Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que generó polémica entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición.

Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió ayer.

"El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima y, como consecuencia de eso, el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él", explicaron fuentes de la cancillería trasandina.

En septiembre de 2018, los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

La misiva iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Todos esos países integraban con otros seis más el Grupo de Lima, del que Argentina, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, decidió retirarse hace dos meses, al considerar que las acciones que el organismo impulsaba en el plano internacional, "buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada".

Al día siguiente, el ejecutivo argentino, cuya vicepresidenta, Cristina Fernández, tuvo una estrecha relación con el chavismo cuando fue la primera mandataria entre 2007 y 2015, envió a la CPI una carta en la que formalizaba el retiro del apoyo a la investigación.

"Argentina ha dejado de integrar el Grupo de Lima. En consecuencia, el Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco", señala esa misiva.

Las fuentes remarcaron que, independientemente de que Argentina desista de apoyar la demanda, la investigación de la fiscalía de la CPI seguirá su curso.

Naciones Unidas dio luz verde a la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las posibles violaciones de los derechos humanos antes y durante al último conflicto entre palestinos e israelíes, que cesó hace una semana tras provocar unos 240 muertos entre los primeros y más de una decena entre los segundos. La decisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países y en cuyo inicio, la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo que los ataques lanzados por Israel contra Gaza pueden constituir crímenes de guerra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo: "La vergonzosa decisión es un ejemplo más de la flagrante obsesión antisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".