basa en que los "funcionarios municipales debemos observar estrictamente el principio de probidad administrativa. La Ley N° 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece en el artículo 58, letra G, que 'serán obligaciones de cada funcionario: observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N° 18.575 y demás disposiciones especiales'".

Y expresó que "en el artículo 83 se señala que el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen; por último, el artículo 119 precisa que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal".

Amenazas contra edil

Además, agregó que "les quiero señalar que he recibido una información en torno a la persona que acabamos de conversar. Sobre esta persona que hace las amenazas de incendiar El Mercurio existe un decreto exento de la Dirección Jurídica, número 316, del 23 de septiembre del 2020, donde además al mismo funcionario se le aplica la medida disciplinaria de una multa ascendente a un 15% de su remuneración porque él, en ese momento, era funcionario a contrata grado 14, y esto fue por publicaciones y comentarios ofensivos al concejal Marcelo Barraza".

Aránguiz añadió que en el decreto también "se castiga a Paulo Gómez Palma". Este Diario pudo acceder al documento citado por Aránguiz. En relación al funcionario municipal que será formalizado por amenaza de incendio a este Diario, en el escrito se especifica que "el cargo efectuado se tuvo por acreditado, comprobando que el inculpado, desempeñando las funciones de su cargo y durante su jornada de trabajo, efectuó en la red social Facebook de la Alcaldía Ciudadana (...) diversos comentarios ofensivos para el concejal".

La formalización del funcionario municipal por amenazas al edificio de Esmeralda 1002 fue consultada por Vuskovic al jefe de Asesoría Jurídica, Nicolás Guzmán, quien reconoció que "me enteré de este hecho por la publicación que hizo el diario El Mercurio el día de ayer (martes), no tengo mayor antecedente que señalar, tampoco se me ha instruido nada al respecto. En consecuencia, hay que estar atento al acto de formalización de este funcionario, ver cómo continúa la investigación penal, para luego ver qué repercusiones, efectos o consecuencias".

Otras solicitudes

A la petición de sumario para el funcionario por amenaza de incendio se sumó la reapertura del proceso por acoso sexual denunciado por la exabogada de gabinete del alcalde, Tania Quezada, en contra de Patricio Aeschlimann, exjefe de prensa del municipio, quien, tras finalizado el proceso, recibió la medida disciplinaria de "suspensión de su empleo por 60 días, con goce del 50% de sus remuneraciones", ante lo que solicitan ahora su destitución.

Referente a este caso, los ediles acordaron pedir a la administración que se pueda reabrir el proceso. Tal como en el caso anterior, la decisión sería también exclusiva facultad del alcalde, por lo que los concejales solo se remitirán a informar la situación a la administración para que se adopten las medidas que estimen procedentes.

Como punto tres de los trabajadores, la vocera de los funcionarios a honorarios de la Municipalidad de Valparaíso, Marcela Bahamondes, informó que más de 300 funcionarios se encuentran en una compleja situación porque no habría dinero en las arcas municipales para extender sus contratos. Dijo que "al preguntar por la renovación de los contratos, se nos indica que no hay fondos en la cuenta 04. Lo raro es que este fondo es anual y viene de la Subdere y no tendrían por qué hacernos contrato por solo 6 meses. Están peligrando los trabajos de muchos funcionarios, porque nos indican que no hay fondos para hacer las renovaciones de contratos. Queremos saber el plan financiero, dónde está la plata que envió la Subdere", todo lo cual igual será consultado por el Concejo.

"Solicitamos la instrucción de un sumario administrativo en forma inmediata".

Carolina Aránguiz

Vocera de la Multigremial

"Me enteré de este hecho por la publicación que hizo el diario El Mercurio, no tengo mayor antecedente".

Nicolás Guzmán, Jefe de Asesoría Jurídica municipal

Una fiscal externa se encargará de indagar al interior del Hospital Clínico Viña del Mar las posibles causas que habrían gatillado el suicidio de la enfermera Vanessa Araya (29), cuya familia acusa al recinto asistencial de no haber tomado medidas oportunas ante acciones de maltrato y acoso laboral en contra de la profesional que se desempeñó en la UCI Covid del centro de salud, ubicado en el sector de Chorrillos.

A través de un comunicado, el recinto precisó que "con el fin de apoyar al esclarecimiento de la muerte de la enfermera Vanessa Araya y porque nos interesa tener información fidedigna que nos permita tomar las medidas correspondientes, iniciamos una investigación a cargo de una fiscal externa a nuestro hospital, quien tiene las más amplias facultades de intervención en las diversas gerencias administrativas y técnicas existentes al interior del hospital, asegurando así la independencia y eficacia en la investigación sumaria. Con esto, esperamos contar, en el corto plazo, con un informe experto que permita a la dirección del hospital subsanar los posibles errores existentes y aclarar las informaciones aparecidas".

Sobre el negativo ambiente laboral que habrían enfrentado tanto Vanessa como Florencia Elgueta (25), quien también se quitó la vida en agosto de 2020, presuntamente por causas similares, puntualizaron que "es importante recalcar que tomamos conocimiento extraoficialmente, ya que no hay ningún registro de denuncias formales de estas profesionales o de otros miembros del equipo, ni en el hospital ni en la Inspección del Trabajo".

Rodrigo Kaplan (PR), candidato a concejal por Viña del Mar e hijo del recordado médico y exalcalde de la ciudad, Jorge Kaplan, subrayó la importancia de generar un plan para poder levantar al alicaído comercio y al sector gastronómico.

"Es necesario que Viña del Mar tenga un plan estratégico de revitalización del comercio, especialmente de la calle Valparaíso, alrededores y el barrio poniente. Ese plan debiera incluir seguridad ciudadana, mejores implementos de detección del delito, además de más recursos del Gobierno para fortalecer el sector", planteó.

Asimismo, destacó que a raíz de la pandemia, "el comercio detallista, la gastronomía, ha sido una de las víctimas más notorias. Una idea es cerrar calles, crear terrazas, permitir el aire libre, pero para eso también se debe implementar mayor control policial".

Por otra parte, propuso "flexibilizar pagos de patente, permisos de publicidad y otras ayudas que desde el municipio puedan entregar a los comerciantes, al rubro gastronómico en especial; y todo eso asociado también a un plan de promoción adecuado, para que cuando se pueda desarrollar la actividad turística en forma normal, generar flujos de visitantes hacia la comuna y así volver a reposicionar a Viña como un destino seguro".