La Cuenta Pública de ayer en Valparaíso fue un claro ejemplo de cómo ha cambiado el país en los últimos 20 meses. El tono de los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera se alejó de la larga letanía sobre obras que caracterizaba años anteriores, para concentrarse en los problemas urgentes del país, gatillados o puestos sobre la mesa por la crisis sanitaria, el estallido social y los desafíos constitucionales, además de aquellos temas que están siempre presentes -seguridad y protección a la infancia- y un anuncio que sorprendió a su propia coalición al promover el matrimonio igualitario.

Salvo por el extenso capítulo dedicado a La Araucanía, las regiones en general estuvieron casi ausentes y no hubo una aproximación detallada a sus necesidades ni anuncios sobre aquellas soluciones que esperan hace años. En contraste con lo ocurrido el 1 de junio de 2019, la Región de Valparaíso no fue mencionada ayer y con ello el Gobierno perdió la oportunidad de dar un reporte sobre qué pasa con los megaproyectos puestos en marcha hace apenas dos años, como el tren rápido a Santiago, la red de embalses para enfrentar la sequía, la modernización de los aeropuertos o la apertura de nuevas casas de acogida para menores en situación de vulnerabilidad.

Entre líneas, Valparaíso aparece implícito cuando el Presidente pide al Congreso la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio o cuando solicita acelerar los proyectos asociados a la Agenda de Seguridad, que tiene un fuerte énfasis en el combate del narcotráfico, un problema que los vecinos reviven cada noche que escuchan balaceras o ven fuegos artificiales.

Tampoco la descentralización tuvo un rol destacado, lo que llama la atención ad portas de que asuman los nuevos gobernadores regionales, quizás el cambio más radical en proceso para desanclar la gestión concreta de las regiones de ese monstruo acaparador de todas las decisiones que es Santiago. Todas estas son omisiones comprensibles por el contexto que precedió la Cuenta Pública y por el desgaste de un Gobierno que no puede tomar muchos riesgos y menos plantear propuestas cuyo horizonte se extienda más allá de marzo de 2022. Sin embargo, es desalentador ver la facilidad con la cual caen en el olvido iniciativas que generan altas expectativas regionales -incluso el senador Ricardo Lagos Weber se preguntaba ayer en Twitter por el tren rápido- y el Presidente desperdició la opción de hacer un guiño a la comuna que acoge su discurso ante el Congreso desde el retorno de la democracia.

De allí surge una reflexión sobre el futuro de esta tradición republicana, que para Valparaíso suele ser sinónimo de marchas y desmanes, antes que de buenas noticias. Pero esa respuesta ya queda en manos de un próximo mandato o, quizás, de una nueva Constitución.

En junio de 2018, todos los medios cubrieron el caso del "Colegio Iglú", un colegio ubicado en San Pedro de la Paz, Región del Bíobío, porque los alumnos y apoderados del establecimiento reclamaron públicamente por las bajas temperaturas en invierno en las salas de clases.

El "Colegio Iglú" es simplemente la constatación y visibilización de un problema más profundo de nuestra infraestructura escolar. De hecho, un catastro del año 2013 del Ministerio de Educación declaraba que en Chile un alto porcentaje de establecimientos educacionales públicos está por debajo de los estándares adecuados y que, además, estos presentan una amplia brecha para alcanzar dichos estándares.

Hoy, se estima que entre 2.000 y 4.000 establecimientos educacionales están en la condición antes descrita. Esto se traduce en que, durante el invierno, los niños y niñas están en clases con temperaturas bajo los 17°C, con niveles de CO2 varias veces superior al máximo recomendado de 1.000ppm y, además, con altos niveles de humedad y ruido.

Cuando hablamos de mejorar la educación pública y reducir las brechas con la educación privada, no solo debemos reducir la brecha en la formación y oportunidades de origen de los alumnos o en la calidad de la educación entregada, sino también en entregar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan aprender, lo que ciertamente se dificulta cuando están respirando un aire más contaminado, cuando pasan frío en las clases o cuando tienen permanentemente altos niveles de ruido ambiente.

Es por esto que, desde el año 2018, la Agencia de Sostenibilidad Energética y los ministerios de Energía y Educación iniciaron un programa de rehabilitación de infraestructura escolar. A la fecha, hay dos escuelas terminadas, 50 en proceso y 270 con sus estudios de ingeniería listos.

A partir de la experiencia de estas intervenciones podemos estimar que, con alrededor de $300 millones por escuela, podemos recuperar una infraestructura de varios miles de millones de pesos, muy deteriorada, a través del revestimiento de los muros, incorporando termopaneles, mejorando los sistemas de climatización y ventilación, cambiando la iluminación e incorporando energías renovables.

Invertir en mejorar la infraestructura pública no solo mejorará la calidad de vida y el aprendizaje de cientos de miles de niños y niñas, sino que además contribuirá a la lucha contra el cambio climático -al reducir el consumo de energía, utilizar energéticos más limpios e incorporar energías renovables - y ayudará en la reactivación económica del país.

En este sentido, un plan que mejore la totalidad de las escuelas susceptibles de ser intervenidas, en los próximos años, puede ser un elemento clave de la reactivación del sector construcción, con inversiones totales que podrían llegar a los US$1.500 millones, generando miles de nuevos empleos en el sector, además de potenciar el desarrollo de un nuevo mercado de rehabilitación de infraestructura existente, que pueda posteriormente ofrecerse en forma más competitiva y eficiente en viviendas -dos tercios de las cuales fueron construidas sin estándares térmicos-, edificaciones comerciales u otras infraestructuras públicas.