Claudio Ramírez

Un número de 146.854 habitantes del Gran Valparaíso, territorio que agrupa a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, no cuentan con las condiciones urbanas mínimas para su calidad de vida. De ello da cuenta la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en el estudio "Caracterización Territorial", que mide cinco dimensiones relacionadas con la calidad de vida de las personas: Infraestructura Básica, Equipamiento y Servicios, Medioambiente, Vialidad y Movilidad, y Seguridad Urbana.

En el detalle, se trata de 49 mil familias que corresponden al 15% de la población total de la zona metropolitana de la región. Además, en el documento se consigna que 2.594 hectáreas de dicho territorio presentan condiciones urbanas críticas, lo que representa un 11% del total de la superficie urbana de la zona.

Variables

Para determinar la condición de cada una de las áreas se toman en cuenta elementos como el acceso a los centros de comercio y empleo, infraestructura como ciclovías o paraderos de la locomoción colectiva. En materia de seguridad urbana se suman variables como la victimización, la capacidad de respuesta de las policías y otros elementos que apuntan, por ejemplo, a la presencia de luminarias públicas.

Con todos estos se identifican brechas en cuanto a las condiciones en las que se encuentra el estado urbano, a partir de un conjunto de variables agrupadas en las cinco dimensiones mencionadas.

En el caso del Gran Valparaíso, Infraestructura Básica arrojó un promedio de 0,57, Equipamiento llegó a un 0,53, Medioambiente se situó en 0,56, Vialidad en 0,63 y Seguridad en 0,64.

"Esto permitirá identificar claramente las particularidades de los entornos y necesidades urbanas de la comunidad y focalizar la inversión en sectores con mayores déficits, especialmente en lo que dice relación con infraestructura social", explicó la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez.

Además, el estudio analizó la conurbación Quillota-La Calera, registrando un 18% de población viviendo en un entorno con condiciones urbanas críticas, equivalente a 27.576 habitantes, y un 7% de su superficie urbana en dichas condiciones (264 hectáreas). Mientras, San Antonio alcanzó un 20% de población (28.592 personas) viviendo en sectores críticos y el 12% del territorio bajo esas condiciones, lo que significa un total de 533 hectáreas.

Para la líder gremial, estos datos, junto a la voluntad y decisión expresada por las nuevas autoridades y los anhelos de la comunidad, representan una oportunidad para mejorar el entorno urbano de las familias del territorio. "Las nuevas autoridades son conscientes de estos problemas y vienen con programas e iniciativas importantes para superar la inequidad territorial", remarcó, añadiendo que este documento puede ser un insumo gatillador de responder a esas necesidades.

Identificación

A nivel país, son 2,2 millones de personas las que viven en entornos con condiciones urbanas críticas. Al aplicar las cinco dimensiones al Gran Santiago, por ejemplo, se observa que 1,2 millones de personas viven en sectores críticos, equivalente al 19% de su población. En tanto, ciudades como Chillán, Osorno, Los Ángeles y Coyhaique tienen un mayor porcentaje de su población viviendo en estas condiciones.

"Este trabajo mide las condiciones urbanas en que viven los habitantes de las 22 principales ciudades del país, ya que dichas condiciones tienen un alto impacto en la calidad de vida de las personas y porque ello permite identificar los sectores en que es más urgente la acción público-privada para mejorar sus estándares", remarcó el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado.

El documento se desarrolla desde 2015 y en una primera etapa abordó las variables de infraestructura básica, equipamiento, y servicios y medioambiente con el apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Luego se sumaron otras dos dimensiones que fueron vialidad, y movilidad y seguridad urbana con el respaldo del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica.

Para el caso de la seguridad también el gremio de la construcción contó con la colaboración de la Fundación Paz Ciudadana.

"Permitirá identificar claramente las particularidades de los entornos y necesidades urbanas de la comunidad".

Marisol Cortez, Presidenta CChC Valparaíso

"Este trabajo mide las condiciones urbanas en que viven los habitantes de las 22 principales ciudades del país".

Javier Hurtado, Gerente de Estudios CChC

Pese a que poco a poco los establecimientos educacionales del país están reabriendo sus puertas para que sus estudiantes continúen con las actividades presenciales, ayer la seremi de Educación de Valparaíso, Patricia Colarte, mostró su preocupación por los estudiantes de liceos técnico-profesionales (TP) de la región, uno de los sectores más afectados por la suspensión de clases presenciales a causa del covid-19.

Según el Ministerio de Educación, más de 150 mil estudiantes de esta modalidad educativa se han visto afectados por la pérdida de horas prácticas, particularmente aquellos de los 409 liceos TP del país que no han reanudado clases presenciales desde marzo de 2020. A este último grupo pertenecen 2.542 alumnos de 4° medio de la región, quienes han perdido un 61% de sus horas prácticas (564), lo que supone un tercio de la formación necesaria para su especialidad.

Afecta formación

La seremi Colarte calificó esta situación como "preocupante", por lo que hizo un llamado a que los establecimientos reabran sus puertas.

"Es importante que los sostenedores de establecimientos TP, donde cerca del 70% de ellos son municipales, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan aseguren el derecho de los alumnos a la educación. La pandemia ha afectado a todos y, particularmente, a los alumnos TP, porque sobre el 60% de su currículum es práctico y quienes hoy están en 4° medio, han perdido 3 de los 4 semestres de horas prácticas, lo que es una situación preocupante que va en desmedro de su formación y de las oportunidades que puedan tener una vez egresados", detalló la autoridad.

Estudiantes

Esta pérdida de habilidades también afecta a Fabiana Ayala Reyes, alumna de 4° medio TP en la especialidad de Diseño del Liceo Juan Dante Parraguez de San Antonio, debido a que el establecimiento no ha abierto sus puertas, a pesar de que la comuna se encuentra en fase 2. Comenta que "ha sido complicado no ir a los talleres, ya que me es difícil hacerlo vía online, porque no es lo mismo. Lo que más extraño es poder ir a mi taller para usar las máquinas que nos sirven para cortar, coser y bordar y así realizar mis horas prácticas".

"son muy importantes"

Ignacio Napoleone, de Mecánica Industrial del Eisa de San Antonio, establecimiento que en la medida en que las fases del plan Paso a Paso lo han permitido ha realizado clases y talleres presenciales, dijo estar muy contento al igual que sus compañeros y valora poder realizar sus horas prácticas en la escuela, ya "que son muy importantes en el plan de estudios, sobre todo cuando tenga que egresar a fin de año con mi título técnico. Estar en el taller me permite adquirir más conocimientos al poder ver y tocar las máquinas, lo que me da la experiencia para estar mejor preparado en el futuro".

En el presente año escolar 2021, más de seis mil alumnos de tercero y cuarto medio de la región de Valparaíso y más de 74 mil a nivel nacional acumulan 123 horas prácticas perdidas para su formación específica.

"Es preocupante y va en desmedro de su formación y de las oportunidades que puedan tener una vez egresados".

Patricia Colarte, Seremi de Educación

"Ha sido complicado no ir a los talleres, ya que me es difícil hacerlo vía online, porque no es lo mismo".

Fabiana Ayala, Estudiante de cuarto medio

Una querella fue presentada por Codelco contra Óscar Soria Garín, exsupervisor de la Corporación, y contra quienes resulten responsables del delito de apropiación indebida y otros que se determinen en el procedimiento criminal relacionado con la gestión de fondos de inversión comunitaria.

Así lo informó la estatal a través de un comunicado, en el cual detalla que los hechos que sostienen la demanda fueron establecidos por una investigación interna. En ella se identificó el cobro de cheques destinados a la Fundación Orquesta Sinfónica de Los Andes (Fosila) por parte de trabajadores y extrabajadores de Codelco para usos particulares.

Entre ellos, figuran 106 documentos por $88.672.000, cobrados en 2018 por Óscar Soria, quien tenía la función de administrar los pagos de Fosila.

Asimismo, se detectó el cobro de otros 30 cheques de la Fundación, realizado por otros dos personeros de Codelco y Fosila, con lo que el perjuicio total ascendería a la suma de $109.661.000.